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Agencia TSS — La propiedad intelectual es un aspecto transversal para garantizar el acceso, la circulación y la protección de los conocimientos que se generen desde el sector público. Incluye instrumentos como patentes, licencias de uso y derechos de autor, entre otros, que fueron originalmente pensados como herramientas para promover el desarrollo científico, tecnológico o industrial de la sociedad pero que con el tiempo se han vuelto un fin en sí mismo, generando monopolios en algunos casos y limitando el acceso y la distribución de los conocimientos, en otros.

Por eso, “es  necesario pensar a la propiedad intelectual como un medio y no como un fin en sí mismo”, subrayó la investigadora Sol Terlissi, directora académica de la Maestría en Propiedad Intelectual-FLACSO, durante la presentación de la versión ampliada y mejorada del libro “Políticas de Promoción del conocimiento y derechos de propiedad intelectual: experiencias, propuestas y debates para la Argentina”, durante la Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta publicación recoge diversos estudios que sirvieron de base para definir los lineamientos políticos sobre estos aspectos, de la Agencia I+D+i, que fueron aprobados a fines de 2021 y presentados hace un año. Con ellos, se busca lograr que los conocimientos generados con financiamiento público sean tan abiertos como sea posible para garantizar su utilización amplia y federal, pero al mismo tiempo tan privados como sea necesario, para protegerlos en pos de que contribuyan al desarrollo y la innovación en el país.

“A veces, las publicaciones académicas no tienen mucha trascendencia pero en este caso nos dio muchas satisfacciones en su primera edición, ya que tuvimos devoluciones que nos llevaron a seguir pensando, escribiendo y midiendo diferentes elementos, variables y políticas”, celebró Mariano Zukerfeld, coordinador de la Unidad de Activos intangibles y Propiedad Intelectual (UAyPI) de la Agencia I+D+i y uno de los editores de este trabajo, que fue publicado por ese organismo, junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MINCyT) y el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI).

En diálogo con TSS, el especialista recordó que esta compilación surgió de cuatro vacancias que identificaron en la Agencia, cuando comenzó la gestión: una era de datos e información sobre temas vinculados a propiedad intelectual; por otro lado, la agencia no tenía lineamientos específicos en propiedad intelectual; tampoco había equipos de recursos humanos especializados que trabajaran estos temas; y no había una articulación institucional con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), por ejemplo, e incluso con el CONICET o con el mismo MINCyT.

Propiedad intelectual y publicaciones científicas de calidad

Uno de los desafíos vinculados a la agenda de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación se vincula al modo de gestionar los cargos por procesamientos de artículos científicos, conocidos como APC, por su sigla en inglés, que generan una serie de inconvenientes y pone en riesgo la calidad científica. Por ejemplo, se convierten en una limitante económica para las y los investigadores que no pueden pagarlos o hace que se desvirtúen los objetivos de la investigación. Además, pueden afectar a la selección de los temas a investigar, ya que muchas veces para poder publicar es necesario que los autores deban asociarse con colegas de países desarrollados.

“No hay manera de hacer ciencia sin recurrir al pasado, a otras publicaciones previas, pero muchas veces ese acceso está restringido por los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, cuando el articulo que se necesita leer está en una revista de acceso cerrado y es necesario pagar para verlo”, coincidió Terlizzi, y recordó los datos de una encuesta realizada entre científicos de distintas universidades de todo el país, cuyos resultados están incluidos en la publicación, según la cual el 90 % de los becarios e investigadores del CONICET accede a publicaciones científicas a través de medios considerados ilegales, y si bien la mayoría está al tanto de eso, lo considera moralmente correcto.

Terlizzi se refirió a los problemas que muchas veces encuentran los y las científicas locales para poder publicar sus trabajos. Incluso, advirtió que, en general, se piensa al acceso abierto como una modalidad contrapuesta a los sistemas cerrados con propiedad intelectual, pero que actualmente se habla cada vez con más frecuencia sobre acceso abierto comercial, por parte de grupos editoriales que exigen el pago de un APC a los investigadores que quieren publicar, para poder hacerlo.

“Cada vez más vamos a un modelo de negocio de las publicaciones científicas que se basa en la gratuidad en el acceso”, sumó Zukerfeld y repasó tres ejes sobre los cuales es necesario reflexionar en pos de resolver estos inconvenientes: repensar el modo de evaluación de las publicaciones científicas por uno que distinga las vías de publicación; fortalecer a las denominadas revistas de acceso abierto diamante (que no cobran ni a los autores ni a los lectores) locales o en español, así como a las de sociedades científicas que a veces cobran por publicar para sostener sus editoriales pero no con un afán de lucro; y gestionar la negociación con las grandes editoriales, algo que el país deberá hacer el año próximo, antes de que venzan los contratos de la biblioteca electrónica de publicaciones científicas.

Fabian Britto, consultor del CIECTI, se refirió al acceso a los datos y la información, algo que es relevante para que los estudios tengan sustento, pero que en Argentina “no es sencillo y en muchos casos hasta inexistente”. Al respecto, destacó la relevancia que tiene el acceso a los datos y la información en la política pública, no solo tomar decisiones y generar instrumentos que sean basados en evidencia, sino también para realizar un monitoreo de las actividades y los esfuerzos que hace el Estado, para ver si si los instrumentos y herramientas que se generaron están dando los resultados esperados.

