Agencia TSS

Agencia TSS — “Se dice que Argentina produce para alimentar a 400 millones de personas pero no podemos alimentar a los 40 millones argentinos”, dijo Alejandro Balazote, especialista en Antropología Rural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), durante la presentación de un informe elaborado por el Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA) sobre aspectos de la propiedad intelectual en semillas. El tema lleva años de controversias puesto que pone en riesgo la producción y el acceso a alimentos variados y de calidad, y favorece la concentración de la actividad en grandes empresas.

Actualmente, en la Argentina las semillas están reguladas a través del INASE, mediante la Ley de Semillas 20.247 (del año 1973) y por la norma internacional UPOV (1978), que respeta el derecho de los productores de conservar las semillas para uso propio. A finales del año pasado —desoyendo la diversidad de posiciones planteadas durante semanas de conversaciones entre distintos sectores involucrados—, el oficialismo aprobó un dictamen del cual se desconoció su letra hasta el momento de la votación. A pesar de que aún conserva estado parlamentario, a finales de agosto se conoció la intención presidencial de modificar la normativa vigente con un decreto de necesidad y urgencia (DNU), medida que tampoco prosperó.

“La semilla controla toda la cadena productiva, por eso hay tanta disputa en torno a una ley que la regule. Lo principal que querían cambiar es el derecho de uso propio, para convertirlo en una excepción. Así, se les quita un derecho a los productores para dárselo a las semilleras, con el argumento de que la ley es obsoleta porque no reconoce los cambios en la tecnología”, dijo Gustavo Schrauf, titular de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).

Actualmente, solo tres grandes corporaciones concentran el 60% de las ventas de semillas y el 70% de los agroquímicos, a nivel mundial.

 

“Ese argumento es falaz, ya que el proyecto de ley no menciona la transgénesis”, advirtió el especialista y afirmó que, lejos de promover la investigación y el desarrollo de innovaciones en las semillas, una ley así potenciaría la concentración.  Al respecto, el documento presentado por OUBA advierte que ya en el año 2005 el mercado mundial de semillas estaba concentrado en pocas manos (la multinacional Monsanto había adquirido 27 empresas semilleras en el mundo, Bayer a 21, Dow a 12, Dupont a 51 y Syngenta a 20) y que tres grandes corporaciones en el mundo concentran actualmente el 60 por ciento de las ventas de semillas y el 70 por ciento de los agroquímicos a nivel mundial. En esto mucho tuvo que ver que Bayer adquirió a Monsanto, que Dow y Dupont se fusionaron, y que Chemchina (la gigante agroquímica China) adquirió a Syngenta y a una de las semilleras argentinas más importantes: Nidera.

“Diversos autores demuestran que las patentes, en vez de promover las innovaciones, son un freno al desarrollo ya que generan un freno para que nadie entre al mercado”, agregó Schrauf. Existen casos en los que las empresas compran patentes para no desarrollarlas, porque competirían con sus productos, sostuvo el especialista. El resultado de esa concentración no solo genera consecuencias económicas, sino también biológicas: “Una cuestión muy preocupante es la pérdida de diversidad genética de cultivos. Estas compañías no están interesadas en cuidar el acervo genético, una vez que consiguen una línea que tiene un rendimiento bueno y estable”, advirtió.

Balazote recordó que en la Argentina conviven dos tipos de producciones, una destinada a exportar, que se rige por una matriz diseñada por el comercio internacional, y otra vinculada al consumo local, en manos de productores medianos y pequeños. “Desde la llegada del Gobierno de Macri, es notable la falta de apoyo a la pequeña agricultura, el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar y el desfinanciamiento de los programas destinados a este tipo de producción”, sostuvo el especialista.

El cultivo de soja en el país se ha cuadruplicado desde 1985 hasta la actualidad. Fuente: OUBA

 

“Me pregunto si la reforma atiende las necesidades de alimentación que se especifican en la guía nacional que produce el Estado y cuál es el impacto que tiene en la producción de alimentos. Buena parte de la cosecha de granos se destina a la producción de biocombustibles, en detrimento de la producción de frutas y verduras frescas, carnes y leche. En la población de la argentina no estamos cumpliendo ni en un cuarto con el consumo de frutas y verduras recomendado”, dijo la doctora en Antropología Gloria Mancinelli sobre este proyecto que, según la investigadora, no solo criminalizaría a los agricultores por conservar las semillas que produzcan sino, también otros espacios de conocimiento, ya que los productores desarrollan tecnologías para mejorar sus cultivos.

“En el marco de la soberanía alimentaria, se han dado experiencias que producen conocimiento en semillas y viejas técnicas de producción, para atender a problemáticas de salud como hambre, malnutrición y desnutrición. ¿Quién va a regular todo esto?”, se preguntó Mancinelli, que también es docente de la Cátedra de Socioantropología en la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA. Al respecto, Balazote subrayó que el rol del Estado es “fundamental”, no solo vinculado a cuestiones macroeconómicas, sino también en la definición de políticas sectoriales para la producción y acceso a la tierra.

 

“Una cuestión muy preocupante es la pérdida de diversidad genética de cultivos. Estas compañías no están interesadas en cuidar el acervo genético, una vez que consiguen una línea que tiene un rendimiento bueno y estable”, advierte Schrauf.

 

Sobre esta última problemática, el documento elaborado por el observatorio da cuenta del proceso de concentración de la tierra y sus consecuencias, como la expansión de la frontera agraria y los crecientes desmontes, para avanzar en la producción de unos pocos cultivos de exportación, principalmente soja. En detalle, de los 421.221 establecimientos agropecuarios que había en la Argentina en 1988, en el año 2002 quedaban 333.532 y para el 2008 habían descendido a 276.581.

“Si en la década de 1990 había cinco millones de hectáreas cultivadas, a principios del 2010 esta cifra ascendía a 18 millones y en la actualidad supera los 20 millones”, dijo Sebastián Valverde, especialista en Antropología Rural de la Facultad de Filosofía y Letras. En paralelo, también aumentó la pérdida de bosques nativos. Según indica el documento, en 1937 la Argentina contaba con 37 millones de hectáreas de bosques nativos y en 1987 esta cifra había descendido a 35 millones. Desde entonces y hasta el año 2016 se perdieron más de siete millones de hectáreas más. “Se trata de unos de los casos del mundo con mayores niveles de deforestación en pocos años, es decir, de una reducción agresiva de sus bosques nativos”, se lee en el documento de OUBA.