Agencia TSS

Agencia TSS – El número de familias conectadas a la red de agua corriente, cloacas y gas casi no ha variado con respecto al año 2016, según datos del último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): el 70,1% de los hogares de la Argentina tenía acceso a la red cloacal en el segundo semestre de ese año, mientras que en el mismo período de 2018 dicho nivel bajó levemente, al 70%. De manera similar, el 71,4% de los hogares tenía conexión de gas de red y el último relevamiento demostró que ahora accede a ese servicio el 70,4%. En cuanto al agua de red, el 89,4% de los hogares tenían acceso a ella en 2016, mientras que a fines de 2018 la cantidad de hogares conectados subió levemente, a 89,8%.

En marzo, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, había destacado que en los tres años de gestión del presidente Mauricio Macri, “casi un millón de argentinos se sumaron a la red de agua potable y un millón y medio a la red de cloacas”. Las cifras del INDEC contradicen esas afirmaciones y generaron polémica entre expertos y funcionarios, en pleno año electoral.

“Los medios salieron a mostrar porcentajes pero nadie explicó por qué éstos no han variado, porque es cierto que se hicieron obras de infraestructura, pero en términos de grandes obras, acueductos y sistemas de cloacas. Pero el problema es que si la gente no puede pagar su conexión a esos servicios y la política pública no prevé como hacerlo, lo que se está haciendo, en realidad, es enterrar fondos”, advierte Paula Juarez, mágister y doctoranda en Ciencias Sociales, del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes (IESCT-UNQ).

En la Argentina, no existe una ley nacional de agua y saneamiento ni un marco legal claro que unifique criterios de suministro para todo el territorio. Por el contrario, cada provincia tiene su propia normativa: algunas cuentan con una empresa pública que centraliza los servicios con algún órgano de control y en otras las prestaciones están totalmente descentralizadas, a veces en cooperativas y asociaciones que brindan los suministros. Hay también empresas privadas que en general se encargan de las ciudades y dejan desatendidas las áreas rurales.

“Si no hay una estrategia para que la gente pueda conectarse, es tirar el dinero, sobre todo con cloacas, porque la gente no suele considerarlo un problema. Eso, en términos dinámicos, es contaminación de las napas, aumento de costos para potabilizar agua y mayores costos ambientales”, subraya Juarez, que también es directora de proyectos de Fundación Plurales, y rescata que, si bien la situación es muy heterogénea, durante los últimos años se han comenzado a visibilizar diferentes problemas asociados al acceso al agua y a los servicios de saneamiento, combinados con el impacto y la contaminación que aportan procesos industriales como los de la minería, el fracking, la deforestación y la agricultura que usa agrotóxicos.

Sin embargo, todavía no hay en el país una herramienta que registre y controle la calidad del agua. “Se dice que 90% tiene agua de red, pero, ¿es agua potable? Todos creen que sí, pero no siempre es así. En este momento, ni el INDEC ni el Gobierno saben cuál es la calidad de agua que se nos da”, alerta la especialista y agrega que, por la forma en que se construyen las estadísticas, se considera si personas y hogares tienen acceso o no a tales servicios pero no se da cuenta de si se está dando acceso a lugares prioritarios o no.

“Hacer obras no es lo mismo que planificar los servicios públicos en función del desarrollo territorial”, sugiere Juarez, que también participó en el desarrollo de la denominada Plataforma del agua, una iniciativa público privada –que fue presentada en la Casa Rosada en abril de 2018 y puesta a disposición del Gobierno– creada con el objetivo de brindar datos confiables que ayuden a repensar la política de acceso al agua.

Esta plataforma incluye un mapa interactivo en el que se detallan las zonas prioritarias que necesitan estos suministros con más urgencia, entre las que figuran zonas de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero, provincias que integran la eco-región chaqueña, que no solo tiene ciclos naturales de lluvia y sequía, sino que además está siendo arrasada por el desmonte a un ritmo estimado de unas 500.000 hectáreas por año.

Por el contrario, Juarez recuerda que las obras de infraestructura que se han realizado en los últimos años con financiamiento de organismos internacionales han tomando como referencia criterios técnicos de otros países. “Cuando no hay política propia, se considera como bueno financiar grandes obras en grandes ciudades porque ahí se pondera el número de beneficiarios. Pero si se piensa el país focalizado en ciertos lugares, se pierde de vista todo lo que pueden implicar estos servicios, en términos de desarrollo, para otras zonas del país”, explica la especialista, que es coordinadora del Programa SEDCERO.

La movilidad poblacional también debería ser tenida en cuenta en la planificación del abastecimiento, puesto que la población de otras ciudades se mueve en función de esos servicios, en especial si se trata de agua. “Conocimos ciudades de 3000 o 4000 habitantes que en menos de cuatro años pasaron a duplicar sus habitantes, y que ahora tienen problemas de agua porque ya no les alcanza la red, sumado a un problema habitacional”, dice Juarez y agrega que otra de las cuestiones que querían visibilizar con la plataforma del agua es la relación que existe entre falta de acceso al agua y pobreza estructural.

Al respecto, el mapa del agua destaca que hay 300.000 hogares en el país que no tienen baño, el 41% de la población urbana no tiene cloacas y el 51% de los hogares que accede a agua por canilla comunitaria es pobre estructural. “Una de las razones por las cuales hicimos esta plataforma es porque no existe un sistema nacional de información: ni el Gobierno nacional ni la mayoría de los provinciales tienen información sobre a quién le proveen acceso a agua, cómo y en qué calidad, ni cuál es la estrategia para el desarrollo”, dice la especialista, y detalla que, entre la información que relevaron, también tuvieron en cuanta experiencias de universidades que se acercan a los territorios con la intención de ofrecer soluciones a las problemáticas de cada lugar.

“Detectamos que, en general, se piensan los problemas de la misma manera, y eso es parte del problema, porque tenemos una academia que trabaja sobre un pensamiento lineal, que piensa soluciones puntuales para determinados problemas y es necesario pensar los problemas en términos de desarrollo”, sostiene. Y concluye: “Es necesario que el tema del agua en el sentido amplio sea definido como un desafío científico-tecnológico y de política pública. El problema no es de infraestructura, sino que tenemos que poder pensarlo en términos más sistémicos y de desarrollo territorial”.