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A dos años de la implementación del régimen creado por el Gobierno de Milei para atraer grandes inversiones, el segundo informe del Observatorio del RIGI advierte sobre los beneficios excesivos a las empresas, la concentración de proyectos en sectores extractivos, las desigualdades geográficas y su impacto en los derechos de las comunidades y el ambiente.
El doctor en Geología y especialista en los procesos de formación de la Cordillera de los Andes habló con TSS sobre por qué considera que no tiene sentido ofrecerles ventajas económicas a empresas mineras y petroleras para extraer estos recursos. También se refirió a las diferencias entre la minería argentina y chilena, y a la crisis que atraviesa la ciencia por el desfinanciamiento del Gobierno.
¿Qué implican los megaproyectos de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta y la expansión de la frontera hacia el Mar Argentino? ¿Por qué algunos sectores celebran mientras aumentan las resistencias en los territorios y la preocupación por su impacto climático y ambiental? TSS habló con Gabriela Wyczykier, quien junto con su colega Juan Acacio acaban de publicar un libro que indaga sobre estos y otros interrogantes relacionados con la explotación de recursos naturales.
El Gobierno busca avanzar en los pasos para reformar la legislación que protege a los glaciares y concretar proyectos mineros en las zonas protegidas. Ante la restricción de las exposiciones en la audiencia a la que se habían inscripto más de 100.000 personas, la oposición en el Congreso busca impugnarla y se anuncia una posible judicialización de los cambios por considerarlos inconstitucionales.
¿Qué riesgos corren los glaciares en caso de que se apruebe la reforma a la Ley 26.639? ¿Cuáles son sus funciones ecosistémicas primordiales? ¿Quiénes estan detrás de las modificaciones propuestas a la legislación que los protege? A estos y otros interrogantes se refiere el biólogo Raúl Montenegro, único argentino distinguido con el Nobel Alternativo, por su trabajo acompañando a las comunidades de la región en la defensa del ambiente.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto que propone cambios en los criterios de protección de zonas críticas para el abastecimiento de agua en la Cordillera. Organizaciones ambientalistas sostienen que la iniciativa habría sido impulsada por presión del sector minero, cuestionan la falta de participación de organismos científicos y advierten sobre su inconstitucionalidad. El Senado podría votar la semana que viene.
En un seminario reciente, Martín Obaya, investigador del CONICET y vicedirector del CENIT/UNSAM, presentó una investigación comparativa sobre las estrategias de explotación del litio en la Argentina, Chile y Bolivia. El análisis busca indagar en las razones por las que el país no ha logrado modificar un modelo que se basa únicamente en la exportación de materia prima.
¿Cuáles son los principales impactos socioambientales del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, qué implicancias tendrá este nuevo régimen en el entramado productivo nacional y qué margen existe para que futuras controversias desemboquen en litigios internacionales contra el Estado argentino? Estos son algunos de los interrogantes que analiza el primer informe del Observatorio del RIGI, una iniciativa colaborativa conformada por organizaciones académicas y de la sociedad civil.
Ante el avance de los extractivismos y la extrema derecha en la región, ¿qué aprendizajes ofrecen las luchas históricas de los pueblos indígenas y de los movimientos socioambientales? ¿Qué estrategias pueden ayudar en la defensa de los territorios? Estas fueron algunas de las preguntas que guiaron las charlas del encuentro anual del Pacto Ecosocial del Sur que se desarrolló esta semana en Buenos Aires.
El Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de “Ley Bases” está orientado a la promoción de grandes inversiones en la minería y los hidrocarburos argentinos. La propuesta del Gobierno llega en un momento de intensificación de la disputa geopolítica global por los minerales críticos y puede condicionar a la política local sobre estas industrias durante 30 años.
