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Agencia TSS – En octubre pasado se realizó el primer encuentro (virtual) de la Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CAPLANCYT), con el objetivo de trazar los lineamientos para la elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, junto con la presentación de un documento prelimilar. Este nuevo plan, que reemplazaría al ya expirado Argentina Innovadora 2020, «tiene que servir de guía para esta Argentina que queremos construir», dijo el titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT), Roberto Salvarezza.

En el diseño del Plan 2030 juega un rol clave Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del MINCYT. Hurtado es doctor en Física, historiador, docente en la UNSAM y especialista en desarrollo tecnológico en países semiperiféricos. También fue presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y parte del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, hoy Agencia I+D+i.

En esta entrevista con TSS, agencia de noticias que creó y dirigió, Hurtado se refirió a cómo la pandemia impactó en el diseño de políticas para el MINCYT, a la importancia de la coordinación interministerial, a la deuda que existe en términos socioambientales y a por qué considera que lograrán llevar a cabo un plan que contiene objetivos muy ambiciosos.

¿Cuáles eran los lineamientos de políticas que tenían pensados para el MINCYT y cómo los afectó la pandemia?

Cuando llegamos teníamos algunas cosas bastante bien definidas. Teníamos un diagnóstico del plan Argentina Innovadora 2020 al menos hasta 2015, contábamos con trabajos específicos y tesis sobre los fondos de la Agencia y sobre el CONICET. Lo que hicimos entre 2016 y 2019 no fue solo resistir políticas del macrismo, sino también discutir lo que se había hecho antes. Con la recuperación del MINCYT, sabíamos que había que mejorar las capacidades de coordinación del ministerio, que se había encapsulado sobre sí mismo. La otra dimensión clave para nosotros es que debemos responder a la demanda, que no puede venir solo de otros ministerios, sino de la conexión entre lo que se defina en las políticas públicas y las agendas de las economías regionales. El concepto de demanda está en el ADN del plan Argentina Innovadora 2030, es lo que va a definir la agenda de producción de conocimiento. Queremos saldar el sesgo ofertista, que es una de las grandes debilidades de la región y tiene que ver con la dependencia cultural y económica. En la Argentina no tenemos ecosistemas preparados para procesar una parte importante del conocimiento básico y llevarlo a valor económico. Sobre esto nos ha dado un indicio el trabajo de Darío Codner. Entonces, ahí hay dos ejes para nosotros, casi hasta la obsesión: por un lado, el concepto de federalización, desagregado en las economías regionales, lo que a la vez supone el compromiso de los gobiernos provinciales. Y, por otro, las políticas públicas de los ministerios sectoriales que definan la primera demanda. Con esas ideas nos pusimos a trabajar en un documento preliminar y de repente apareció la pandemia. La reacción fue crear la Unidad Coronavirus y avanzar en la centralización de las capacidades científico-tecnológicas a nivel nacional, para ponerlas a disposición del Poder Ejecutivo.

¿Qué implicó eso?

Supuso reuniones y acciones de todo tipo. Por ejemplo, que el Ministerio de Salud nos pidiera que nos pusiéramos en contacto con la principal empresa de respiradores del país, Tecme, para ver cómo podíamos ayudar. Fuimos a VENG, empresa del sector espacial que depende de la CONAE, y por lo tanto del MINCYT, que tiene capacidades en ingeniería que no abundan en nuestro país. Juntas, en solo dos meses, lograron duplicar la producción. Tecme producía algo más de 200 respiradores por mes y pasó a producir 400 con una planta de producción gemela. Más allá de este ejemplo, el nivel de coordinación con el que se logró responder a la pandemia nos hizo pensar que no debemos perder este esfuerzo logrado. El concepto de coordinación hoy es clave, creemos que puede ser la gran marca de esta gestión.

¿Qué cosas fueron postergadas por la pandemia? 

