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La Agencia I+D+i estuvo durante meses sin tener responsable a cargo. Finalmente, el Gobierno nombró a una presidenta pero la gestión continúa paralizada y su plantel está siendo diezmado. El directorio, que se había autoconvocado para tomar decisiones sobre el financiamiento pendiente, decidió renunciar en su totalidad ante la falta de respuestas y la desarticulación del organismo.
El organismo a cargo de la promoción y el financiamiento de gran parte de los proyectos científico-tecnológicos de la Argentina está paralizado desde hace más de dos meses porque el Gobierno sigue sin nombrar a un responsable. Mientras tanto, crecen los reclamos y se frenan proyectos de investigación, pese a que hay fondos disponibles. En el Congreso se presentó un pedido de informes sobre la situación de la Agencia.
TSS habló con investigadores y directivos de distintas provincias para conocer cómo afectan los recortes de presupuesto y de personal a partir de las políticas del nuevo Gobierno. Problemas para pagar la luz, líneas de investigación paralizadas y jóvenes profesionales que ya piensan en irse del país son algunas de las consecuencias del desfinancimiento del sector científico-tecnológico, que busca organizarse para enfrentar el ajuste.
El economista conversó con TSS sobre su gestión al frente de la Agencia I+D+i y la incertidumbre sobre cómo podrían ser las políticas del nuevo Gobierno en materia de ciencia y tecnología. “Dejamos una Agencia muy ordenada pero la transición fue frustrada”, contó.
Con 340 empresas biotecnológicas, la Argentina es uno de los 10 países con más emprendimientos de este tipo en el mundo. Más de la mitad de ellas se dedican a agro y salud, emplean a más de 20.000 personas y generan ventas por más de 5.000 millones de dólares. Los datos se desprenden del Primer Censo de empresas de Bio y Nanotecnología, que fue presentado esta semana.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo ya cuenta con un nuevo sistema de monitoreo automático para efluentes industriales, que funciona integrado a un centro de control ambiental que están desarrollando en conjunto con instituciones públicas y empresas privadas nacionales.
Se aprobó el uso de la vacuna “ARVAC Cecilia Grierson” como refuerzo contra la COVID-19, en mayores de 18 años. Es la primera desarrollada en el país y es fruto de un trabajo de investigadores de la UNSAM y el CONICET junto al Laboratorio Cassará, con el apoyo del Ministerio de Salud y el MINCYT, entre otras instituciones. Así, la Argentina se convierte en el primer país de América del Sur en tener una vacuna propia.
¿De quién son los conocimientos y cómo transformarlos en algo que mejore la calidad de vida de una sociedad? ¿Cuál es el mejor modo de difundirlos y de acceder a ellos? Estos son algunos de los temas que aborda una nueva publicación presentada por el MINCYT en la Feria del Libro y que ha servido de base para definir los lineamientos de políticas sobre propiedad intelectual.
Investigadores del CONICET y de la UBA trabajan en el desarrollo de films biodegradables a partir de almidón de mandioca. El objetivo es elaborar materiales amigables con el ambiente que puedan fabricarse a escala industrial y ser una alternativa a los plásticos de un solo uso.
Investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo trabajan en el desarrollo de una vacuna para la leishmaniasis, una enfermedad endémica del norte argentino que afecta sobre todo a poblaciones de bajos recursos. Trabajan en colaboración con científicos de Brasil, están probando con diversas estrategias y apuntan a brindar una respuesta local a un problema regional.
