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Investigadores de la Universidad Nacional del Centro en Tandil trabajan en diversas técnicas para separar los microplásticos del agua que pasa por las plantas de tratamiento. Alertan sobre las consecuencias del uso de ropa que libera pequeñas fibras sintéticas y de plásticos de un solo uso que se van fragmentando con el tiempo.
La provincia fue la primera en impulsar una acción judicial colectiva contra la modificación de la legislación que cambia los criterios de protección sobre las áreas glaciar y periglaciar, ya que su único río activo nace en la Cordillera de los Andes. La Red Argentina de Periodismo Científico organizó una sesión virtual con especialistas para debatir sobre el tema.
El Gobierno busca avanzar en los pasos para reformar la legislación que protege a los glaciares y concretar proyectos mineros en las zonas protegidas. Ante la restricción de las exposiciones en la audiencia a la que se habían inscripto más de 100.000 personas, la oposición en el Congreso busca impugnarla y se anuncia una posible judicialización de los cambios por considerarlos inconstitucionales.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto que propone cambios en los criterios de protección de zonas críticas para el abastecimiento de agua en la Cordillera. Organizaciones ambientalistas sostienen que la iniciativa habría sido impulsada por presión del sector minero, cuestionan la falta de participación de organismos científicos y advierten sobre su inconstitucionalidad. El Senado podría votar la semana que viene.
A menos de un mes del inicio de la COP30, Periodistas por el Planeta y la Red Argentina de Periodismo Científico organizaron un taller para comunicadores en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, con el objetivo de lograr mejores coberturas de una cumbre que será clave para la agenda climática global y latinoamericana.
Desde un conjunto de ONGs dedicadas a la defensa y preservación del ambiente se impulsa un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que una parte de los Aportes del Tesoro Nacional sean repartidos entre las provincias para financiar obras que prevengan desastres naturales ocasionados por el calentamiento global, que es negado por el Gobierno nacional.
Un conjunto de organizaciones sociales buscan que continúe la tarea de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo impulsada por la Corte Suprema, que se dio por terminada en octubre de 2024. Argumentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el cierre de la causa viola el derecho constitucional y alertan sobre los despidos en ACUMAR.
Cada verano, en varias provincias se desata un drama socioambiental a raíz de los incendios forestales. Las causas son muchas, inclusive climáticas, pero este informe destaca que existen compromisos y leyes que datan de hace más de dos décadas y que aún el Estado no logra cumplir.
ACUMAR despidió a 300 personas de su planta interna, que se suman a 1600 cooperativistas que limpiaban las márgenes del Riachuelo, a quienes dejó de pagarles en abril del año pasado. Áreas enteras del organismo fueron eliminadas y corren riesgo los avances conseguidos en la limpieza y recuperación del río.
La semana pasada se realizó una audiencia pública por el proyecto de instalación de un barco gasífero en las costas del Golfo San Matías. Las organizaciones sociales advierten que no hay consenso social para avanzar con este proyecto, que no solo pone en riesgo la biodiversidad del mar sino también fuentes de trabajo local que se desarrollan en la actualidad.
