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Agencia TSS — Más de 150 referentes sociales y comunitarios de distintos barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunieron en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) para analizar y debatir los lineamientos de un proyecto de ley para promover el proceso de reurbanización de las villas porteñas en igualdad de derechos y condiciones. “Para muchas compañeras, era la primera vez que llegaban a la universidad pública. Fue muy emocionante haber podido establecer un espacio de diálogo, discusión, debate y de intercambio de saberes para poder construir juntos un proyecto para una población postergada y excluida desde hace más de 80 años”, dijo María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC).

La iniciativa es el resultado de un trabajo colectivo que vienen desarrollando desde hace años en diferentes ámbitos, en mesas de urbanización y asambleas barriales, junto con el Observatorio de Derecho a la Ciudad (OCD) y la CTA-Autónoma Capital, en el que sistematizaron un conjunto de derechos mínimos que entienden deben ser garantizados a la hora de pensar en la reurbanización y en la integración social y urbana de los barrios populares.

Entre los principales aportes que surgieron durante el encuentro —organizado por el Seminario de Servicios Públicos y Barrios Populares, del que también participaron organizaciones civiles, gremiales y académicas como la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD), la Asociación Civil por el Acceso a la Justicia (ACIJ), el Taller libre de Arquitectura, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y el espacio de investigación denominado PIUBAMAS—, se destacaron los vinculados con las dimensiones del trabajo como clave para la integración urbana, el acceso a los servicios públicos formales entendidos como un derecho, y el rol de las comunidades y particular de las mujeres, como protagonistas de estos procesos. “El proyecto también incorpora perspectivas de género en cada uno de sus capítulos”, dijo Koutsovitis y adelantó que lo que sigue es incorporar las sugerencias y  modificaciones que surgieron de este primer encuentro, para repetirlo a futuro con dichos aportes incluidos. “También esperamos discutir el proyecto en asambleas barriales, para finalmente hacer una gran jornada con todos los aportes que vayamos recopilando en cada una de las instancias de discusión, y lograr que el Consejo Directivo de la FIUBA lo declare de interés”, afirmó.

Según el último Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP), de los más de cuatro millones de personas que habitan los 4.416 barrios populares que se distribuyen a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, el 90% no accede a agua segura y el 98% no cuenta con un sistema de saneamiento cloacal. Además, el 30% de esos barrios está asentado en suelos con algún tipo de determinante ambiental.

En cuanto a la composición sociodemográfica, el informe evidenció que la mayoría de los habitantes de barrios populares son menores de 24 años, segmento que representa más de un 56% de la población (mientras que, a nivel nacional, esa cifra disminuye al 46%). Además, el 65% de los hogares en los barrios populares son sostenidos por mujeres, cifra que asciende al 85% en el caso de hogares monoparentales, aunque solo 30% de ellas recibe salario y apenas un 20% trabaja en blanco. “Esto da cuenta de la infantilización de la pobreza, por un lado, y del rol de las mujeres, que son las principales reproductoras de la vida social en los barrios populares”, destacó Koutsovitis, quien hizo referencia al concepto de extractivismo urbano, vinculado con la concentración económica en torno a la tierra, la sobreexplotación inmobiliaria y la mercantilización de las ciudades.

“La consecuencia es la desigualdad urbana en todas sus dimensiones”, afirmó Koutsovitis, que también es integrante del Frente de Organizaciones Salvador Herrera (FOSH), y detalló que esta situación se pone de manifiesto en la metrópolis porteña, el distrito más rico del país y una de las ciudades más importantes de América Latina, adonde el 15% de la población vive en villas, asentamientos y barrios populares, y no cuenta con acceso a los servicios públicos de agua potable, saneamiento cloacal, tendidos eléctricos y gas en red. La cantidad de personas que viven en ellos se ha triplicado durante las últimas décadas, pasando de 107.422 habitantes en el año 2001 a más de 300.000 en 2015. En ese mismo período, la ciudad se desprendió de 400 hectáreas de tierras públicas.