Durante tres o cuatro meses fue todo pandemia y algunos pocos recursos seguían con otras líneas, como transición energética, pero a media máquina. De a poco fuimos recuperando una agenda y podemos decir que la pandemia y lo que trajo de irreversible quedó incorporado al plan que estamos diseñando. El octubre logramos publicar el documento preliminar para empezar a trabajar en el proceso de construcción colectiva del Plan 2030. En ese documento plasmamos cuatro conceptos núcleo que lo articulan. El primero es el de Estado protector, que nos parece fundamental. El Estado tiene que ser emprendedor, coordinador tecnológico, pero también tiene que ser protector de los sectores más vulnerables. En segundo lugar, la sustentabilidad, entendida como socioambiental, porque donde hay impacto ambiental hay seres humanos. La tercera noción es la de territorialidad: la dimensión provincial y las economías regionales. Entendemos que la federalización no va a ser posible si no logramos el compromiso con la definición de las agendas de I+D de las provincias y regiones, de manera articulada. El cuarto núcleo, que está tomado de la CEPAL, de la economía del desarrollo, es el concepto de cambio estructural. Esto supone una agenda de producción de conocimiento que acompañe a un país que quiere salir del lugar de productor primario y que, para eso, debe cambiar su matriz productiva.

Algunas de esas ideas estaban en el Plan Argentina Innovadora 2020. ¿Por qué si no se logró antes deberían funcionar ahora?

Porque tenemos la experiencia y el diagnóstico. ¿Dónde hubo debilidades en el Plan Argentina Innovadora 2020? Antes hablábamos de los problemas de coordinación. Otro aspecto fue la capacidad para llegar a las pymes, por ejemplo, a través de instrumentos de política científica y tecnológica. Los instrumentos estuvieron en la Agencia I+D+i, como el FONTAR, y esto lo hemos hablado mucho con Fernando Peirano, su presidente, pero los instrumentos de financiamiento con los que se contó fueron escasos y el mundo de las pymes es muy heterogéneo. Claro que es fácil criticar con el diario del lunes, había que estar gestionando en un país que había salido del 2001. Yo prefiero hablar de aprendizajes y me parece que ahora estamos mejor equipados para hacerlo. Un ejemplo es lo que estamos empezando a hacer con la economía social. Estamos hablando de cuatro millones de personas que hoy están en la economía informal y que el proceso de industrialización más virtuoso que pueda generar nuestro país tendría grandes dificultades para incorporar a la economía formal. Entonces, hay que incorporar a la producción popular, o a la economía social, cualquiera sea el concepto que utilicemos. Por eso, estamos explorando el formato de lo que llamamos parques de producción social, junto con el Instituto de Producción Popular, que dirige Enrique Martínez, que serían el equivalente de los parques industriales pero para albergar empresas sociales. Entendemos que eso no se soluciona con un subsidio y después arreglate. La idea de un parque de producción social supone un espacio físico común, enclave territorial, infraestructura, organización interna,  capacitación, una intervención mucho más sistémica sobre este sector.

¿Hay algún modelo que estén mirando?

Eso es lo que estamos explorando, qué características deberían tener en la Argentina estos parques. Es un modelo que aquí no tiene tradición pero sí la tiene en países anglosajones. Estamos trabajando en un documento para entender aspectos como qué funcionamiento tienen y cuáles son los compromisos del Estado, para ver cómo se podrían adaptar a nuestra realidad. Para eso también estamos en interacción con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con Desarrollo Nacional y con el ANSES.

Alguien podría preguntar qué tiene que ver el Ministerio de Ciencia con la economía social.

Exacto. Tiene que ver con la idea de que el MINCYT debe poder generar agendas de producción de conocimiento y extensión, en este caso para la economía social. El MINCYT puede apuntalar e incorporar conocimiento en los parques de producción social. Esto mismo lo estamos trabajando para la economía formal, en el mundo de las pymes, junto con Desarrollo Productivo.

En el plan anterior había grandes metas cuantitativas, que no fueron alcanzadas, en aspectos como cantidad de investigadores por miles de habitantes e inversión en en el sector de ciencia y tecnología como porcentaje del PBI. ¿Esas metas estarán proyectadas?

