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Agencia TSS – “La Argentina tiene los minerales que va a demandar el mundo, debemos preguntarnos las causas por las cuales la Argentina no logra poner en valor ese potencial minero. La minería tiene que ser ambientalmente sostenible, inclusiva y que genere la posibilidad de trabajo genuino, a nivel local y territorial; que esté integrada al resto de las actividades productivas, defendiendo nuestras pymes nacionales”, afirmó el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, durante un seminario que reunió a especialistas de distintas disciplinas con decisores políticos, para debatir y reflexionar sobre las “Visiones sobre el futuro de la minería Argentina”. El encuentro fue organizado por el Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), junto con el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovacion (CIECTI) y Fundar, y contó con la participación de casi dos decenas de expositores, entre investigadores, especialistas y tomadores de decisión.

Actualmente, el sector minero representa el 0,5% del PBI (diez veces menos que el promedio regional) y, según detalló Hensel durante el seminario, constituye el quinto complejo exportador del país. En cuanto a exportaciones, en el año 2019 fueron un poco más de 3.200 millones de dólares y en 2020 algo más de 2.600 millones de dólares, con una caída del 19% por la aplicación de protocolos de protección de los trabajadores a raíz de la pandemia de la Covid-19. “La Argentina siempre basó su desarrollo económico en la Pampa Húmeda y el resto de las provincias quedaron relegadas porque hay provincias que no tienen esas características cultivables. En nuestra Cordillera, tenemos otra Pampa Húmeda que puede ponerse al servicio del país y generar oportunidades y trabajo”, dijo el funcionario.

Sin embargo, desde la década del 90, a medida que se fueron expandiendo los proyectos y la actividad minera en las distintas provincias del país, también se han incrementado los conflictos socio-ambientales en torno a esta actividad, al punto que hoy es una de las cuestiones más controversiales que el Estado debe resolver. Están quienes sostienen que la minería es una actividad clave para el desarrollo y otros la consideran la causa de muchos males, que no solo no aporta los beneficios económicos prometidos en los territorios sino que además los contamina y perjudica otras actividades económicas que allí se desarrollan.

“En los últimos 40 años hubo un solo un período con movilidad ascendente en la Argentina, del 2003 al 2011. La pobreza pasó del 70% al 27%, y la desigualdad bajó como no lo había hecho en cuatro décadas. El denominador común de ese período fueron las exportaciones de bienes y servicios, que pasaron de 30.000 millones de dólares a casi 100.000 millones de dólares”, puntualizó Daniel Schteingart, director del Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI) en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y doctor en Sociología, y detalló que la minería también contribuyó a ese auge exportador, ya que pasó del 2% de las exportaciones en 2003 al 5% en 2011.

Sin embargo, si se analiza cómo ha impactado el sector (dominado por grandes empresas multinacionales) en el desarrollo de empresas proveedoras locales en torno a esta actividad, los resultados no son tan alentadores. “Encontramos que los pocos proveedores que han logrado entrar en la cadena de valor minera lo hicieron en segmentos menos sofisticados, que nosotros clasificamos como de baja barrera de entrada de mercado, como servicios de reparación, perforaciones y piezas metalmecánicas. En la mayoría de los casos lo hicieron de la manera menos interesante, que es por ventajas de localización, porque están cerca y son baratos, pero no por innovación adaptativa, como sí ocurrió en otros sectores como el agrícola”, afirmó la investigadora del CONICET Anabel Marín, a partir de un informe que desarrollaron para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la cual identificaron a 63 proveedores mineros en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santa Fe.

“El sector está mega concentrado y, cuando las empresas locales logran contratos, estos son de corto plazo y hay muy poca comunicación hacia estas empresas, al igual que la participación en el desarrollo, la asistencia técnica y todo lo que la literatura de innovación dice que ayudaría al desarrollo de proveedores”, subrayó la especialista, que se especializa en estudios de políticas en ciencia, tecnología e innovación.

Además, la Argentina es el cuarto país en conflictividad minera en la región, según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). En otro trabajo presentado durante el evento, en esta caso desarrollado por Mariana Walter, que es doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), junto con su colega del CONICET Lucrecia Wagner, las investigadoras identificaron 38 conflictos socio-ambientales entre 1997 y 2018, período en el que la extracción de metales se multiplicó por 10 (en toneladas), en el país. El  61% de esos casos fueron “preventivos”, es decir, previos a la explotación, y con una “altísima movilización y participación social”, que en el país sucede en el 61% de los casos, mientras que a nivel global es del 30%.