Britto ejemplificó con que actualmente están terminando la segunda etapa de otra de las investigaciones que aparecen en la publicación, que desarrolló junto a Zukerfeld, en la cual detectaron que el 23% de las patentes de grupos que eran financiados por el sistema público tenían por titulares a empresas extranjeras. “Ahora estamos haciendo un abordaje más cualitativo, en base a entrevistas y encuestas a esos investigadores, no para señalar a alguien sino para comprender qué está ocurriendo y proponer herramientas que permitan mejorar esa situación, porque el fin último es mejorar la calidad de vida de la gente”, puntualizó.

PEP: Un instrumento a medida

Otro de los desafíos vinculados a la agenda de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación tiene que ver con el vínculo entre las herramientas de propiedad intelectual y el financiamiento público. Al respecto, Zukerfeld se refirió a la necesidad de repensar las evaluaciones de las investigaciones de modo tal que permitan aumentar la apropiabilidad de la propiedad intelectual, así como el rol de las Unidades de Vinculación Tecnológicas, para mejorar el proceso de transferencia y lograr que los conocimientos con potencial logren contribuir con alguna forma de desarrollo. Además, destacó la necesidad de potenciar el aprovechamiento de los instrumentos que ya existen en el sistema pero que en general se desconocen.

Tal es el caso del denominado Examen Prioritario de Patentes (PEP), por ejemplo, un instrumento que fue creado para resolver la situación específica de pymes e investigadores argentinos, que busca  agilizar el procesamiento de las solicitudes de patentamiento, sin contraponerse a las regulaciones internacionales a las cuales el país está adherido.

Al respecto, la abogada Georgina Gerde, subcomisaria de la Administración de Patentes en el INPI, detalló que de las 3400 solicitudes que se presentan anualmente en el país, el 87% pertenece a empresas extranjeras multinacionales y solo un 13% de los solicitantes son nacionales. Eso implicaba que, cuando un argentino presentaba una solicitud de patente, debía esperar mucho tiempo antes de que su solicitud sea analizada.

En diálogo con TSS, Gerde puntualizó que desde la implementación de este instrumento, en el año 2019, ya han recibido y analizado 88 solicitudes de patentes locales: “Todas fueron resueltas, algunas no obtuvieron el título porque no cumplían con los requisitos pero quienes las solicitaron pudieron acceder a una respuesta para poder reorientar sus trabajos y saber cómo seguir avanzando en sus proyectos”, afirmó.

La especialista se refirió también a la relevancia de la articulación entre actores e instituciones vinculadas a la propiedad intelectual y destacó que datos como los que aparecen compilados en esta publicación son “importantísimos” a la hora de tomar decisiones, principalmente en negociaciones internacionales. “Este libro es el salto a otras situaciones que se tienen que dar, los agentes que nos desempeñamos en propiedad intelectual necesitamos trabajar de manera articulada para gestionar herramientas construidas a medida”, subrayó Gerde, que se desempeña en el INPI desde hace 24 años.

¿Quién es el dueño de los algoritmos?

Otro de las preocupaciones que surgieron durante la presentación de esta publicación tiene que ver con un tema que no está incluido en el libro pero que ha tomado particular relevancia en los últimos meses: los avances en inteligencia artificial, a partir de la expansión de ChatGPT. En los debates sobre esta tecnología, suelen aparecer tres grandes incertidumbres, una sobre los sesgos del sistema, otra sobre cómo esto puede afectar al empleo y por último, como se vincula con la creatividad. Por el contrario, aunque puede generar diversas controversias en torno a la propiedad intelectual, este tema no suele ponerse en debate al hablar de estos desarrollos.

Al respecto, Zukerfeld destacó que es necesario pensar, desde el sistema científico, qué posición tomar con respecto a la titularidad de los algoritmos, y agregó que otro tema a tener en cuenta es el derecho de acceso a las bases de datos, ya que las empresas que trabajan en inteligencia artificial usan bases de datos públicas para entrenar a sus algoritmos que luego sos cerrados. Además, hay que analizar de quién será la titularidad de lo que genere ChatGPT. “Eso es muy relevante en términos de economía, porque cada vez más esos resultados van a desplazar algunas tareas que son llevadas adelante por el humano”, advirtió.

Al respecto, Terlizzi agregó que hasta el propio sistema de propiedad intelectual puede verse modificado frente a estos avances tecnológicos. Sobre la titularidad de los resultados, recordó el caso de Naruto, un mono de Indonesia que se tomó una selfie y provocó un problema legal por los derechos de autor que finalmente se resolvió a favor del humano, pero que puso en cuestión la posibilidad o no de que los autores de obras o acciones sean no humanos. Además, cuestionó qué pasa con las obras ya protegidas que alimentan a los sistemas de inteligencia artificial, como imágenes, textos y todo lo que sirve para entrenarlos.

Ante estos interrogantes, Gerde afirmó que hace alrededor de un lustro que se está estudiando y analizando este tema, que es relevante en la agenda internacional, pero aclaró que hasta el momento, la legislación Argentina entiende a las patentes como invenciones humanas.

“A futuro tenemos varios temas sobre los cuales trabajar: uno sobre qué política tomar frente al pago de cargos por publicación; otro respecto a quién se queda con los beneficios de aquello que es financiado con fondos públicos y de qué manera impulsamos que eso contribuya con el desarrollo local argentino; y en tercer lugar, la inteligencia artificial y su relación con propiedad intelectual, que es un tema que toca otra de las cuestiones que atraviesa el libro, la de los datos o algoritmos que genera nuestro sistema científico y los resultados que esos algoritmos generan”, concluyó Zukerfeld.