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Con la pandemia provocada por COVID-19, la pobreza, los problemas de infraestructura y las desigualdades sociales se volvieron más evidentes en América Latina. ¿Cómo influyen la geopolítica y los tratados de libre comercio en la capacidad de un Estado para garantizar un derecho humano básico como el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento?
Informes elaborados por investigadores de Ciencias Sociales advierten sobre las condiciones que afrontan las comunidades originarias en el marco de la cuarentena en todo el país. La falta de acceso al agua y alimentos, la discriminación y las distancias a recorrer para llegar a comercios y hospitales las convierten en una población vulnerable.
En los sectores más vulnerables de la Argentina, la falta de acceso al agua de red, que alcanza al 10% de los hogares en centros urbanos, a lo que suma el hacinamiento por la crisis habitacional, dificultan la implementación de las medidas preventivas y de aislamiento social recomendadas por el Gobierno para hacerle frente al coronavirus y también al dengue.
Tras las masivas movilizaciones en Mendoza contra las modificaciones a la Ley 7722, con las que se habilitaba el uso de diversas sustancias tóxicas en la megaminería, el Gobierno provincial convocó a una sesión legislativa extraordinaria para dar marcha atrás con la decisión. La reacción social unió a múltiples sectores en defensa del agua, en una provincia que atraviesa su mayor sequía en la última década.
En la Universidad Nacional del Litoral detectaron que la mezcla de glifosato con arsénico en el agua genera daños en el ADN, así como mutaciones en el metabolismo y afecciones en el sistema hormonal de los anfibios. Se trata del primer estudio local que analiza los posibles impactos en el desarrollo de la combinación de ambas sustancias.
En el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico Para la Agricultura Familiar Región Patagonia del INTA recuperaron una tecnología que se usaba hace siglos y la adaptaron para irrigar parcelas y dar agua a animales en emprendimientos de pequeña escala sin acceso a la red eléctrica. Utiliza elementos accesibles para cualquier agricultor y presentarán una guía paso a paso para construirla.
En Buenos Aires, una de las ciudades más ricas de América Latina, alrededor de 400.000 personas viven en barrios populares y no acceden a servicios formales de agua, saneamiento, electricidad y gas. Referentes sociales, comunitarios, sindicales y académicos se reunieron para proponer modos de construir una ciudad más igualitaria y garantizar la integración de las zonas postergadas.
El último informe del INDEC sobre condiciones de vida en los conglomerados urbanos indica que el acceso al agua y al saneamiento no se ha modificado sustancialmente en los últimos años. ¿Qué permiten ver estas cifras y cómo se vincula la falta de acceso a estos servicios con la pobreza estructural que viven millones de hogares argentinos?
Un informe elaborado por un grupo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires detectó agua contaminada y no apta para consumo humano en algunas zonas de la Villa 21-24, en el barrio porteño de Barracas. Por qué está situación es un reflejo de la desigualdad entre norte y sur en una ciudad en la que 400.000 personas que viven en barrios populares no acceden en forma segura al agua.
