Agencia TSS

Agencia TSS – La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), uno de los principales organismos dedicado al financiamiento de las actividades científicas junto al (ex) Ministerio de Ciencia (MINCYT) y el CONICET, presentó su Informe de gestión 2020/2023. Presidida por el economista Fernando Peirano, la Agencia invirtió en estos cuatro años un total de 130.000 millones de pesos, distribuidos en 130 líneas de financiamiento y más de 9000 proyectos de ciencia y tecnología (CyT). Estos subsidios beneficiaron a más de 30.000 investigadores y 1.100 becarios.

Entre los aspectos destacados de la gestión –en la que la federalización y la perspectica de género fueron ejes centrales– estuvieron las acciones realizadas durante el contexto de pandemia (que están detalladas en el informe “Memoria COVID-19”), que involucró una inversión de 7.900 millones de pesos entre 130 proyectos, que fueron gestionados y evaluados en tiempo record debido a la urgencia que planteaba la crisis sanitaria mundial.

TSS conversó con Peirano (quien presentó su renuncia al cargo y volverá a dedicarse a la investigación y docencia en la Universidad Nacional de Quilmes) sobre las políticas implementadas durante su gestión al frente de la Agencia, los resultados obtenidos y los aspectos que quedaron pendientes de cara a una nueva gestión que comienza en el área y en la que todavía hay más dudas que certezas.

Cuando asumió la presidencia de la Agencia en 2019, el sistema científico venía de varios años de recorte presupuestario y con un ministerio degradado a secretaría. ¿Cuáless fueron las primeras metas que se pusieron?

La Agencia estaba cruzada por las mismas dificultades que tenía el sistema de ciencia y tecnología, en el que el macrismo impactó de tres maneras diferentes. Por un lado, con el brutal recorte presupuestario: durante ese período hubo una caída del 40% en términos reales del presupuesto de CyT. La segunda cuestión era la vulneración de los mecanismos institucionales de funcionamiento de los órganos colegiados. la Agencia tenía un directorio que no había sabido defender los contratos vigentes. Encontramos 18 meses de deuda con pymes que habían ganado proyectos de innovación tecnológica y proyectos asociados a equipamiento, que llevaban cuatro años sin ejecutarse. El tercer elemento era una crisis de sentido porque el macrismo cuestionó la idea de promoción, la idea de un Estado que apalanque inversiones privadas. Recordemos que una de las últimas noticias vinculadas a ciencia en el gobierno de Macri fue la de una investigadora yendo a un programa de preguntas y respuestas en televisón para obtener dinero que le permitiera llevar adelante su proyecto. Esa investigadora hoy es una de las que más avanzó en su iniciativa, llamada Oncoliq, que tiene que ver con el desarrollo de un método de diagnóstico temprano para el cáncer. En resumen, encontramos una Agencia con deudas y desinflada en convocatorias, ya que hubo un año en el que no se adjudicaron los PICT (Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología, un instrumento de financiamiento de la Agencia). Por otro lado, siempre pensamos que la Agencia tiene que ir más allá de transferir fondos. Tiene que acompañar esos proyectos con articulaciones y otros elementos para potenciarlos y llevar el desarrollo lo más lejos posible.

¿Los cambios que comenzaron a implementar guardaban relación con lo que se venía haciendo hasta el año 2015 o eran cosas que no se habían hecho antes?

Para nosotros, mejorar no implicaba volver atrás sino superar algunas limitaciones que ya aparecían en el año 2015 y que se agudizaron en la gestión de Macri. Algunas debilidades que había eran los extensos tiempos para confirmar si los proyectos estaban aprobados o no, y un sistema de evaluación poco transparente en términos de que estaba poco protocolizado. Se hacía sobre buenas bases, sobre una confianza en la evaluación de pares, pero era necesario un protocolo para lograr una cierta unicidad en todas las disciplinas y acotar los plazos. Para eso, trabajamos en fortalecer la desconcentración presupuestaria con una descentralización jurídica y en jerarquizar la Agencia dentro de la estructura del Estado, poniéndola a la par de una secretaría. Esto permitió tener un presupuesto propio y un proceso de mejora continua en materia de diseño y evaluación de instrumentos. Los plazos mejoraron mucho, pudimos reducir a la mitad algunos tiempos de evaluación y trabajamos en nuevos instrumentos de financiamiento. En lo que fue este año, llegamos a administrar más de 55 convocatorias, esto es una acción de promoción por semana, y abrimos el abanico de los aspectos que se cubrieron: nuevos equipamientos, reparación, proyectos científicos, de desarrollo tecnológico, apoyo a EBTs, proyectos para fortalecer la investigación en universidades, etc. También inauguramos el concepto de federalismo concertado, logrando trabajos conjuntos con 17 provincias. Ocho de ellas armaron lo que sería el equivalente a una agencia de promoción provincial, con llamados compartidos entre ambas agencias, provincial y nacional.

