Más de un centenar de organizaciones populares y de pequeños productores de todo el país se reunieron para pensar y proponer lineamientos de políticas públicas agrarias. Buscan que se promuevan los desarrollos territoriales, la agricultura familiar y la producción de alimentos sanos a precios justos.
Agencia TSS – Se estima que alrededor del 60% de la producción de alimentos que llega a la mesa de los consumidores argentinos está en manos de la pequeña producción familiar. Sin embargo, es uno de los sectores tradicionalmente más desatendidos y que ha resultado uno de los más afectados por los recortes, ajustes y despidos en el Estado durante los últimos años. “Históricamente, en la Argentina, las instituciones del Estado que trabajaban con la cuestión agropecuaria, como el Ministerio de Agricultura y el INTA, han sido despacho de las grandes patronales del campo. La clase política nunca ha puesto en debate qué campo queremos, excepto cuando fue la discusión de la 125, que en verdad fue un debate trunco”, dice Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT).
La construcción de un programa integral de los sectores populares para el campo, idea que fue propuesta y rápidamente aceptada por diversas organizaciones, fue el eje del Primer Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular, que se desarrolló esta semana en el estadio de Ferro, con la participación de alrededor de 3200 representantes de más de un centenar de organizaciones sociales, campesinas y de pequeños productores familiares de al menos 22 provincias del país.
El encuentro también contó con la presencia de invitados latinoamericanos que compartieron las experiencias de sus países, como Nélida Sifuentes, ministra de Desarrollo Productivo de Bolivia; María Emilia Pacheco, de la Federación de Organismos para la Asistencia Social y Educacional (FASE) de Brasil; y Belén Romero, de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri de Paraguay, entre otros.
“Hace mas de un año que estamos organizando este foro porque la situación nacional de los pequeños productores y pueblos originarios vinculados a la producción es crítica, es algo que veníamos viendo en nuestros territorios y que quedó demostrado con los primeros resultados que empezó a arrogar el Censo Agropecuario Nacional de 2018, que muestra que 100.000 establecimientos agropecuarios cerraron en la Argentina”, afirma Lautaro Leveratto, coordinador nacional del MTE-CTEP Rama Rural, y advierte que en el actual contexto de devaluación, inflación y desregulación de alquileres de la tierra para pequeños agricultores, “están desapareciendo más de 200.000 familias productoras, y no solo es estratégico que esas familias se queden, sino también pensar qué estrategias tenemos para llenar el campo de familias de productores y generar arraigo en los territorios”.
Durante dos intensas jornadas de análisis, debate y reflexión, los participantes se repartieron en 23 comisiones para abordar diversas problemáticas como tierra como territorio y hábitat, semillas, agua, trabajo rural, carnes, lechería, pueblos originarios, modelo productivo y salud. En ellas, estuvieron representados diversos sectores productivos, como el hortícola, los productores de yerba, los pequeños ganaderos, y criadores de cabras y cerdos, así como los pueblos originarios de todos los territorios. También hubo representantes de universidades e instituciones públicas de ciencia y tecnología de todo el país, y “participaron organizaciones de consumidores y de la ciudad, porque no se puede pensar una política agraria solo desde el campo”, destacó Leveratto.
“Estamos dando el debate de qué programa queremos desde los sectores populares, pero no son las reivindicaciones propias de los productores del campo sino la diagramación de un programa integral de qué es lo que debe hacer el Estado con respecto a la política pública agraria, se trata de pensar un programa en función de los sectores populares, y eso implica garantizar alimentos sanos y a precios justos para los miles y miles de trabajadores de todas las ciudades”, coincidió Levaggi.
El rol del Estado y la función de la educación, la ciencia y la tecnología contaron con dos comisiones específicas, aunque también fueron temas transversales que estuvieron presentes en diversas comisiones. “El rol del Estado debería ser el de garantizar el derecho de los pueblos a la vida y, en ese sentido, el agua, la tierra y la semilla son los pilares”, afirma Melina Socchi, técnica de terreno de la Secretaría de Agricultura Familiar en Catamarca, que participó en la coordinación de la Comisión de Agua, y agrega que “la responsabilidad primera que nos toca a los técnicos del Estado que estamos trabajando en agro y ruralidad es seguir sosteniendo la territorialidad”.
Joaquín Córdoba, investigador del INTA IPAF Región Pampeana, que también participó en la coordinación de la Comisión de Agua, se refirió a las limitaciones del sistema científico para llegar al territorio: “Es necesario que haya una priorización dentro de las líneas de investigación o de las becas, orientada hacia problemas estratégicos, y el de la producción de alimentos en manos de la agricultura familiar tiene que estar priorizado con políticas públicas del sector de ciencia y tecnología”, sostiene el ingeniero agrónomo y recuerda que, siguiendo las reflexiones de Carlos Varsavsky, “toda ciencia es política y si queremos un desarrollo soberano y sustentable con gente en el campo y mejoras en la calidad de vida de la población rural, que genere arraigo, es necesario que todos y en particular el sistema de ciencia y tecnología se oriente a resolver esos problemas”.
Al respecto, Elías Amador, presidente de la UTT, resalta la necesidad de que el pequeño productor sea reconocido por el Estado, mientras que las instituciones de ciencia y tecnología son importantes, en tanto ayuden y motiven a seguir produciendo porque hoy los jóvenes se están yendo a la ciudad. “Creo que es muy importante la investigación, pero que también participemos en ella los campesinos y campesinas”, agregó este productor hortícola de La Plata. Amador dice que otra de las demandas que estuvo presente en diversas comisiones es la necesidad de contar con una educación agraria acorde a las características propias de cada territorio, no solo a nivel universitario sino también desde los niveles educativos iniciales, e incluso destinada a los productores.
La licenciada en Nutrición Noelia Vera, investigadora especializada en prácticas de producción y consumo alimentario, ejemplifica: “Tanto en la Comisión de Salud como en la de Rol del Estado se problematizó sobre la necesidad de formar ingenieros agrónomos y profesionales de salud distintos, y sobre qué rol debería tener el Estado en su formación”.
Para el cierre de la jornada, en el que se presentaron las propuestas de políticas públicas, estaban invitados los distintos espacios políticos y actuales candidatos electorales, pero solo participaron unos pocos referentes. “Era más o menos lo que esperábamos, porque sabemos que la mayoría de los funcionarios están sujeto a las políticas que viene implementando el Gobierno”, se lamentó Amador, y detalló que entre las principales medidas con posibilidades de concretarse en el corto plazo se encuentra la Ley de Agricultura Familiar, “que ya existe y solo necesita ser reglamentada y recibir presupuesto”.
Otras temáticas destacadas fueron: el acceso al agua para riego y consumo humano con tarifas diferenciales para los pequeños productores, la necesidad de detener las fumigaciones y contar con promotores de salud en los distintos territorios, la promoción de la agroecología así como el acceso a estos productos que hoy tienden a ser costosos, y que el Estado intervenga en el desarrollo de infraestructura y la comercialización interna de lo producido por la agricultura familiar.
09 may 2019
Temas: agricultura, Agricultura familiar, agroindustria, Alimentos, INTA, Pequeños productores, Producción de alimentos, UTT