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Agencia TSS – La semana pasada, mediante una resolución del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno decidió “revisar y auditar” la formación de cinco universidades nacionales que habían sido creadas por ley en septiembre del año pasado. Son las de Pilar, del Delta y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, de Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de Río Tercero, en Córdoba. Cada una de esas instituciones tiene realidades diferentes. Dos de ellas ya existen (Madres de Plaza de Mayo y Ezeiza) y las otras tres se crearon de cero a partir de necesidades locales y ya han presentado sus proyectos institucionales.

“La creación no se puede revertir, salvo por una nueva ley del Congreso”, le dijo a TSS Danya Tavela, diputada nacional (Evolución) y exsecretaria de Políticas Universitarias de la Nación. Tavela es coautora de algunas de las leyes de creación de las universidades cuya puesta en marcha se quiere revisar, aunque advierte que el Ministerio de Capital Humano debe emitir una resolución de puesta en marcha mediante la cual se destinan fondos para ejecutar las leyes. Eso es lo que la resolución de la semana pasada busca frenar, bajo un argumento fiscalizador, según el cual procura «determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa».

Según la diputada, “ni siquiera es una cuestión fiscal, porque al inicio las universidades casi no insumen presupuesto. Tiene que ver con desarticular la expansión del sistema universitario, sumado al congelamiento actual de los presupuestos del sector”. Y lamenta que esta medida solo llevará a que quienes querían comenzar a estudiar en esas localidades no podrán hacerlo, en un contexto en el cual empiezan a aparecer estudiantes que piden protocolos para cursar a distancia porque no pueden pagar el costo del transporte de una localidad en la periferia de la capital cordobesa, por ejemplo, hasta la Ciudad Universitaria de Córdoba. “Lo mismo va a pasar en la ciudad de Buenos Aires dentro de unos meses, cuando termine de aumentar el subte”, cuestionó Tavela.

Junto a la creación de las universidades, la ley también prevé la designación de un rector organizador que lleve a cabo las primeras acciones para la puesta en marcha de cada una de las instituciones, que habían sido designados por el exministro del área, Jaime Perczyk.

Pero la medida del Ministerio de Capital Humano también incluye la suspensión del nombramiento de los cinco rectores asignados. Uno de ellos es Pablo Andrés Yannibelli, que desde su designación, en noviembre del año pasado, estuvo trabajando ad honorem junto con un equipo de alrededor de 30 profesionales, que también participaron de manera voluntaria, en el diseño del plan académico y la creación de la Universidad de Río Tercero, en Córdoba.

“Presentamos el plan institucional con mucha celeridad, con un trabajo que fue arduo, que incluye un plan de factibilidad para la concreción de la Ley de Creación, que muestra claramente cuáles son los sectores económicos y sobre qué cantidad de habitantes de Córdoba impacta. También cómo se articula esta propuesta educativa en relación con las ofertas educativas de otras universidades públicas nacionales en la provincia. Y también demuestra de qué manera esto constituye una apuesta al arraigo para todas las personas que no pueden acceder a una educación de este tipo”, le dijo Yannibelli a TSS.

El martes pasado, casi en simultáneo con el anuncio de la resolución del Gobierno, se presentó ante el Ministerio de Capital Humano el plan institucional de 2400 páginas de la Universidad Nacional de Río Tercero, con el detalle de 22 carreras programadas. “Hicimos un relevamiento y detectamos que hay más de 800 carreras entre todas las universidades nacionales de la provincia, entre tecnicaturas, carreras de grado y pregrado”, dijo Yannibelli, que es abogado y docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA), y aclara que, en base a eso, desarrollaron una propuesta “diferenciadora y complementaria a la oferta existente”.

Yannibelli agregó que, mientras desarrollaban este proyecto, también lograron firmar 56 convenios de apoyo y colaboración con distintas instituciones públicas y privadas de Río Tercero, de la región y a nivel nacional. Estos acuerdos no son solo con universidades públicas como la UBA o la Universidad Nacional de Córdoba, sino también con cámaras empresariales de distintos sectores productivos como el de software y turismo, que demandan distintos tipos de carreras que pueden ayudar a promover un desarrollo más local y regional.

“La propuesta tiene un anclaje territorial, ya que cuenta con el apoyo de empresas y pymes de la ciudad y de la región, adonde hay un polo petroquímico, un cluster manisero y otro de software”, ejemplificó Yannibelli, y destacó que todo esto lo lograron sin presupuesto y gracias al compromiso, no solo de especialistas de distintas universidades del país, sino también de diferentes actores sociales, productivos, educativos, de la sociedad civil, y hasta entidades deportivas. Además, una fundación les ofreció un edificio en el centro de Río Tercero adonde ya podían comenzar a dictar clases.

“Siempre es bueno fortalecer la universidad pública en la Argentina. Claro que todo el sistema puede ser perfectible, pero la universidad sigue siendo un lugar de movilidad social fundamental y asociado al desarrollo”, dijo Yannibelli y agregó que, en el caso de universidades públicas en distintas localidades de las provincias, como las nuevas, también tienen “un anclaje fenomenal en términos del arraigo de la familia a su lugar y son una herramienta que potencia un movimiento económico de contención y desarrollo de las comunidades y las regiones”.

Ante la posible suspensión de la ley, las universidades afectadas están tomando medidas de manera independiente. La de Pilar optó por la vía de la judicialización y el viernes se conoció la intervención de la Justicia Federal para frenar la avanzada gubernamental. El juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó al Estado Nacional suspender de manera «inmediata» el inicio del proceso de revisión de la creación de dicha universidad, según informó Télam.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Río Tercero, junto con el intendente de esa ciudad, Marcos Ferrer, y la diputada Gabriela Brouwer de Koning, tuvieron una audiencia con la Ministra de Capital Humano, Sandra Petrovello, el Secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Durante el encuentro, realizado el miércoles de esta semana, las autoridades nacionales confirmaron que continuarán la revisión de la información presentada por la universidad y, aunque no hubo certezas ni definiciones al respecto las expectativas, son “muy positivas” según el parte de la reunión.

El caso de las universidades de Madres de Plaza de Mayo y Ezeiza es distinto ya que ambas existen y están en funcionamiento. En el primer caso, la nueva ley establece un cambio de estatus jurídico, mediante el cual deja de ser un instituto universitario dependiente del Ministerio de Justicia y se convierte en universidad, dependiente de Educación. “Pero la universidad ya tiene presupuesto, cuenta con más de 5000 alumnos y está dictando clases, con lo cual, vuelve a ser instituto universitario y no habrá modificaciones de la cuestión fiscal ni de su existencia”, aclara Tavela.

En el caso de la Universidad Provincial de Ezeiza, la ley establecía su nacionalización pero, al igual que en el caso anterior, esta institución ya existe y tiene alrededor de 20.000 alumnos, docentes concursados y autoridades electas.

“No hay que medir esto como un hecho aislado, sino ligado a otras políticas educativa del último mes, como la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente 20 días antes del comienzo de las clases, la suspensión de obras públicas para infraestructura y la falta de convocatoria a paritaria nacional docente”, advirtió Tavela.