¿Cómo impulsaron la federalización?

Creo que uno de los rasgos centrales de volver a poner de pie el sistema de CyT estuvo asociado a recuperar la jerarquía del MINCYT y el funcionamiento de organismos como el CONICET, el CICYT y el COFECYT. En ese marco, todas las agendas tuvieron un común denominador: la federalización. Nosotros lo hicimos bajo el concepto de federalismo concertado: no queríamos refrendar un mecanismo donde las provincias piden y la Nación da, que es una dinámica poco constructiva, sino que para nosotros el factor transformador era distribuir capacidades. Para eso necesitamos que las provincias pudieran definir temas prioritarios y que tuvieran la capacidad de llevar adelante procesos. Resueltos estos dos elementos, podíamos discutir los fondos. Así que hicimos fórmulas de promoción donde, según el fondo inicial que constituía la provincia, nosotros invertíamos dos, tres o cuatro veces más. Pero sin ese compromiso de agenda, procesos y fondos, no íbamos a poder lograr el objetivo de constituir capacidades. Con ocho provincias logramos hacerlo con resultados muy palpables.

A los pocos meses de asumir la gestión de la Agencia comenzó la crisis sanitaria por COVID-19. ¿Qué rol tuvo la Agencia y cómo se gestionaron los recursos?

Ante lo inmediato que fue el desafío, y gracias al compromiso de todos los trabajadores de la Agencia, que de un día para el otro debieron adaptarse a trabajar desde su casa, decidimos apostar a ser un puente. El 20 de marzo de 2020 abrimos la primera convocatoria y recibimos más de mil propuestas que fueron evaluadas por una comisión de 25 expertos de distintas disciplinas. En total, hubo 10 llamados desde la Agencia en el contexto de COVID-19 y 130 proyectos financiados. Además, los acompañamos con una supervisión técnica cada dos meses, que incluía orientar a quienes conducían los proyectos acerca de toda la información científica que iba surgiendo en el mundo de forma acelerada. En esos primeros días, pusimos énfasis en los proyectos más vinculados a la urgencia, entre ellos, el desarrollo de kits de diagnóstico rápido. Un ejemplo de esto es el trabajo del equipo de Andrea Gamarnik que, en menos de 60 días, pudo diseñar un test serológico para COVID-19. Cabe destacar que esto fue fruto de esos meses de trabajo intenso pero también de más de una década de investigación sobre el desarrollo de test rápidos y de estudio de los virus. En general, todo lo que hicieron las y los investigadores fue poner en valor capacidades que ya se venían desarrollando y que, cuando se necesitaron, pudieron recorrer rápidamente el último kilómetro para convertirse en una respuesta concreta para el sistema de salud. Otros proyectos destacados fueron la fabricación de respiradores (que ayudaron a multiplicar por cinco las camas de terapia intensiva), el apoyo a la red de vigilancia de la circulación del virus (Proyecto PAÍS) y la producción de barbijos antivirales con nanotecnología. También apoyamos a las ciencias sociales, que tuvieron un rol fundamental en orientar a las políticas públicas para decodificar y gestionar las necesidades sociales. En particular, tuvimos la convocatoria PISAC COVID-19, que financió proyectos asociativos de investigación en ciencias sociales. Se seleccionaron 19 proyectos organizados en más de 200 nodos federales y las conclusiones se han discutido con funcionarios de distintas áreas. En este sentido, una conclusión que se obtuvo fue que hubo una vocación de un Estado presente pero que no fue un Estado suficiente. Muchas de las consecuencias de la pandemia, más allá de lo sanitario, no lograron ser compensadas por las políticas sociales y tuvieron diversos impactos, entre ellos, en la salud mental y en el surgimiento de las reacciones libertarias.

