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Agencia TSS – El Golfo San Matías es el único de la Costa Atlántica que no está contaminado por hidrocarburos. Allí habita una amplia diversidad de moluscos y mariscos, la tradicional merluza desarrolla características particulares que la vuelven distintiva y las ballenas llegan todos los años hasta esas costas, convocando a miles de turistas que viajan desde muchos lugares para verlas. Todo eso está en riesgo por distintos proyectos extractivos que se intentan instalar en la zona. El año pasado generó controversias una iniciativa que implicaba la construcción de un oleoducto y una terminal petrolera para Vaca Muerta Oil Sur, presentada por YPF. Ahora, vuelve a generar alarma una iniciativa de la empresa Pan American Energy, que pretende instalar una unidad flotante de licuefacción de gas (FLNG), capaz de producir 2,4 millones de toneladas de GNL al año.

Se trata de un buque licuefactor que Southern Energy S.A. (la empresa responsable del proyecto, controlada por Pan American Energy) le alquiló a la noruega Golar LNG hasta el año 2047. Estaría ubicado 35 kilómetros al sur de la localidad de Las Grutas, en Río Negro, y se prevé que inicie sus operaciones comerciales en 2027. “El barco mide 300 metros, equivale al tamaño de tres canchas de futbol juntas”, advierte Raquel Perier, que es bióloga marina y referente ambientalista de Las Grutas, y advierte que también habrá otros barcos que entrarán y saldrán para llevarse el combustible, “que son igualmente grandes”. Se trata de los denominados barcos metaneros, que miden alrededor de 240 metros de largo.

Entre los problemas que esta actividad puede causar menciona el ruido y las luces, que pueden afectar a la biodiversidad marina, además de la contaminación que estos barcos pueden provocar. Los barcos metaneros deben llegar vacíos para ser llenados con gas, pero para mantener el equilibrio durante el movimiento necesitan nivelar el peso, algo que consiguen llenándolos con lo que se denomina “agua de lastre”, que luego desechan en algún lugar. “Dicen que los residuos los van a llevar en una lanchita, pero, ¿adónde? Lo más probable es que tiren esa agua al mar”, cuestiona Perier.

Suyhay Quilapan, que también es referente ambiental y trabaja como docente y artesana en la región de Las Grutas, se pregunta qué pasará luego de 20 años, cuando el buque termine sus operaciones: “¿Cómo lo cierran? ¿Cómo queda todo? Nos dicen que para eso hay protocolos internacionales, pero, ¿cuáles son esos protocolos y quién nos asegura que eso no cambiará de aquí a 20 años?”, cuestiona.

El abogado ambientalista Cristian Fernández advierte que esta audiencia pública “es nula”, ya que se basa en una ley provincial que impide que personas que sean indirectamente afectadas no puedan participar. Foto: Luciano Cutrera

 

Otra de las preocupaciones principales que despierta este proyecto es que se estima que aumentará la temperatura del agua del mar en más de cinco grados centígrados. “Eso es muchísimo, recuerdo que en otro momento, cuando nos opusimos a un proyecto nuclear, nos decían que el agua aumentaría dos grados y eso ya era muy riesgoso, y ahora nos dicen que el aumento será mucho mayor”, se preocupa Quilapán. “Eso es una locura para todas las especies, para todos los estadios larvales, los peces, las algas y todo lo que conocemos como biodiversidad marina, y en esa zona que es de cría y reserva larvaria”, coincide Perier.

Esto ocurriría porque, para licuar el gas, es necesario comprimirlo. Entonces, se lo licúa para reducir su volumen unas 600 veces. Esto se logra mediante un proceso que requiere una altísima presión y agua a bajísimas temperaturas, a 161 grados centígrados bajo cero. Esto se realiza con agua de mar, que primero se desaliniza arriba del barco, y toda la salmuera que se genera es devuelta al mar, algo que también es dañino para el ecosistema. El agua dulce restante se enfría para actuar sobre el gas pero luego va absorbiendo el calor del gas, por eso luego de ser usada vuelve al mar con mayor temperatura.

