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El Gobierno dio de baja el Fondo Fiduciario de Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC) que usaba la Agencia I+D+i para financiar proyectos de investigación y vinculación tecnológica. Esto compromete la continuidad de contratos del organismo y es un paso más en la intención de paralizar su funcionamiento.
Subejecución presupuestaria, incumplimiento de la Ley de Financiamiento, salarios de pobreza, imposibilidad de ingresos al CONICET, adeudamiento de pago de subsidios y becas, y congelamiento de convocatorias y proyectos tecnológicos son la realidad cotidiana de la ciencia argentina. Diversos referentes se reunieron en el Congreso para expresar reclamos y debatir acciones en defensa del sector científico-tecnológico.
En un contexto marcado por el desfinanciamiento al sector científico-tecnológico argentino, la interrupción de becas para jóvenes investigadores y los bajos salarios de investigadores y docentes, la comunidad científica volvió a las calles con un festival que visibilizó el trabajo de las personas que luchan todos los días para sostener la labor de la ciencia.
La propuesta de Defensa para fusionar el SMN y el ING recibió rechazos desde múltiples sectores, hasta desde la conducción de los propios organismos, que tienen objetivos y funciones muy diferentes. Los gremios y trabajadores denuncian la precariedad de las condiciones de trabajo y que se trata de otro ataque más al sector científico-tecnológico.
El INTI realizó una jornada de protesta en la que se marchó por el perímetro exterior de su sede central. Reclaman por la precarización de las condiciones de trabajo y los bajos salarios. Los rumores sobre fusión con otras instituciones y la amenaza de cierre sobre sedes en diversas provincias, en medio de la subejecución presupuestaria.
Una movilización de trabajadores del organismo frente a la sede central protestó contra el cierre de agencias de extensión, la falta de paritarias y los planes de ajuste en un organismo de gran importancia para los productores, especialmente los más pequeños. La pérdida de presencia territorial sería de gran perjuicio para quienes producen en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
El Gobierno anunció que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso pero que no tratará el Presupuesto 2025, que en su elaboración incumple con la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, de prorrogarse el vigente, la inversión en el sector seguirá 30 puntos por debajo de 2023 y aumentará la discrecionalidad para la asignación de partidas.
El Ministerio de Capital Humano de la Nación anunció que no renovará los contratos de ACUMAR con las cooperativas que hacen la limpieza de la cuenca Matanza Riachuelo en territorio bonaerense, y que trasladará esa responsabilidad al Gobierno provincial. El organismo no paga a los cooperativistas desde abril, aunque está obligado por la sentencia de la causa Mendoza. Desde la institución también alertan por más de 80 despidos.
La Red de Autoridades de Organismos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) envió un documento a los funcionarios del Gobierno y a responsables de las áreas científico-tecnológicas con adhesiones de empresas y asociaciones industriales, en reclamo por el “ajuste brutal” en el sector y la necesidad de tomar medidas inmediatas para evitar su destrucción. Preocupan los efectos de la Ley Bases.
La Agencia I+D+i estuvo durante meses sin tener responsable a cargo. Finalmente, el Gobierno nombró a una presidenta pero la gestión continúa paralizada y su plantel está siendo diezmado. El directorio, que se había autoconvocado para tomar decisiones sobre el financiamiento pendiente, decidió renunciar en su totalidad ante la falta de respuestas y la desarticulación del organismo.
