Agricultura familiar, campesina e indígena: los desatendidos de siempre

Primero se anunció el cierre del instituto, luego se conoció el despido de alrededor de 700 de sus 900 empleados y, finalmente, esta semana se anunció la intervención del INAFCI, por 90 días. Tres delegados de ATE de ese organismo en distintas partes del país se refieren al impacto de estas medidas en sus territorios.

Por Vanina Lombardi  
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Agencia TSS El Gobierno confirmó esta semana que fueron 15.000 los despidos que se produjeron en el Estado. Entre ellos, quedaron sin trabajo casi la totalidad de las 900 personas que se desempeñaban en el Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), un organismo que fue creado por decreto en el año 2022, para ser el órgano de implementación de la demorada Ley Nacional 27.118, de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina.

Originalmente, este organismo surgió en 1993 con el denominado Programa Social Agropecuario y fue variando en el tiempo. Llegó a ser Secretaría de Agricultura Familiar, durante el Gobierno de Macri fue desmantelado y, en 2022, fue recuperado con la creación del INAFCI, en un intento de atender a este sector que históricamente ha sido desatendido, a pesar de que se ocupa de la producción de la mayor parte de los alimentos que a diario llegan a la mesa de las y los argentinos.

“Pero no se reincorporaron todos los empleados que habían sido dados de baja, solo la mitad”, afirma Eliana Negrete, delegada de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por el Ministerio de Agricultura, que trabaja con pequeños productores del cordón hortícola de La Plata y Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Si bien este instituto aún no tenía designado un presidente, sí contaba con coordinaciones provinciales. Por eso, la mayoría de los trabajadores están distribuidos en las distintas regiones del país, adonde acompañan a 250.000 familias productoras, segúnn las necesidades particulares de cada uno de los territorios. Por ejemplo, brindan asesoramiento para el cultivo de alimentos y la cría de animales desde un enfoque agroecológico, colaboran en el acceso a la tecnología y las mejoras en la infraestructura productiva, en el desarrollo de ferias, en el mantenimiento de sistemas de riego y en la articulación entre las familias productoras y entidades locales, como iglesias, escuelas y municipios. A diferencia del Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA), ofrece un asesoramiento integral desde distintas disciplinas, atendiendo no sólo a lo productivo sino también a lo social.

“Nosotros estamos en San Salvador pero trabajamos a través de equipos territoriales en las cuatro áreas regionales en que está dividida la provincia: valle, puna, yunga y quebrada. Somos 36 compañeros de los cuales cuatro están afectados a la oficina central y el resto somos técnicos de terreno, entre los cuales hay ingenieros agrónomos, veterinarias, sociólogos, antropólogos y comunicadores sociales, que trabajamos las problemáticas rurales en el sector campesino con un abordaje integral”, comenta Carolina Marengo, delegada de ATE en el INAFCI de Jujuy, adonde el instituto llega a alrededor de 30.000 familias de productores y artesanos de toda la provincia.

Por ejemplo, desde el equipo coordinado por Marengo ayudaron a conformar una cooperativa textil  «desde cero», que hoy está integrada por 280 artesanas y artesanos. Tambén tenían previsto armar la primera hilandería de lana de llama del país. Además, trabajan con líneas vinculadas al acceso a la tierra y cuestiones de género e implementan obras para, por ejemplo, llevar agua potable a familias productoras que viven en lugares muy remotos. “Es posible que algunos productores puedan mantener sus emprendimientos durante un tiempo, pero a la larga, sin apoyo técnico, es muy difícil que se sostengan”, lamenta Marengo.

Con las nuevas medidas, las familias productoras dejarán de recibir ayuda y asistencia técnica, lo que pone en riesgo no solo su continuidad productiva sino también el acceso a alimentos más sanos, por parte de los consumidores. Además, este sector también actúa como un freno para el avance de otras actividades extractivas sobre los territorios en los que se desarrollan.

“En La Pampa y la Patagonia teníamos un solo vehículo que se había roto, y como no había presupuesto para arreglarlo, usabamos nuestros vehículos particulares”, sostiene Luciano González, delegado de ATE en INAFCI región patagónica, que trabaja en el instituto desde hace 24 años, y aclara que para poder llegar a los productores de la región presentaban proyectos y obtenían algunos financiamientos en Buenos Aires y otros internacionales. El presupuesto previsto por la Ley de reparación histórica de la agricultura familiar, en cambio, nunca llegó.

Además, el técnico destaca “la entrega” de las y los trabajadores del instituto y los esfuerzos que continuamente realizan para llegar a cada rincón del país, “porque si perdés el contacto con la familia se rompen los vínculos, que es lo que más cuesta en este trabajo: crear vínculos de confianza con los productores”, asegura González.

Se quedaron sin trabajo casi la totalidad de las 900 personas que se desempeñaban en el Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), un organismo que fue creado por decreto en el año 2022.

Despedidos sin aviso

La situación de los trabajadores y el modo en que  se enteraron de que no habían sido renovados sus contratos fue irregular. Si bien la semana pasada se informó públicamente el despido de 900 trabajadores y trabajadoras del INAFCI, ninguno de ellos recibió una notificación oficial aunque, durante el fin de semana largo, 700 empleados fueron dados de baja de los sistemas de Gestión Documental Electrónica que utilizaban cotidianamente para hacer sus tareas.

“Nos enteramos actualizando la página para ver si llegaba algún telegrama, porque les estaban llegando a otros compañeros de Desarrollo Social. Así nos dimos cuenta de que empezaron a darnos de baja del sistema, empezaron por los compañeros con la letra A, B y C, hasta que llegaron a medianoche con la Z”, dice Marengo y afirma que en esas condiciones están los 36 empeados de la delegación de Jujuy a la cual pertenece.

“Hay provincias donde han quedado algunos compañeros activos, pero no se usó ningún criterio que podamos determinar, no hubo evaluación de desempeño, ni lectura de informes, sencillamente porque desde el 10 de diciembre hasta el miércoles pasado no había sido nombrado nadie a cargo del instituto con quien pudieramos dialogar”, agrega Marengo.

“Ahora, toda la información que tenemos respecto de nuestra situación contractual es informal, estamos pidiendo audiencia con la nueva interventora (Inés Liendo, designada recién este miércoles) pero todavía no tenemos novedades”, dice su colega Negrete, de Buenos Aires, y advierte que “por supuestos errores de liquidación”, según les dijeron, tampoco han cobrado el mes de marzo, que sí se ha pagado en otras dependencias del Estado.

Si este sector venía siendo históricamente desatendido, ahora la situación es más alarmante aún: el INAFCI ha perdido casi todos sus técnicos y empleados. La interventora Liendo es dirigente del PRO en Salta y una figura cercana a Mauricio Macri, que en el ámbito privado ha trabajado en la firma Nieves de Mendoza, que llegó a juicio contra una familia de puesteros de Malargüe (Mendoza) por un conflicto de tierras y a otro litigio con la comunidad Mapuche Lof Limay Kurref por tierras en la misma zona.

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