“El aumento en la temperatura del agua afecta ecosistemas enteros, modificando el ciclo de vida de muchas especies, eliminando organismos esenciales, colapsando cadenas tróficas, reduciendo el oxígeno vital para la vida marina y contribuyendo a la proliferación de floraciones algales nocivas que afectan la salud humana y la de muchas especies silvestres”, agrega Roxana Schteinbarg, que es bióloga marina del Instituto de Conservación de Ballenas, y recuerda que en septiembre y octubre de 2022 murieron al menos 30 ballenas francas, incluyendo 28 adultas, en el Golfo Nuevo de Península Valdés.

“Fue la mayor mortandad de ballenas francas adultas para la especie en el mundo”, dice la especialista, y advierte que esto coincidió con una floración de algas nocivas (FAN) y valores sin precedentes de toxinas paralizantes en mariscos y plancton. Así, de avanzar este proyecto, se esperaría un aumento en la frecuencia y la intensidad de los eventos de mareas rojas, lo que podría tener consecuencias fatales para las ballenas francas y otros organismos marinos, al igual que en la salud humana.

“Las floraciones algales nocivas costeras se ven favorecidas por el aumento de la temperatura del mar, por el calentamiento global, sumado al exceso de nutrientes que llegan a los cuerpos de agua”, explica Schteinbarg, y agrega: “Cualquier actividad industrial que incremente la temperatura del mar agravaría una situación ambiental que ya es altamente preocupante para la salud humana y para el patrimonio natural y económico del Mar Argentino”.

 

Audiencias y falsas promesas

La semana pasada, alrededor de 300 personas pudieron participar en la audiencia pública que se desarrolló en la localidad de San Antonio Este, en Río Negro, pero vecinos y organizaciones ambientalistas consideran que esto es solo una formalidad debido a que las autoridades tendrían las decisiones tomadas de antemano, que suelen estar plagadas de irregularidades. La más relevante la expuso el abogado ambientalista Cristian Fernández, de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y es que esta audiencia pública “es nula”, ya que se basa en un artículo de la Ley de audiencias públicas de Río Negro, que impide que personas que se van a ver indirectamente afectadas, como gente de Chubut, no pueda participar”.

Fernández sostiene que “eso es inconstitucional” y advierte que seguirán insistiendo en que la gente de Chubut tiene que ser escuchada. “Los ecosistemas no entienden de fronteras geográficas, las aguas del Golfo San Matías, por la corriente marina, se mezclan con la Península de Valdés. Los funcionarios no pueden ser tan necios frente a una realidad ecosistémica innegable”, sostiene.

 

“Quieren que seamos enemigos entre nosotros pero realmente buscamos que todos tengamos un trabajo digno y un buen vivir, creo que la discusión pasa por qué modelo productivo queremos tener”, dice la referente ambientalista Suyhay Quilapán. Foto: Luciano Cutrera

 

Por su parte, referentes ambientales que participaron en la audiencia cuestionaron que, si bien les permitieron participar y exponer sus ideas, “cada vez que hablábamos empezaban a sonar los bombos de los compañeros de UOCRA que estaban afuera”, sostiene Quilapán y enfatiza en que va a seguir nombrándolos como “compañeros”, ya que todos están preocupados por la situación laboral y considera que se pretende establecer un enfrentamiento entre vecinos como parte de una estrategia para desarmar el entramado comunitario.

Perier coincide con esta preocupación por las fuentes laborales y postula que la estrategia es prometer empleos que todavía no existen, poniendo en riesgo fuentes de trabajo que hoy ya están siendo utilizadas, como la pesca y el turismo. Además, advierte que la mayoría de los empleados que pueda tener el barco posiblemente sean extranjeros, ya que es necesario que sean altamente calificados, y para otros rubros como vestimenta y otros insumos, las grandes empresas suelen adquirirlos en Buenos Aires antes de llegar a la zona.

“Vamos a seguir trabajando para que más gente entienda que no es necesario contaminar el mar, porque hay otras posibilidades de desarrollo”, afirma Perier y sugiere que, por ejemplo, se podrían impulsar cooperativas de reciclado que den trabajo y ayuden a procesar la gran cantidad de plásticos que se acumula en las costas, o desarrollar proyectos eólicos aprovechando los fuertes vientos que hay en la región.

“Quieren que seamos enemigos entre nosotros pero realmente buscamos que todos tengamos un trabajo digno y un buen vivir, creo que la discusión es qué modelo productivo es el que queremos tener”, concluye Quilapán.