A pesar de que el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho de todos los ciudadanos del país, en la Argentina no existe una ley nacional ni un marco legal claro que unifique criterios de suministro para todo el territorio, sino que cada provincia tiene su propia normativa. Para suplir la carencia de estos servicios, en los barrios populares de Buenos Aires las familias han ido tendiendo precarios sistemas de agua y cloacas: muchas cuentan con pozos ciegos en sus viviendas y con cámaras cloacales precarias muy próximas que desbordan de manera frecuente. Otras cuentan con acceso al agua mediante tendidos de mangueras que no suelen estar enterradas. “Como el agua que hay para distribuir es muy poca, conectan motores a estas mangueras para poder tomar la poca agua que escurre, y como esas mangueras muchas veces atraviesan las cámaras cloacales, la contaminación del agua resulta bastante frecuente”, advierte Koutsovitis y cuestiona que AYSA, la prestadora tiene a su cargo la ciudad de Buenos Aires y más de 25 distritos en el conurbano bonaerense, “es una de las prestadoras más importantes de América Latina pero no presta el servicio de agua y saneamiento en los barrios populares porque no los considera usuarios”.

Al respecto, la ingeniera recordó que, junto con diferentes espacios comunitarios, le dieron impulso a un proyecto de ley para que el Gobierno porteño firme convenio con la empresa para garantizar la prestación del servicio en igualdad de condiciones en los territorios de los barrios populares. “Ese proyecto, que fue resultado de muchas luchas y asambleas en los barrios, tomó estado parlamentario pero nunca llego al recinto”, lamentó Koutsovitis, y advirtió que siguieron trabajando con las comunidades y hace unos meses (luego de que se detectara contaminación del agua con bacterias provenientes de efluentes cloacales), con la junta vecinal de la Villa 21-24 se organizaron para llevar adelante un relevamiento la situación sanitaria.

El negocio de la tierra

“La falta de acceso a los servicios básicos atenta contra la integridad y toda posibilidad de desarrollo y reproducción de la vida”, afirmó Koutsovitis durante otra jornada de reflexión y debate, en este caso sobre extractivismos y territorios, organizada por la CTA-Autónoma. Y puso como ejemplo que la esperanza de vida de quienes nacen en la Comuna 8 (que comprende los barrios de Villa Lugano, Soldati y Villa Riachuelo, adonde uno de cada dos o tres habitantes vive en un barrio popular) es 10 años menor con respecto a quienes lo hacen en la Comuna 13 (que abarca Belgrano, Colegiales y Nuñez). En la primera, durante el trienio 2013/2015, la tasa de mortalidad infantil se ha duplica con respecto a la de la 13. Allí, además, se han perdido 190 hectáreas de tierras públicas en la última década.

Por otro lado, la ciudad de Buenos Aires presenta “uno de los peores indicadores en relación a la cantidad de superficie verde por habitante”, afirma Koutsovitis y recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que se deberían destinar entre 10 y 15 metros cuadrados de superficies verdes absorbentes por habitante. Por el contrario, esos espacios se han ido reduciendo en la ciudad durante las últimas décadas, y hoy hay un promedio de seis metros cuadrados de espacios verdes por habitantes, aunque esa cifra varía de barrio en barrio.

“Seguir entregando las tierras públicas y superficies verdes absorbentes a la especulación y concentración inmobiliaria resulta un absurdo desde el punto de vista de la planificación urbana”, dijo Koutsovitis, que es ingeniera hidráulica, y recuerda que la ciudad cuenta con el plan de acción frente al cambio climático 2020 que entre otras cosas establece que las amenazas para la ciudad desde el punto de vista del cambio climático son las precipitaciones y las olas de calor. “Por eso resulta contradictorio que las políticas de estos últimos años hayan tenido que ver con desprenderse de las superficies verdes absorbentes, que además de los servicios ecosistémicos que brindan, permiten mitigar inundaciones y olas de calor”, considera.

A estas problemáticas habitacionales se suma un proceso de “inquilinización” que se ha ido profundizando en las últimas décadas. Al respecto, se estima que hay un 10% más de inquilinos cada 10 años, al tiempo que hay cada vez hay menos propietarios pero con más tierra. “El 50% de lo que se construye está destinado al 5% más rico”, sostuvo la ingeniera que alrededor del 30% de la población porteña –cerca de 1.200.000 personas– no alcanza a cubrir una canasta completa, mientras que 650.000 son pobres y 200.000 son indigentes. Además, según el último relevamiento llevado a cabo por las organizaciones sociales, en la ciudad hay alrededor de 7.200 personas que viven en situación de calle. “En paralelo, hay más de 140.000 inmuebles ociosos”, se lamentó Koutsovitis.