Investigadores reunidos en un plenario en el MINCYT debatieron sobre los puntos a tratar en la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del conflicto. Exigen el ingreso al CONICET de 520 científicos excluidos, organizados en la Red Federal de Afectados por los despidos.
Agencia TSS – La lucha de los científicos contra el ajuste no se tomó vacaciones. A finales de 2016 se movilizaron en varias ocasiones para rechazar el ajuste propuesto por el Gobierno para el área y decidieron tomar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) durante cinco días. Todo culminó con la firma de un acta el pasado 23 de diciembre, en la que las autoridades se comprometieron a prorrogar las becas y se determinó la conformación de una Comisión Mixta de Seguimiento para darle una solución definitiva al conflicto.
Más allá de los debates acerca del acuerdo alcanzado, la diversidad de voces provenientes de todo el país converge en un reclamo: el ingreso efectivo al CONICET de los más de 500 investigadores que aprobaron todas las instancias de evaluación pero quedaron afuera por el recorte presupuestario que está llevando a cabo el Gobierno, que durante la campaña electoral había prometido duplicar la inversión en ciencia y tecnología.
El sábado pasado, los investigadores volvieron a ocupar la explanada del MINCYT para realizar el segundo Plenario Nacional de los Trabajadores de la Ciencia. Durante la jornada se debatieron los puntos a tratar en la primera mesa de negociación que celebrará la Comisión Mixta, este jueves a las 11. Además, se realizó la presentación formal de la Red Federal de Afectados por los despidos (RFA), organización que se conformó tras la firma del acta y que nuclea a los investigadores que tienen en juego su continuidad laboral.
“El consenso general es que los más de 500 compañeros tienen que ingresar al CONICET, frente a la propuesta del Ministerio de distribuirlos en distintos organismos y universidades, ya que el ingreso garantiza, de alguna manera, la continuidad y crecimiento del CONICET frente a un Gobierno que pretende reducir al mínimo posible el sistema público de ciencia y tecnología. Para acompañar la apertura de la Comisión habrá movilizaciones en el Ministerio y en todo el país”, le dijo a TSS la investigadora Nuria Giniger, miembro del colectivo Científicos y Universitarios Autoconvocados (CyUA).
Otro aspecto discutido durante el plenario fue la inclusión de científicos de otras provincias durante la reunión de la Comisión. Esto se concretará a través de la participación de siete integrantes de la RFA, cuyos miembros redactaron un pliego de reivindicaciones que se presentará en la mesa de negociación y que fue elaborado de manera federal y democrática: cada asamblea local que conforma la RFA elaboró un borrador de pliego y cada uno de ellos fue discutido y consensuado en un único documento llevado a la coordinación multisectorial del movimiento de científicos –compuesta por representantes de ATE, CONADU, CONADU Histórica, Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), CyUA, Ciencia y Técnica Argentina (CyTA), Becarios Empoderados y la RFA– para elaborar el pliego final.
El sociólogo Guido Giorgi, integrante de la RFA, le dijo a TSS: “La prioridad es el ingreso a carrera de investigador de todos los investigadores que fuimos aprobados y quedamos excluidos. Queremos que nos dejen trabajar y que nos permitan acceder a los puestos para los cuales concursamos y ganamos de manera legítima después de años de trabajo para poder cumplir con los requisitos del proceso de evaluación. Sabemos que la plata está, ya que si pueden relocalizarnos en otros institutos también pueden darnos el ingreso al CONICET. Pero también sabemos que, como dijo el propio Barañao en las conversaciones que se dieron durante la toma del ministerio, hay una decisión política de que el CONICET no crezca más”.
El ministro Barañao volvió a expresarse en ese sentido durante una entrevista en el programa televisivo Intratables, al decir que el CONICET venía creciendo a un ritmo acelerado y habían fijado “un tope de 14.000 investigadores, más alto que el número que tienen los consejos de investigación de Francia o España”. Según publicó Chequeado, si bien los organismos equivalentes al CONICET en esos países tienen menos investigadores (4.105 en España y 11.106 en Francia), la investigación tiene una estructura diferente y está descentralizada en diversos organismos públicos, además de contar con una importante participación de la inversión privada. Por lo tanto, si se compara la cantidad total de investigadores en relación con la población económicamente activa, la Argentina queda detrás de ambas naciones. En el país hay casi tres investigadores cada mil personas económicamente activas, contra 5,3 en España y más de 9 en Francia.
“Nosotros vemos con preocupación las declaraciones del ministro y queremos que reflexione en función de lo que ha sido el crecimiento en los últimos años, que él mismo condujo. Decidir la descentralización del sistema científico a través de un ajuste, y no a partir de un nuevo plan de desarrollo científico, habla de una decisión del Gobierno de reducir la planta del Estado y no invertir en desarrollo nacional”, considera el sociólogo. Giniger recuerda que la propuesta original del Gobierno para el acta era que los investigadores pudieran ser relocalizados en empresas privadas y que un logro de la movilización fue que se modificara ese punto por el de empresas públicas: “Queremos desarrollar conocimiento científico para resolver necesidades de nuestro país y de nuestra región, y la historia de las grandes empresas en nuestro país demuestra que no están dispuestas a invertir en ciencia y tecnología”.
Otra demanda de los científicos es la publicación de la lista definitiva de los ingresantes a la carrera de investigador en la convocatoria 2017. “En la lista publicada a fin de año había 508 investigadores. Sin embargo, en una reunión realizada a principios de enero, encontramos que somos al menos 520 los afectados. Por eso, queremos que el Gobierno explicite la lista definitiva con nombre y apellido”, sostiene Giorgi.
Giniger considera que “el conflicto tuvo repercusión porque gran parte de la sociedad argentina entendió que no se podía cercenar el derecho al desarrollo científico-tecnológico. Ese fue el contexto que nos permitió obtener la victoria parcial del 23 de diciembre”. Sin embargo, asegura que tienen grandes desafíos por delante y advierte: “Está circulando un rumor de que el ministro (de Educación) Esteban Bullrich busca intervenir virtualmente el CONICET, en un proceso similar al que se hizo con el AFSCA (la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo que fue eliminado bajo el paraguas del nuevo ENACOM), y esto está generando gran preocupación en la comunidad científica”.
La convocatoria para este jueves tiene como principal objetivo discutir el funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento. “La convicción que tenemos todos los afectados acerca de que nuestro reclamo es justo generó una gran organización en muy poco tiempo. Nosotros aprobamos todos los criterios técnicos de evaluación. Entonces, resulta raro que un gobierno que habla tanto de meritocracia expulse del sistema a investigadores que están hiperevaluados constantemente”, cierra Giorgi.
09 feb 2017
Temas: CONICET, Inversión en ciencia y tecnología, MINCyT, Política científica y tecnológica, Presupuesto 2017