Además, las investigadoras detectaron que más de la mitad de los proyectos mineros (53%) fueron cancelados o suspendidos debido a estos conflictos (a nivel global esa cifra es del 25%) y advirtieron que “otro elemento reciente es la creciente violencia contra los movimientos sociales, que surge a nivel global y que en la Argentina se detectó”, subrayó Walter.

“Los conflictos se han incrementado en un 500%, desde 2005, y por múltiples razones: ambientales, escasos beneficios económicos y escasa percepción de participación en la toma de decisiones”, coincidió Marín, y agregó que el impacto de estos conflictos “también es claro”, ya que siete provincias prohíben o limitan la actividad minera y existen 50 ordenanzas municipales que también lo hacen.

Por su parte, la investigadora Julieta Godfrid, del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), en Chile, presentó datos que obtuvo a partir de un trabajo comparativo entre la Argentina, Colombia y Perú sobre monitoreo ambiental ciudadano, centrado en la actividad minera y en la cuestión hídrica. Al respecto, detalló que en muchos casos se desconfía del acceso equitativo al agua y que, en la mayoría de ellos, “aunque la tensión ya no existiera, el temor por la falta de agua persiste”.

Otro de las preocupaciones detectadas se refiere a la calidad del agua, ya que los ciudadanos suelen pedir información al respecto, pero en general es “prácticamente imposible” acceder a ella. “También surgió el rol de los Estados en el control ambiental: hay una fuerte desconfianza sobre las instituciones, que refiere a diferentes aspectos, como subordinación del control ambiental, falta de capacidades técnicas y transparencia en los procedimientos”, agregó Godfrid, y destacó que un cuarto elemento común es que “la ciudadanía no solo busca información, sino que también reclaman mecanismos de deliberación y decisión ciudadana”.

Un caso particular en la toma de decisiones lo constituyen las comunidades originarias. “En relación con los derechos de las comunidades indígenas, el desarrollo de un proyecto minero responsable requiere que se implementen algunos pasos: la consulta previa, libre e informada, que implica compartir información accesible en tiempo y forma a las comunidades y que debería estar atada al paradigma de la interculturalidad, teniendo en cuenta el protocolo Kachi Yupi; que el resultado de esa consulta sea vinculante y aceptado por todas las partes; y que, en caso de que las comunidades acepten, el Estado debe estar presente para evitar la desigualdad entre las partes de la negociación”, explicó Deborah Pragier, coordinadora de la Maestría en Política y Gestión Local en la UNSAM, que analizó en particular el caso del litio, que tuvo un panel especial durante el encuentro debido a su potencial para la transición energética y a la conflictividad que genera en los distintos territorios de la puna de Catamarca, Jujuy y Salta en los que se encuentra.

“Donde hay menos acuerdo es acerca de cómo integrar la política ambiental y social, y cómo negociar y trabajar con la sociedad civil. En este sentido, hay que dar un cambio radical que en la práctica implica exigir mucho más a las empresas en cuanto a transparentar la información sobre las elecciones tecnológicas y organizacionales que hacen”, sugirió Marín.

Para eso se necesitan capacidades estatales de control que, según le dijo a TSS el economista y doctor en Ciencias Sociales Martín Obaya, director de CENIT/UNSAM, muchas veces no son suficientes. “Hay un montón de discusiones que pasan por las capacidades estatales: ¿qué cosas podemos empezar a hacer y no estamos haciendo? ¿Cómo podemos dotar a las provincias, que son las autoridades de aplicación, para hacer bien su trabajo?”, se preguntó el especialista, y recordó que, de acuerdo con el régimen federal que rige en el país, las provincias tienen el dominio originario de los recursos, lo que las convierte en autoridad de aplicación. Además, afirmó que hoy existe un escenario de “fragmentación y desarticulación”, no solo entre niveles de gobierno, sino también al interior de ellos.

A modo de reflexión, Obaya concluyó: “A través de todas las discusiones que se dieron en el seminario quedó en claro que hay un montón de tensiones, pero no hubo posiciones extremas en cuanto si hay que hacer minería a toda costa o no hay que hacerla. Quedó una agenda explicitada que alguien tendrá que recoger: la academia podrá tomar la parte que le toca y a la política le queda por recoger las cosas que tiene por hacer”.