El plan va a tener otra lógica, va a estar orientado por problemas, no por metas. Se parte de cuáles son los grandes desafíos que se propone nuestro país para el año 2030. A partir de ahí, se definen agendas nacionales, provinciales y regionales. Transición energética o la mejora de nuestro sistema de salud, por ejemplo, son problemas que tendremos que atender. En cada uno de esos problemas se pueden poner metas cuantitativas. En energía, metas de emisión y de transición, por ejemplo. Pero una pregunta elemental es cómo va a ser la política energética argentina, qué tipo de tecnologías pueden producirse en el país. La política energética tiene que ser una política industrial y tecnológica, y entonces hay que entender dónde la Argentina puede ser competitiva con industria nacional. Entonces, partimos de definir problemas y los desagregamos en agendas nacionales y provinciales. En paralelo, aparecen las tecnologías transversales que nos ayudan a resolver esos problemas. A eso se suman los proyectos orientados por misión, un concepto que fue muy desarrollado por (Mariana) Mazzucato, pero que viene de los años ochenta y que tiene que ser adaptado a nuestra realidad. En la Argentina, la orientación por misión permite estabilizar instituciones, lo que se puede ver con claridad, por ejemplo, en el sector nuclear. Las metas ambiciosas ayudan a darle continuidad a las instituciones, a generar capacidades de coordinación, a trascender gobiernos y a garantizar la inversión pública.

¿Qué plazos manejan para la presentación del plan?

La primera versión tiene que estar para fines de 2021. Pero eso no significa que ahí se terminó el plan, sino que recién empieza, porque después vendrá una segunda versión con metas cuantitativas. Eso no podemos hacerlo ahora porque queremos hacer un proceso de construcción colectiva en el que primero los ministerios marquen los lineamientos de políticas públicas y después entren a tallar las provincias. Eso no significa que no estemos definiendo líneas, sectores y financiamiento. Por ejemplo, estamos destinando 5 millones de dólares del PICT 5, programa que viene del BID, a la producción pública de medicamentos. Nos sentamos con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y con la Agencia, y les dijimos que queríamos apoyarlos en líneas de producción pública. Ellos hicieron durante meses un trabajo de rastrillaje y las definieron. Sin embargo, hay casos que encontró la ANLAP que no podemos financiar con fondos del BID porque son de modernización tecnológica. Así que fuimos al Ministerio de Desarrollo Productivo y coordinamos con la Dirección de Compre Nacional, que puede financiar modernización tecnológica en medicamentos. Entonces, acá hay algo que va a ser inédito: vamos a financiar con fondos sectoriales y con modernización tecnológica, con dos instrumentos que vienen de ministerios diferentes pero hacen foco en la misma meta, que es generar capacidades nacionales para producir la vacuna BCG, que la podemos producir en el país pero la importamos porque no alcanza con lo que se fabrica. Entonces, aumentamos capacidades de I+D para producirla, para cubrir el calendario nacional, dejamos de importarla y ahorramos divisas.

Para ejecutar un plan hace falta inversión. ¿Están esperando la aprobación del proyecto de ley en el Congreso para establecer un aumento progresivo de la inversión en ciencia y tecnología?

Para nosotros es una bendición la ley de financiamiento porque nos daría previsión presupuestaria y sabemos que iría en aumento. Entendemos que hay un consenso importante y que se va a aprobar, casi que diría que estamos contando con esa ley. Tener previsibilidad de incrementos puede ser crucial en la planificación. Pero eso es inversión pública, tenemos el desafío de traccionar la inversión privada.

Si se miran las curvas de inversión en el sector en las últimas décadas, la curva de inversión privada no sigue a la de inversión pública. ¿Cómo se cambia eso si no se logró en los años de mayor crecimiento?

Es una situación compleja. En la Argentina gobierna el Gobierno nacional y también los poderes fácticos. Hay un proyecto de país que no necesita de ciencia y tecnología, y que además reproduce conductas y culturas empresariales predatorias y cortoplacistas, que fugan en lugar de inverti. Todo esto en el marco de una economía extranjerizada. Por eso, necesitamos culturas empresariales que jueguen al proyecto de país que votó la gente y que sostiene la democracia argentina, que las hay. Necesitamos instrumentos y capacidades para generar metas comunes. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande, mucho trabajo interministerial, para poder avanzar en este sentido, es un problema multidimensional.