Más allá de la pandemia, ¿qué ejes estratégicos establecieron durante estos años?

La reconstrucción de la Agencia tuvo el desafío de hacer convivir tres criterios distintos en términos de evaluación. El primero es el de excelencia científica, donde más allá de lo que se proponía hacer en un proyecto, importaba el cómo. El segundo criterio tiene que ver con la tecnología, con abrir las cajas negras de tecnologías en temas que son clave para generar valor en el país. Un ejemplo de esto son los llamados del FONARSEC en alianza con la ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos) para el desarrollo de tecnologías en los laboratorios de producción pública de medicamentos. Y esto está vinculado con el tercer criterio: crear nuevos actores. La ciencia puede lograr impacto a través de papers pero también a partir de la generación de Empresas de Base Tecnológica (EBT). En toda la historia de la agencia (26 años), se ha podido acompañar la puesta en marcha de 175 EBTs. Y durante esta gestión, hemos armado una arquitectura institucional y financiera que permitió no solo apoyar la creación y el fortalecimiento de 34 EBTs, sino también brindar 240 apoyos para la creación de nuevas empresas en los próximos años. A su vez, los criterios mencionados se aplicaron especialmente a cinco áreas o ejes estratégicos vinculados a salud, diseño y producción de alimentos, transición energética, desarrollo sostenible e inteligencia artificial.

En lo que respecta a la transferencia tecnológica, más que más que un puente entre el laboratorio y la industria, muchas veces se observa una brecha que no todos los investigadores pueden sortear. Esto hace que muchos proyectos financiados que tienen muy buenos resultados en laboratorio no lleguen a la industria o al mercado. ¿De qué forma trabajaron ese aspecto?

El proyecto más emblemático es el de la vacuna argentina para COVID-19, ARVAC Cecilia Grierson, porque es un caso donde las cosas lograron articularse y funcionar. La Argentina tiene piezas muy valiosas pero que no se alinean solas. Una es la enorme capacidad de investigar en un laboratorio universitario como el que dirige Juliana Cassataro, que es del CONICET y trabaja en la UNSAM. Eso necesita estar acompañado de otra pieza clave, que son las capacidades industriales de escalado para poder convertir el proyecto en un prototipo y el prototipo en un producto. No fue al primer intento, sino al tercero que Juliana encontró una empresa que podía cumplir ese rol complementario, el Laboratorio Cassará. Una empresa argentina que es consecuencia de una estrategia de décadas que ha tenido el país para desarrollar una industria farmacéutica local. En ese contexto, el Laboratorio Cassará pudo transformarse en el socio necesario para multiplicar y escalar la proteína recombinante. También eran necesarias otras piezas, como la posibilidad de hacer los estudios preclínicos, los estudios clínicos y la supervisión de una entidad regulatoria como la ANMAT. Son piezas que no están ni en todas las disciplinas, ni en todos los países.

Tampoco todos los investigadores saben hacer ese camino que va entre el proyecto y el producto, ¿no?

Sí, y eso muestra una debilidad en nuestros proyectos, que muchas veces quedan anclados a una escala pequeña porque les cuesta proyectarse. Hemos detectado el problema de que teníamos muchos proyectos de pequeña escala y una dificultad para tener proyectos de mayor envergadura. Terminamos la gestión con más de 8.700 proyectos en marcha. En términos de gestión, nos convendría tener menos proyectos pero con mayor alcance. El tema es que no hay capacidad para diseñarlos, gestionarlos ni evaluarlos en esa magnitud. Tenemos muchas dificultades sobre todo para la evaluación de tecnologías, que es más difícil que evaluar ciencia porque son territorios más inciertos.

¿A qué se debe esa falta de capacidad para diseñar y evaluar?

