Agencia TSS

Dentro del rango de “críticas constructivas” que hoy se escuchan sobre el proceso de reindustrialización iniciado hace poco más de diez años, entre las de mayor relevancia hay que mencionar la que señala la falta de indicios robustos de que se ha comenzado a revertir la dependencia tecnológica de la industria argentina.

Esta afirmación sugiere la siguiente pregunta: ¿en manos de quién está la reversión de la dependencia tecnológica y cuáles serían los mecanismos de reversión? Históricamente, el sector privado en la Argentina presenta, como rasgo estructural, una bajísima tendencia a invertir en investigación y desarrollo, problema que desde 2003 se está buscando revertir. Mientras tanto, parece claro que el desarrollo de la tecnología que necesita el proceso de reindustrialización está en manos del Estado. Es en este punto donde las políticas públicas de tecnología y ciencia aparecen como un componente crucial que debería ser comprendido y analizado en el contexto de la política de industrialización.

Hoy resulta evidente: (i) que la Argentina presente alcanzó un umbral inédito en términos de inversiones en ciencia y tecnología, en la formulación de políticas públicas para el sector y en la formación de recursos humanos; y (ii) que es necesaria una mayor coordinación.

Hoy se gestiona tecnología y ciencia en casi todos los ministerios: en el de Educación están las universidades; en el de Planificación se impulsan el plan nuclear, el plan espacial, Televisión Digital Terrestre, Argentina Conectada y el Plan de Telecomunicaciones; en el de Agricultura están el INTA y el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial; en el de Industria están las actividades del INTI y el Plan Estratégico Industrial 2020; en el de Salud se gestiona parte de la investigación y desarrollo en ciencias biomédicas, está el ANLIS Malbrán y la ley de producción pública de medicamentos, que inexplicablemente aún no se reglamenta; en el de Defensa hace poco se creó una Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para coordinar las actividades de organismos como CITEDEF o FAdeA; en Jefatura de Gabinete está el programa Bec.ar. Y, por supuesto, está el MINCyT, que incluye a la Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica y el CONICET.

A modo de ejemplo de la necesidad de avanzar en 2014 sobre la construcción de políticas orientadas a la coordinación, mencionemos tres ejemplos. El primero se refiere al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentado en 2013. Si bien se trata de una primera versión que traza los principales lineamientos –sobre los que se continúa trabajando–, no se mencionan explícitamente en este plan programas de desarrollo tecnológico de otros ministerios.

El segundo ejemplo de falta de coordinación de las políticas de tecnología y ciencia son los dos suplementos especiales que el ministro Julio De Vido publicó en el diario Página/12, uno sobre el plan energético nacional (6/10/2013) y otro sobre el plan nacional satelital (10/11/2013). En estos suplementos se habla de Atucha II y Yaciretá, de ENARSA y ARSAT (y los satélites ARSAT 1 y 2), de la producción de paneles fotovoltaicos, de INVAP y CONAE, del Tronador II, de Televisión Digital Terrestre y Argentina Conectada, del Plan de Telecomunicaciones y de la creación de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro, etc. Allí nada se dice del plan presentado por el MINCyT.

Un tercer ejemplo se refiere al desarrollo de los cohetes Tronador II, impulsado por la CONAE (Ministerio de Planificación), y el Gradicom, impulsado por CITEDEF (Ministerio de Defensa). Mientras que el primero es un lanzador satelital con combustible líquido, el segundo es un vector de combustible sólido. Por la información que circula, no parece que ambos proyectos sean el producto de políticas convergentes. Resulta difícil de comprender esta fragmentación de capacidades e inversiones si se revisa la sinuosa y dramática historia del desarrollo de tecnología espacial/misilística en la Argentina, o las experiencias de otros países en desarrollo como la India o Brasil, que muestran que el umbral de logística, inversiones y capacidades necesarias para el desarrollo de un lanzador satelital pone a prueba las capacidades más sofisticadas de coordinación económica, política e institucional que están al alcance de este rango de países.

Frente a este escenario, el año 2014 podría ser una bisagra en la decisión de avanzar en la consolidación de capacidades para construir un sector de tecnología y ciencia coordinado, convergente y orientado a comenzar a dar respuestas a los problemas concretos y perentorios que demanda el proyecto de desarrollo.