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A dos años de la implementación del régimen creado por el Gobierno de Milei para atraer grandes inversiones, el segundo informe del Observatorio del RIGI advierte sobre los beneficios excesivos a las empresas, la concentración de proyectos en sectores extractivos, las desigualdades geográficas y su impacto en los derechos de las comunidades y el ambiente.
El doctor en Geología y especialista en los procesos de formación de la Cordillera de los Andes habló con TSS sobre por qué considera que no tiene sentido ofrecerles ventajas económicas a empresas mineras y petroleras para extraer estos recursos. También se refirió a las diferencias entre la minería argentina y chilena, y a la crisis que atraviesa la ciencia por el desfinanciamiento del Gobierno.
¿Existe una salida viable a los combustibles fósiles? ¿Qué pasos deberían dar los gobiernos para avanzar en ese sentido? ¿Es posible pensar una transición energética global sin replantear las asimetrías entre países importadores y exportadores de hidrocarburos? Estos son algunos interrogantes que se debatieron durante el III Congreso Nacional de Política Exterior, organizado por la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM junto con la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior.
¿Qué implican los megaproyectos de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta y la expansión de la frontera hacia el Mar Argentino? ¿Por qué algunos sectores celebran mientras aumentan las resistencias en los territorios y la preocupación por su impacto climático y ambiental? TSS habló con Gabriela Wyczykier, quien junto con su colega Juan Acacio acaban de publicar un libro que indaga sobre estos y otros interrogantes relacionados con la explotación de recursos naturales.
La iniciativa impulsada por el Gobierno redefine los límites a la compra de tierras por actores extranjeros y los mecanismos de control estatal. Según el Observatorio de Tierras de la UBA, es la pieza central de un plan sistemático para convertir al país en un enclave exportador de materias primas. El oficialismo apunta a sesionar el 29 de abril, aunque los acuerdos no están cerrados.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto que propone cambios en los criterios de protección de zonas críticas para el abastecimiento de agua en la Cordillera. Organizaciones ambientalistas sostienen que la iniciativa habría sido impulsada por presión del sector minero, cuestionan la falta de participación de organismos científicos y advierten sobre su inconstitucionalidad. El Senado podría votar la semana que viene.
En un seminario reciente, Martín Obaya, investigador del CONICET y vicedirector del CENIT/UNSAM, presentó una investigación comparativa sobre las estrategias de explotación del litio en la Argentina, Chile y Bolivia. El análisis busca indagar en las razones por las que el país no ha logrado modificar un modelo que se basa únicamente en la exportación de materia prima.
¿Cuáles son los principales impactos socioambientales del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, qué implicancias tendrá este nuevo régimen en el entramado productivo nacional y qué margen existe para que futuras controversias desemboquen en litigios internacionales contra el Estado argentino? Estos son algunos de los interrogantes que analiza el primer informe del Observatorio del RIGI, una iniciativa colaborativa conformada por organizaciones académicas y de la sociedad civil.
A 30 años de la inclusión del derechos a un ambiente sano en la Constitución Nacional, ¿qué pasó con la regulación ambiental desde entonces? ¿Cómo puede afectar el RIGI a la normativa vigente? Sobre estos y otros temas habló con TSS Cristian Fernández, coordinador del área de asuntos legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de “Ley Bases” está orientado a la promoción de grandes inversiones en la minería y los hidrocarburos argentinos. La propuesta del Gobierno llega en un momento de intensificación de la disputa geopolítica global por los minerales críticos y puede condicionar a la política local sobre estas industrias durante 30 años.
