Ciencia e industria contra el ajuste

La Red de Autoridades de Organismos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) envió un documento a los funcionarios del Gobierno y a responsables de las áreas científico-tecnológicas con adhesiones de empresas y asociaciones industriales, en reclamo por el “ajuste brutal” en el sector y la necesidad de tomar medidas inmediatas para evitar su destrucción. Preocupan los efectos de la Ley Bases.

Por Matías Alonso  
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Agencia TSS – En un documento dirigido al jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino, y al presidente del CONICET, Daniel Salomone, La Red de Autoridades de Organismos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) alertó sobre el impacto del “ajuste brutal” en el sector científico-tecnológico en conjunto con empresas y asociaciones industriales y se le reclama al Gobierno medidas urgentes para revertir la situación.

La RAICYT se formó a principios de este año con el objetivo de defender al sistema científico-tecnológico frente al desfinanciamiento, los despidos y la desarticulación de este sector por parte del Gobierno de la Libertad Avanza. En abril y en marzo habían enviado otros documentos: Uno acompañado por más de 1000 cartas de adhesión de empresarios, representantes de instituciones nacionales e internacionales de ciencia, y científicos destacados de todo el mundo, y otro con la firma de 68 premios Nobel expresando su preocupación por el estado de la ciencia argentina.

Santiago Liaudat, investigador y docente de la Universidad Nacional de La Plata e integrante de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, otra organización constituida a partir de los reclamos del sector científico-tecnológico a este Gobierno, le dijo a TSS: “Nos sumamos al pedido de la RAICYT al llamado a empresarios a que expresen su situación frente a las políticas del Gobierno. Hemos tenido una gran respuesta de empresas de todos los sectores. Y demostramos que la ciencia argentina tiene una relación con el sector empresario, con el sector productivo, y que es una relación fecunda y por eso nos enviaron sus cartas de adhesión”.

«No conocen las instituciones ni les interesa conocerlas, solamente están pasando la motosierra considerando a la ciencia y la tecnología como un gasto y no como una inversión, como pasa en todo el mundo», dice Liaudat.

Rodolfo Liberman, empresario textil de San Martín y miembro de APYME, le dijo a TSS: “El vínculo de las pymes con el sistema científico y tecnológico es fundamental porque, a diferencia de las grandes empresas, no podemos financiar un laboratorio propio. En mi caso, soy industrial gracias a mí vinculo con el INTI. Hicimos un programa de eficiencia energética con el municipio, el INTI y la UNSAM, ya que tenemos tres calderas, y eso nos permitió no solo ahorrar dinero, sino tener más conciencia del uso racional de la energía. Tenemos un parque solar térmico que en zona urbana no hay uno igual en todo Sudamérica. También nos pasó, hace unos años, que hicimos un contrato con la marca francesa Decathlon y tuvimos que desarrollar un producto que no se podía hacer en el país, nadie podía hacer que la tintura quedara pareja en un hilo de algodón y acrílico. Sin el INTI no lo hubiéramos logrado”.

El extenso proyecto de ley tiene 279 artículos divididos en 7 capítulos y ha sido aprobado en Diputados –y que ahora se debate en el Senado– tal como fue mandado desde el Poder Ejecutivo, solo con el agregado de un capítulo de impuestos al tabaco que estaba en el proyecto tratado en enero pero que en esta oportunidad se había sacado. Entre otros aspectos, se declara la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética, y se proponen un régimen de inversiones (RIGI) con grandes beneficios para empresas y una reforma laboral que restringe derechos.

En lo que respecta específicamente a ciencia y tecnología, según Liaudat, “los artículos más graves para el sector son el 3 y el 6. El primero le permite al Ejecutivo modificar los organismos de la Administración Pública Nacional mediante la fusión, la división, el cambio de misión e incluso la disolución. Solo fueron excluídas las universidades nacionales y no se permite la disolución del INTA, el ANLIS Malbran, CONAE, CNEA y el CONICET, pero todos los demás pueden ser afectados, quedan bajo la voluntad de Milei. Y el artículo 6 dispone la intervención de los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, donde hay 17 organismos del sector, excepto INTA, CONICET y la universidades nacionales, que seguramente van a ser intervenidos, como no pasaba desde 1976. Esto haría que se pierda la arquitectura institucional de esos organismos, que tienen representantes de los científicos, del personal, de expertos, y todo se concentraría en una autoridad impuesta por el Poder Ejecutivo. Esto afectaría mucho al desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e innovación, que requiere de estabilidad, políticas de largo plazo, acumulación de experiencias y mantenimiento de las capacidades construidas. Interrumpir estos procesos es algo extremadamente grave”.

Carta de la RAICYT enviada el 7 de mayo a las autoridades del sistema científico-tecnológico con adhesiones de 16 empresas y asociaciones industriales.

En el sector de ciencia y tecnología, los recursos humanos están siendo constantemente atraídos a emigrar del país debido a los bajos salarios, el desfinanciamiento y la falta de perspectivas, pese a que son personas con muchos años de formación en áreas específicas del conocimiento, en las que el Estado ha invertido dinero. Además, en el caso de CONICET, se ha reducido a la mitad la cantidad de becas otorgadas, lo que interrumpirá el recambio generacional. Las políticas actuales seguramente van a favorecer una fuga de cerebros que puede afectar al desarrollo de la ciencia y la tecnología por muchos años. Actualmente, muchos organismos científicos y tecnológicos se encuentran paralizados, con el caso de la Agencia I+D+i como el más visible. En institutos de investigación, la falta de dinero para comprar insumos para investigación también está derivando en una pérdida de capacidades muy costosa para el país.

“También está el capítulo del empleo público, que puede precarizar las condiciones de estabilidad de los trabajadores del Estado dejándolos en disponibilidad aunque estén en planta permanente”, dijo Liaudat. Y agregó: “Privatizaciones como la de NASA, la empresa que administra las centrales nucleares y también colabora en investigaciones, no tiene fundamento. No conocen las instituciones ni les interesa conocerlas, solamente están pasando la motosierra considerando a la ciencia y la tecnología como un gasto y no como una inversión, como pasa en todo el mundo, con economías cada vez más basadas en el conocimiento. En el sector nadie tiene una expectativa de que una intervención o una privatización puedan generar una mejora de un sector al cual desprecian”, dijo Liudat.

“La ley entera afecta nuestro negocio. Estamos intentando hablar con los senadores para que esto no se apruebe. El RIGI es mortal para las pymes porque si se instala una empresa que no agrega valor industrial puede importar todo con unos beneficios que las pymes hoy no tenemos. Deja afuera a todas las cadenas de valor del país. Yo hoy estoy en el negocio textil pero enfrente tengo una fábrica de motorreductores, si esa fábrica cierra y despide a sus empleados esas personas dejan de comprar ropa, desaparecen mis clientes. Lo mismo pasa con las tarifas de energía. A mi me aumentan la factura pero también a mis clientes que se quedan sin plata para comprarme. Esta ley y el decreto son mortales para el país”, concluyó Liberman.

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