Así como tenemos una Argentina inconclusa y altos niveles de pobreza, subdesarrollo y exclusión, tenemos también un sistema de ciencia y tecnología inconcluso, que necesita fortalecimiento porque son aspectos que solo se resuelven desde las instituciones. También tenemos debilidad en la evaluación ex post de los proyectos. Se trabajó en empezar a crear una instancia de revisión final que permita llevar los resultados de los proyectos a nuevas instancias de desarrollo. El problema es que los proyectos de CyT suelen requerir de un mediano y largo plazo, y en la Argentina estamos muy atados al péndulo de los vaivenes presidenciales, que cambian muy rápido, en vez de sacar ventaja de otros anclajes donde los cambios son más moderados, como un escenario federal donde los gobernadores cambian de manera más lenta, o anclarlos en la sociedad civil y en el sistema universitario. Desde la Agencia intentamos mostrar que hay otro modelo posible, de ir construyéndolo de a poco, descubriendo y apoyando a otros actores importantes para lograr esto, como las pymes.

¿Qué cambios implementaron en ese sentido? ¿Pudieron hacer un seguimiento posterior de los proyectos financiados?

No lo pudimos hacer de manera generalizada. Abrimos un proceso de revisión y protocolización de nuestros procesos de evaluación, empezando por los PICT, que dio lugar a distintas reformas, como pagar a los evaluadores y balancear mejor los criterios de evaluación. En algunos casos destacados, empezamos a aplicar comités de seguimiento. El proyecto de la vacuna, por ejemplo, pasó cuatro evaluaciones a lo largo del desarrollo. También hay que tener en cuenta que proyectos de mayor envergadura implican mayores montos. Para tener una idea, es pasar de una escala de 10 en el laboratorio a una escala de 100 en un prototipo y a una escala de 1000 para un producto final. Es decir, se necesita multiplicar por diez cada escalón que se va subiendo, con lo cual se entiende también por qué la Agencia durante mucho tiempo se quedó en el primer escalón.

La Agencia también creó un área dedicada a implementar políticas con perspectiva de género. ¿Qué se ha logrado en este aspecto?

Una de las primeras cosas que buscamos fue tener un directorio paritario en términos de género. Establecimos por estatuto que la mitad de los integrantes debían ser mujeres. Además, la Agencia buscó establecer un piso mínimo de derechos y garantías para los becarios y becarias de los proyectos, y varias de esas cosas estuvieron orientadas a reconocer y reivindicar el rol de las mujeres en la ciencia: desde el reconocimiento de gastos y licencias asociados a las tareas de cuidado durante embarazo y maternidad, hasta brindar acompañamiento institucional frente a cuestiones de violencia de género. También hubo acciones específicas vinculadas a la agenda científica, como el llamado que hicimos junto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para financiar temas de investigación en género. Esto permitió, por ejemplo, revisar los sesgos que había en los resultados de distintas disciplinas. Por ejemplo, fue impactante ver cómo los software que dan consejos en matemática e ingeniería tienen voz masculina, mientras que todos los que funcionan como asistentes de la vida cotidiana tienen voz femenina.

¿Cómo ha sido la transición con el nuevo gobierno y qué esperan de la continuidad de la Agencia y de las política para el sector?

Nosotros dejamos una Agencia muy ordenada pero la transición fue frustrada. Al 30 de noviembre todas las solicitudes de fondos estaban pagas. Dejamos una Agencia muy distinta a la que encontramos, sin deudas. Con un fondo de reserva de 5000 millones de pesos, convenios con organismos multilaterales y una perspectiva de flujo de 225 millones de dólares de recursos para invertir en la Argentina en materia de CyT a través de la Agencia. Dejamos informes de cada una de las áreas. Todos esos informes no se lo pudimos entregar a nadie porque al día de hoy no está resuelto quién va a presidir la Agencia. No tuvimos el diálogo que esperábamos para hacer una transferencia de la gestión y llevarnos la certeza de lo que más nos preocupa, que es la continuidad de los contratos de los trabajadores y el cumplimiento de todo lo comprometido institucionalmente en los procesos de evaluación que ya están realizados. Lo que queda claro es que no se considera que las capacidades científico-tecnológicas sean una pieza clave el desarrollo, incluir y resolver los problemas que tenemos, sino todo lo contrario. Ven a la ciencia como un gasto, incluso como una campana molesta y crítica de las propuestas que buscan impulsar desde el nuevo Gobierno. Ya se ha degradado la institucionalidad, convirtiendo al Ministerio de Ciencia en una subsecretaría, y esto suele ir acompañado de recortes presupuestarios.