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Agencia TSS – Antes de la última dictadura militar, trabajadores del INTA y de las universidades, junto con productores de comunidades campesino-indígenas de Chaco, lograron mejorar gallinas ponedoras adaptadas al alimento disponible, principalmente el sorgo “antipájaros”, pero intereses comerciales y políticos más fuertes, de la mano de las compañías farmacéuticas, interrumpieron ese avance. El relato, según las memorias de Sigfrido Krakt, lo rescata el ingeniero agrónomo Fernando Frank, que en diálogo con TSS destacó que, pese a los vaivenes del sector y más allá del avance de la revolución verde que transformó al campo argentino, el sistema de ciencia y tecnología en agricultura “es fuerte y hay mucha experiencia en cada una de las cadenas de valor, de carne o cualquier cuestión alimentaria”.

El ingreso de la soja transgénica y del paquete tecnológico asociado, que utiliza químicos y agrotóxicos, se habilitó a mediados de los noventa a puertas cerradas, sin debate ni participación de los distintos sectores involucrados ni de la sociedad. Por entonces, el actual ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, ocupaba el cargo de Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. El cambio de modelo se celebró bajo la promesa de más desarrollo e ingreso de divisas, pero hoy, casi 25 años después, los resultados demuestran lo contrario: esa soja ocupa el 60% de la tierra cultivada del país, concentrada en grandes empresas (según el último Censo Nacional Agropecuario hubo un retroceso de 100.000 unidades productivas familiares en todo el territorio). Las consecuencias: el aumento en el uso de agrotóxicos, el desplazamiento territorial y expulsión de campesinos a las ciudades, y el desmonte en las provincias del norte, que hoy ubica a la Argentina entre los 10 países con más deforestación del mundo.

Por eso, cuando el 6 de julio se conoció el comunicado de Cancillería sobre un posible acuerdo con China para la construcción de megafactorias de cerdos en la Argentina, para exportarlos a ese país asiático, las voces de alerta no tardaron en multiplicarse, generando controversias en distintos sectores y un rechazo no solo desde las organizaciones sociales, civiles y ambientalistas, sino también de ciudadanos de manera individual, que al 20 de agosto suman más de 123.300 firmas.

“No sé si hay muchos antecedentes de un tema agroalimentario que haya tenido este nivel de rechazo”, destacó Frank, que participó en la elaboración del Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, y cuestionó: “Hay expertos en todas las provincias, de las facultades de Agronomía y Veterinaria y del INTA, por ejemplo, algunos con más de 30 años trabajando en producciones animal. Que ninguno haya sido consultado quiere decir que hay unos pocos funcionarios que están comprando a carpeta cerrada una propuesta que no tiene en cuenta la situación argentina, la experiencia y capacidad de discutir”.

Más de un mes después de que Cancillería difundiera la comunicación, Solá y el ministro de Comercio de la República Popular China, Zhong Shan, anunciaban una “asociación estratégica” entre ambos países, referida a la producción de carne porcina, y una “inversión mixta entre las empresas chinas y las argentinas”. Todavía no se conocen los detalles del acuerdo, quiénes participarán de estos emprendimientos, ni cómo se desarrollarán. Por eso, ante el hermetismo de las negociaciones y los riesgos sociales, ambientales y productivos que podría generar este acuerdo, desde diversos sectores reclaman mayor transparencia y que se abra a un debate en el que los distintos actores involucrados puedan participar.

“No hay ningún motivo por el cual hacer cerdo a lo loco, porque está demostrado que si se hace mal, se generan un montón de problemas. La producción de cerdos, en un esquema de diversificación de producciones, puede funcionar perfectamente. Hay que pensar esa producción integrada con las necesidades de los territorios y con las necesidades alimentarias, hay muchas experiencias y conocimientos para hacerla así”, sostuvo Frank, que trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) desde hace más de 10 años.

“La Argentina tiene espacios institucionales y gubernamentales muy importantes, como el Ministerio de ciencia y tecnología, el INTA, el CONICET, el INTI y las universidades, que generan un sistema de innovación y desarrollo tecnológico que deben, y en muchos casos lo hacen, abordar soluciones tecnológicas para los problemas de desarrollo productivo”, coincidió el médico veterinario y trabajador social Sergio Dunrauf, de la Corriente Agraria Nacional y Popular, durante un conversatorio organizado por el Foro por un Programa Agrario Nacional.

“Estamos de acuerdo con la necesidad de generar divisas y valor agregado a partir de las exportaciones, y también que es importante la relación geopolítica con China, pero nos parece que un proyecto llave en mano, como el que se ha planteando, con 25 granjas de 12.500 hembras cada una, no está pensado en este sentido, ya que viene con toda la tecnología, una genética, instalaciones y formas de producción que no sabemos cómo serán y que nos generan grandes dudas en cuanto al desarrollo nacional y a cuánto soluciona de los problemas que tiene nuestro país”, agregó Dunrauf, que además fue investigador en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región Pampeana (IPAF) del INTA.

“Nos ven como un actor marginal dentro de la estructura agraria pero nosotros podemos demostrarles que no lo somos, que nuestro sector da de comer a nuestro país, que garantizamos la salud y el alimento, porque el modelo de la revolución verde no dio de comer ni garantizó el trabajo”, sostuvo durante le conversatorio Paola Escobar, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de Santiago del Estero.

