La Agencia I+D+i estuvo durante meses sin tener responsable a cargo. Finalmente, el Gobierno nombró a una presidenta pero la gestión continúa paralizada y su plantel está siendo diezmado. El directorio, que se había autoconvocado para tomar decisiones sobre el financiamiento pendiente, decidió renunciar en su totalidad ante la falta de respuestas y la desarticulación del organismo.
Agencia TSS – En su condición de principal organismo del Estado a cargo de financiar los proyectos científicos y tecnológicos y de fomentar la vinculación con empresas, la Agencia I+D+i tiene rango de organismo descentralizado del Estado y las decisiones suelen ser tomadas por un directorio que está conformado por especialistas de diferentes áreas del conocimiento y de todos los rincones del país. Producto de la acefalía durante meses y de la desarticulación del organismo, por primera vez en la historia de la Agencia todos los miembros del directorio decidieron renunciar.
Rubén Zárate, uno de los vocales del directorio que presentó su renuncia a fines de marzo, le dijo a TSS: “A finales de enero, el directorio tomó decisiones en una reunión autoconvocada. Las evaluaciones que se habían hecho hasta entonces corrían riesgos. De unos 3000 proyectos, se habían aprobado 2500 y decidimos convalidar los procesos evaluativos manteniendo las cuotas correspondientes de acuerdo al presupuesto del año anterior”.
Esas decisiones no fueron ejecutadas porque no había autoridad designada en la Agencia por parte de las autoridades nacionales, lo que derivaba en una parálisis del organismo y la falta de fondos para continuar proyectos en curso. “Vimos que la opinión del directorio en el cumplimiento de sus funciones no era tenida en cuenta”, dijo Zárate, que es docente de las universidades de la Patagonia Austral, y San Juan Bosco, fue Ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Chubut y titular de la región Patagonia del COFECyT.
El año pasado, desde la Agencia se gestionaron 3000 proyectos llevados adelante por 9000 científicos de diferentes áreas del conocimiento, se puede leer en la carta que difundieron los vocales renunciantes. La ausencia durante meses de una autoridad designada, el desmantelamiento del sistema informático que se usa para agilizar la evaluación de proyectos, la desvinculación de los directores Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), y de 80 trabajadores que ocupaban lugares clave para el normal funcionamiento de la institución, además de la falta de fondos para el desarrollo de las actividades de la Agencia, fueron algunas de las razones que motivaron la salida del directorio.
La Agencia I+D+i se encontraba paralizada desde la asunción del nuevo Gobierno y recién hace un mes el Ejecutivo nombró a su actual presidenta, la economista Alicia Caballero, quien era decana de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina.
“Se debería haber presentado un plan institucional para la ejecución presupuestaria 2024 y tampoco se hizo. Hay una serie de procedimientos internos que no se cumplieron y el directorio es muy severo con los procedimientos formales, y también lo fue durante el Gobierno anterior. La mayoría consideramos que uno de los grandes valores del sistema científico argentino es su propio sistema de evaluación y nos pareció que nuestra continuidad confundía respecto de nuestra opinión sobre estos temas”, dijo Zárate.
Además de Zárate, renunciaron Cristina Arranz, María Cristina Carrillo, Guillermo Giraudo, Eduardo Guillermo, Paula Lenguita, Javier Tineo, Osvaldo Uchitel y María Alejandra Zinni. “Hasta ahora, da la impresión que no piensan tener en cuenta la opinión del directorio. No es un tema de ajuste, que es algo que podría observarse en tanto haya argumentos razonables, sino que el problema que observamos es de cierto deterioro institucional. Es todo muy débil desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, se emitió un Decreto nacional en el que se dice que el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología “tutela” a organismos como la Agencia. La tutela, en derecho administrativo, nunca la he visto aplicada para este tipo de cosas y menos para un ente descentralizado y autártico que decide a través de un directorio. Y el decreto que sigue vigente dice que quien toma decisiones es el directorio y el presidente, que es nombrado por el Ejecutivo y es un integrante del directorio. Nada de eso se está cumpliendo y creo que deberían estudiarlo más desde el punto de vista legal”., dijo Zárate.
Los números de la Agencia reflejan la complejidad de su tarea: tiene 30.000 investigadores vinculados al sistema, más de 7000 proyectos de ciencia y tecnología, más de 1100 becarios, 200 empresas de base tecnológica, 1700 pymes y unas 4000 evaluaciones de proyectos por año.
“La Agencia había tomado una agenda muy activa, de descentralizar muchas acciones a escala provincial y local, y tenía un impacto muy importante en la federalización de la ciencia y en el desarrollo del territorio. Al perder relevancia para este Gobierno el plan institucional de la Agencia y el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue aprobado por ley, se está perdiendo un componente de soberanía muy importante”, dijo Zárate. Y agregó: “Es importante recuperar la institucionalidad, que no se pierda el camino de la descentralización y de la construcción de una política de ciencia federal, que se siga en la idea de consolidar un sistema de ciencia y tecnología a través del financiamiento de la Agencia, incluidas las universidades nacionales, donde se radican buena parte de los proyectos que financia la Agencia”.