En cuanto a la inversión prevista en ciencia y tecnología en el Presupuesto 2021, si bien en términos nominales es un 40% superior, si se la mide en dólares es bastante exigua con respecto al gasto asignado años atrás. ¿En qué medida condiciona la planificación?

Lo primero que quisimos mostrar es un rebote en la curva. El Gobierno está  haciendo un esfuerzo enorme. Es una limitación, obviamente, ya que con mayor inversión podríamos ponernos objetivos más ambiciosos. Lo que sí está claro es que con el aumento presupuestario, más las señales que da el Gobierno y la capacidad de reordenarnos y volver a poner metas, alcanza para dar un salto en 2021. El plan espacial se está relanzando con una inversión de 18 millones de dólares, que para la NASA no es nada, pero para nosotros es algo que sirve para recuperar lo que estaba frenado. Reorientar, poner foco y relanzar instrumentos de financiamiento nos ayuda a volver a poner los motores en marcha.

¿Cómo van a enfrentar los desafíos ambientales desde el MINCYT? Hubo críticas al acuerdo porcino con China y al trigo genéticamente modificado, y también tendrán que dar respuesta a los cuestionamientos al impacto de la minería y los agrotóxicos.

Cuando llegamos no nos imaginábamos la relevancia que iba a tener el tema ambiental, que es otra de las asignaturas pendientes al año 2015. Tenemos una economía extranjerizada en la que el impacto de la producción primaria es tremendo. De ahí también la idea de Estado protector, porque el impacto ambiental se socializa sobre los sectores más vulnerables. El tema ambiental nos irrumpió como un tsunami que teníamos que poder enfrentar. Hoy en el gabinete está Carolina Vera, que es una referente del cambio climático, lo que no es algo menor. Lo ambiental es una variable fundamental y conflictiva, no solo para nosotros, sino para la mesa interministerial. ¿El Ministerio de Agricultura puede trazar una salida gradual de las peores prácticas ambientales del agronegocio? Agricultura se puede poner esa meta y diseñar incentivos, pero aparece toda una agenda de producción de conocimiento que debería poder garantizar capacidades de producción y regulación, y ahí juega el MINCYT. El Observatorio de Agroquímicos que impulsó el ministro Salvarezza es un ejemplo. Si hablamos de carne porcina, es un tema que viene evolucionando. Hubo una primera aproximación y ahí apareció el problema de qué tipo de granjas son sustentables en la Argentina y cuáles son los límites. Nosotros fuimos interpelados y tratamos de dar respuestas, es un debate que se está dando en el plano de las agendas de producción de conocimiento. Nos estamos sentando con Ambiente, con Agricultura, y saltan chispas, porque hoy la agenda ambiental relacionada con las formas de producción es  problemática. Hay que pensar cómo se genera sustentabilidad en estas áreas y eso exige negociaciones. Muchos encuentran que esto va en contra del clima de negocios, ya que la sustentabilidad exige inversiones.

El plan que están diseñando parece más un plan de desarrollo que uno de ciencia y tecnología. ¿Tendrá capacidad el MINCYT para poner en marcha lo que se propone? Sin el compromiso de otros ministerios y de los gobiernos provinciales podría quedar plasmado solo en intenciones.

Es el riesgo de tomar agendas y compromisos vinculados con un proyecto de país. Nosotros podríamos ponernos como meta la publicación de papers. Es un trabajo político y es el principal desafío que enfrenta este ministerio. La pregunta supone la idea de que nosotros estamos jugando con un riesgo altísimo de no acompañamiento. Yo digo que no es tan alto el riesgo o, en realidad, nosotros estamos teniendo la percepción de que todo lo que va surgiendo como compromisos de agenda son cosas que se vienen trabajando, otras son diagnósticos y otras son deudas históricas. No minimizo el planteo, ya que las metas son muy ambiciosas en lo que supone de coordinación y acompañamiento de los gobiernos provinciales. Pero, por otro lado, hay una demanda muy fuerte de federalización, por ejemplo. Ahí es donde se conectan las dos cuestiones. Es un desafío que está abierto y dependerá de poder generar consensos y construcciones. El salto que queremos dar es importante.