“Debatamos, pongamos sobre la mesa la cuestión del cerdo, con quiénes y de qué modo producirlo”, agregó el productor de cerdos José Luis Ivolti, del Movimiento Campesino Liberación, y propuso la creación de una mesa nacional porcina, “similar a lo que fue el plan ovino nacional y otros planes de desarrollo, en la que todas las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, los pequeños y medianos productores, tengamos la posibilidad de debatir e intercambiar opiniones sobre cómo no perder esta oportunidad de producir alimentos sanos, seguros y soberanos, con una gran participación del Estado, para garantizar la producción de cerdos para el mercado interno, y que los pequeños productores también puedan participar en las exportaciones de esa carne, a China u otros países”.

Por su parte, la socióloga especialista en economía social y agricultura familiar Mercedes Caracciolo, de la Cooperativa La Yumba, apeló a los consumidores y propuso abrir un debate “amplio y profundo” sobre los modelos de producción, comercialización y consumo de alimentos. “Las y los consumidores, organizados en cooperativas y de otras formas, podríamos traccionar a los productores y al Estado para que los proyectos que surjan para el campo se diseñen priorizando las necesidades de los seres humanos por alimentos sanos, seguros y elaborados en forma sustentable”, subrayó.

Debatir la producción

“¿Estamos en condiciones de producir cerdos en esa cantidad en Argentina? Sí. ¿Tenemos producción de granos suficiente para alimentarlos? Sí. ¿Frigoríficos? Sí. ¿Puertos y lugares para facilitar exportación? También. Todo eso existe, el tema es con quién y cómo lo hacemos, si es que lo hacemos”, planteó Ivolti, y dijo que en la producción porcina actual en la Argentina más del 95% de los productores tienen menos de 200 madres, son productores de la agricultura familiar y pymes, que tienen más de la mitad de la producción y son el número más importante de productores, mientras que solo 100 productores representan el 30% de la producción.

“Si se piensa en el ingreso de divisas según lo planteado, a corto plazo puede haber una inversión de 2.200 millones de dólares, pero a mediano plazo habrá que “comprar genética, químicos, sanidad e instalaciones que, si está dado por esta tecnología llave en mano, difícilmente se generen en nuestro país, sino que haya que comprarlas en el exterior. Es lo que pasa hoy con maquinaria agrícola, con semillas importadas, agrotóxicos e insumos químicos”, dijo Ivolti.

De manera similar, Frank advirtió que no es lo mismo la cantidad de puestos de trabajo que se van a crear para la instalación de estas granjas que los que luego se sostengan a largo plazo, que serán menos. Además, afirmó que “si se generaran 15.000 puestos de trabajo, que es lo que se escuchó, no es un número significativo para un país grande, en comparación con otros sectores como la construcción, el empleo público o la educación”.

Frente al riesgo de mayor concentración, durante el conversatorio se expusieron distintas alternativas. A la creación de 25 granjas de 12.500 madres, por ejemplo, Ivolti contrapuso una idea compartida por varios durante el conversatorio, así como por otras organizaciones como la UTEP Agraria y el Consejo Asesor de Agricultura Familiar, que propone la creación de 5.000 granjas con 50 madres cada una. “Hay infinidad de productores que desaparecieron, que si tuvieran subsidios o créditos blandos podrían reincorporarse a la producción nuevamente en granjas, de acuerdo con la extensión de tierra que tienen, de 50, 100 y hasta 200 madres”, destacó.

Carlos Ramos, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST), advirtió que el acuerdo que se está negociando “no es sustentable ni sostenible desde lo sanitario, y tampoco desde lo socioeconómico y ambiental. Estamos convencidos de que otro modelo agroecológico, con más cantidad de gente, es posible. El 70% de los productores solo tiene acceso al 3% de la venta o producción. Queremos que sean muchos pequeños campesinos distribuidos en el territorio, con proyectos más chicos y diversificados, no dependiendo de una sola producción, y que sean seguros, teniendo en cuenta el impacto ambiental”, sostuvo.

Dunrauf, que también es Coordinador del programa de Promoción y Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Consejo Social en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), recordó que en la Argentina han funcionado, con diversos éxitos y fracasos, las SAPEM (sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria o de otro tipo) en las que se puede articular la participación del Estado junto con cooperativas y otras organizaciones. “Tal vez haya que pensar modelos organizacionales diferentes, así como repensar la exportación desde el modelo de la producción agroecológica, posiblemente reorganizando la cuestión de escala, pero involucrando a las pymes y pequeños productores campesinos, indígenas y de la agricultura familiar”, sostuvo.

“El Estado debe ser el que articule y garantice la sanidad, que no deje de invertir recursos en SENASA ni en investigación del INTA y las universidades, donde discutamos modelos productivos y el desarrollo nacional”, coincidió Isaías Ghio, Vicepresidente de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), y destacó que la chacra mixta es un deseo de los pequeños productores. “El desafío es debatir la producción. Compartimos las preocupaciones sanitarias, pero las grandes granjas que quedaron en la Argentina hoy funcionan como las chinas”, advirtió Ghio, que además es administrador de la Cooperativa Camilo Aldao, al sudeste de la provincia de Córdoba, y lamentó que, de los 360 productores que había en los años 70 en esa cooperativa, “hoy están trabajando alrededor de 80. En 2011, 40 eran productores porcinos, mientras que hoy solo existen tres. El desafío es recuperar a esos productores que se tuvieron que ir porque se fundían, donde el Estado no estuvo presente y el proyecto siempre fue la revolución verde y la soja”.