Con la pandemia provocada por COVID-19, la pobreza, los problemas de infraestructura y las desigualdades sociales se volvieron más evidentes en América Latina. ¿Cómo influyen la geopolítica y los tratados de libre comercio en la capacidad de un Estado para garantizar un derecho humano básico como el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento?
Agencia TSS – Mantener la higiene y el lavado continuo de manos son medidas fundamentales para la prevención de COVID-19, así como de otras enfermedades. Sin embargo, el agua, que es un bien esencial para la vida misma y que para muchos porteños representa algo tan sencillo como abrir una canilla, constituye una preocupación y un bien escaso para gran parte de la población mundial. En algunos países, como es el caso de Chile, el acceso al agua ni siquiera figura como un derecho constitucional sino que es considerada como una mercancía capaz de convertirse en propiedad privada. En Bolivia, por el contrario, el agua ha sido reconocida como un derecho universal y básico en la reforma constitucional de 2010. Sin embargo, en las principales ciudades de ese país, buena parte de la población sufre problemas de acceso al agua.
En las grandes ciudades de la Argentina ocurre otro tanto. El caso de Buenos Aires, una de las ciudades mas ricas de América Latina, se ha vuelto significativo tras la multiplicación de casos por COVID-19 en los barrios populares, adonde alrededor de 400.000 personas no tienen acceso formal a servicios de agua potable y saneamiento, a pesar de que esta situación es denunciada desde hace años por distintas organizaciones sociales. Ante la inminencia de la pandemia, referentes barriales como Ramona Medina, advertían desde el comienzo del aislamiento social obligatorio que lo que hoy se vive en esos barrios sería un final anunciado. Ella misma resultaría víctima de lo que denunciaba y terminaría falleciendo por COVID-19.
Por fuera de las grandes ciudades, en las zonas rurales la contaminación y la escasez hídrica están a la orden del día. ¿Qué incidencia tiene la geopolítica y los tratado de libre comercio sobre el acceso al agua potable y los servicios de saneamiento en la región? “Los tratados internacionales e instituciones a nivel internacional aseguran que grandes empresas y corporaciones que suelen invertir y participar en la distribución de agua y saneamiento se aseguran para sí la capacidad de retorno de esas inversiones, sin importar el contexto, si es un contexto social adverso o de pandemia global”, sostuvo el investigador del CONICET Javier Echaide, especializado en Derecho Internacional, durante un seminario virtual organizado por la plataforma América Latina Mejor sin TLC, en la que participaron referentes de la Argentina, Bolivia y Chile.
Referentes territoriales y científicos sociales reflexionaron sobre el impacto de los tratados de libre comercio en la soberanía de los países de la región, para garantizar el cumplimiento de derechos humanos básicos, como el acceso al agua potable y los servicios de saneamiento.
“Lo llamamos arquitectura de la impunidad, ya que con todo derecho siempre va aparejada una obligación, pero estos casos son la excepción. En los tratado de libre comercio y en los de protección de inversiones no hay obligaciones exigibles para las empresas, que pueden exigir el cumplimiento de esos tratados sin tener aparejadas ningún tipo de obligación”, agregó Echaide. «Si un Estado intenta garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua, reconocido así por Naciones Unidas en 2010, las empresas pueden demandarlo en foros internacionales como el CIADI, que es uno de los centros de arbitraje mas utilizado en materias de inversiones, dentro de la órbita del Banco Mundial», advirtió el especialista.
Tras un conflicto recordado como “la guerra del agua”, en el año 2000, “Bolivia le terminó pagando 5 millones de dólares a Suez –que, tras hacerse cargo de la provisión de agua potable en Cochabamba, intentó aumentar las tarifas de ese servicio en un 300%–, y otras empresas y áreas iniciaron procesos similares contra el país, por haber tomado decisiones soberanas para mantener el control de otros servicios básicos e impedir la violación de derechos humanos fundamentales”, dijo el sociólogo Marco Antonio Gandarillas Gonzáles, de la Universidad Mayor de San Simón, en Bolivia, y agregó que ese país “ha estado enfrentando en los últimos años una serie de procesos internacionales que han mermado recursos públicos que se han gastado en juicios. No hay una cifra total de cuánto se ha terminado pagando, a más de 18 compañías que han iniciado procesos. Sabemos, sin embargo, que solo en abogados, el último par de años se pagaron 47 millones de dólares”.
20 años después de la denominada “guerra del agua”, que derivó en un proceso de reforma que tras cinco años concluyó con una nueva constitución de ese país, en la que se incluyó al agua y al acceso a ella como un “derecho fundamentalísimo para la vida de las personas”, la situación en Cochabamba –así como en los principales centros urbanos del país, incluida La Paz– sigue siendo “muy similar: en medio de la pandemia: la gente protesta porque no tiene acceso a agua potable y los carros cisternas que la reparten no llegan a gran parte de la ciudad”, ejemplificó Gandarillas Gonzáles.
En Chile, la pandemia irrumpió en medio de un proceso de movilizaciones sociales que había comenzado en octubre de 2019, en el que uno de los principales reclamos era y continúa siendo la incorporación del agua y su acceso como derechos constitucionales. “Estamos hablando de una constitución política de la dictadura, que eleva y garantiza la propiedad privada casi como otra garantía constitucional. Además, esa cláusula, que se traduce en el código de agua vigente hasta hoy, genera condiciones para que se transforme al agua en mercancía y crea un mercado del agua como principal instrumento de la gestión de ese recurso en nuestro país”, explicó Lucio Cuenca, director del Observatorio latinoamericano de conflictos ambientales (OLCA).
La privatización del agua en el país trasandino tiene bases institucionales “muy profundas”, según Cuenca, ligadas a una estrategia de inserción en la economía global vinculada a tratados de libre comercio. De hecho, actualmente Chile tiene 29 acuerdos comerciales firmados y es el país que más acuerdos de este tipo tiene vigentes en la región. “En la etapa previa -al estallido social- se venía acentuando una situación de crisis hídrica por cambio climático, pero principalmente por la expansión del extractivismo en diferentes territorios. Eso fue parte del preámbulo, junto con la emergencia del movimiento feminista, las demandas del pueblo mapuche y de estudiantes y profesores”, dijo Cuenca.
En la Argentina, en cambio, no existen tratados de libre comercio vigentes pero sí hay 55 tratados en materia de protección de inversiones, y aproximadamente 60 firmados. “Es uno de los países que más tratados de protección de inversión tiene en el mundo y ha sido el país más demandado en el planeta en los foros de arbitraje internacional”, destacó Echaide y agregó que eso sucedió, particularmente, en materia de agua potable y saneamiento. La Argentina ha sido el país más demandado, en terminos cuali y cuantitativos, ya que si se consideran todas las demandas por sector que hay en el CIADI, las que se vinculan con agua potable y saneamiento representan entre un 6 y un 8% del total, pero, si se considera el caso de puntual de la Argentina, ese porcentaje alcanza el 20%.
“Los derechos que tenemos y de los que gozamos no son naturales, son producto de luchas y pujas de poder, resultado de largos procesos de peleas por la defensa de esos derechos”, dijo Echaide, que también es miembro de ATTAC Argentina, y concluyó: “la aplicación de un precio para poder acceder a un bien es una cuestión técnica. La pregunta tiene que ser de índole moral: ¿Cómo garantizar y distribuir un bien común, como el agua, y asumir un uso responsable de esos recursos para garantizar la vida?”.
04 jun 2020
Temas: Acceso al agua, Acuerdos de Libre Comercio, Agua, Infraestructura, Pobreza, TLC
