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Agencia TSS – “Una compa tenía que caminar cinco kilómetros con sus cuatro hijos para ver si le daban un turno médico y volver antes del mediodía para llevarlos al colegio”; “siempre tuvimos violencia en las salitas de salud, la única opcion es en el hospital de niños, pero para conseguir un turno tenes que viajar a las tres de la mañana, durante dos o tres horas, los remises no entran al barrio y el micro una vez por día”; “en Misiones, no solo tenemos dificultad para acceder a la salud, también a la educación, a la red móvil, y hasta a la luz, que se corta frecuentemente”. Esos son algunos de los relatos que se escucharon durante la presentación del informe  “Campesinas. Organización para la salud”, elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que fue presentado la semana pasada, con la participación de referentes de distintas comunidades rurales de varias provincias del país.

Según el informe, que explora el acceso a la salud por parte de las campesinas en Argentina, muchas de las mujeres que habitan en zonas rurales acceden al cuidado de la salud a través de las organizaciones campesinas -como la Asociación Mujeres de la Tierra, en La Plata; el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNCI), en Mendoza, Jujuy y Misiones; y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE)-, “que asumen el trabajo cuando el Estado no está presente o lo está de manera intermitente”.

“Las organizaciones campesinas tienen un rol medular en el acceso a la salud, son la condición de la dignidad”, destacó Lucía de la Vega, coordinadora de la agenda transversal feminista y co-coordinadora de la Clínica Jurídica del CELS, durante la presentación de este trabajo. Tal como indica el informe, cumplen un rol central en los cuidados comunitarios y movilizan y tejen redes para sostenerlos y que lleguen a toda la comunidad: suelen estar a cargo de centros de asistencia, roperos comunitarios, comedores y jardines de primera infancia, que también impulsaron. Tienen que lidiar con las visitas discontinuas de las unidades sanitarias móviles, la ausencia de equipamiento para estudios médicos y, para parir, la falta de políticas sanitarias para quienes trabajan de manera “golondrina” y la irregularidad en el stock de anticonceptivos y medicación en las salitas de salud.

“La salud es una experiencia política porque sin la organización colectiva no podría exisxtir”, agrega Vanina Escales, directora del equipo de Movilización de CELS, y recuerda que emprezaron a pensar en este trabajo “porque el aborto se consideraba siempre desde la demanda, pero en el campo esto no era así: allí, el aborto es algo que puede ser un episodio de salud pero las mujeres no se acercan por varios motivos; entonces, lo pensamos como algo más integral”.

Entre los principales resultados de este trabajo, se destaca la falta de acceso a la salud preventiva, educación sexual integral, métodos anticonceptivos y atención adecuada a mujeres embarazadas. “En las salitas, a veces hay anticonceptivos pero van cambiando todos los meses, lo que dificulta seguir un tratamiento adecuado”, sostiene Daiana Aizenberg, integrante del equipo de la Agenda transversal feminista de CELS y advierte que, para la atención de partos, los hospitales suelen estar a un promedio de 100 kilómetros de distancia de los parajes rurales y no tienen presupuesto para el mantenimiento ni la nafta de las ambulancias, que de manera privada cobran muy altos costos por traslado.

Las distancias hasta los hospitales y centros de salud, sumada a la complejidad de la logística familiar, es una de las principales complicaciones que les impide acceder a los cuidados necesarios. Esto es algo que se repite en las distintas provincias analizadas, adonde la atención primaria de la salud es el primer acercamiento de las personas con el cuidado y la prevención. Son indispensables, pero también deben también ser accesibles cultural, geográfica y económicamente.

“En nuestro país, el 54% de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) son de administración provincial y el 45% municipal. La mayoría recibe los medicamentos del programa REMEDIAR y tienen a su cargo la promoción de la salud y la prevención de un promedio de 3.200 personas cada uno. Este programa garantiza el acceso y cobertura de medicamentos esenciales y cubre la demanda del 80% de las consultas del Primer Nivel de Atención. Con la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2023 y la política sin certezas en la cartera de Salud, muchas provincias dejaron de recibir los medicamentos del programa o los reciben sin garantía de continuidad”, se lee en el trabajo.

Otro de los programas cuya continuidad está en riesgo, es la del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que en marzo de 2024 fue recortado drásticamente. Según el informe, la mayoría de las y los adolescentes que buscaron asesoramiento en salud sexual son de género femenino (74%), de entre 15 y 19 años (el 60,9%) y van a la escuela (88,5%). A partir de la implementación del este plan, los embarazos adolescentes bajaron un 57%. Sin embargo, aún quedan 9 provincias con índices superiores al del promedio nacional y Misiones tiene la segunda tasa más alta, con el 52,4 por mil.

Sobre este tema, el informe relata diversos casos en los cuales las niñas y adolescentes embarazadas no reciben el trato adecuado. La violencia obstétrica, además, fue presentada como algo recurrente en las mujeres rurales, independientemente de la edad. Entre los relatos que aparecen en el informe está el de Mercedes, que tuvo que esperar seis horas en la sala de la guardia en La Plata porque, según los médicos, aún no estaba para subir al quirófano, a pesar de que su experiencia en otros partos le decía que ya estaba por nacer, y su bebé nació allí, en la guardia, asistida por las otras personas que estaban esperando ser atendidas.

Otro caso es el de la hija de Marta en Santiago del Estero, a quien le negaron la internación cuando comenzó su trabajo de parto: su bebé falleció, a ella le realizaron un legrado y le dieron el el alta. O el de Leonor, que pasó la noche parada en el pasillo del Hospital de La Banda con su hija recién nacida luego de una episiotomía, porque faltaban camas y no había más colectivos para volver a Quimilí, adonde vive.

Tal como detalla el informe, a dos de cada tres personas gestantes primerizas en nuestro país les hacen episiotomías, a pesar de que no hay evidencias de sus beneficios como intervención de rutina. De manera similar, las cesáreas, que deberían aparecer como una práctica médica extraordinaria, se imponen muchas veces en estos casos por la complejidad logística para llegar a los hospitales. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el porcentaje ideal de cesáreas es de entre el 10% y el 15% sobre el total de los nacimientos. Sin embargo, en la Argentina se llegaron a triplicar los valores recomendados. En 2019, el 37% de los partos realizados en el sistema de salud público fueron quirúrgicos y, si bien no hay datos precisos, se estima que en el sector privado alcanza el 70% de los nacimientos.

Agrotóxicos y más abortos espontáneos

Otro de los datos que surgió como una preocupación de las mujeres campesinas, en las reuniones y encuentros con las comunidades que participaron en el estudio, es el impacto del uso de los agrotóxicos sobre sus cuerpos. Actualmente, existe evidecia científica sobre el impacto de la exposición al glifosato y otros pesticidas sobre la salud humana y especialmente la reproductiva. Un informe del Centro de Derechos Reproductivos, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Reproductivos en 2023, señala, entre otros, a los “trastornos de fertilidad, abortos involuntarios, nacimiento de niños y niñas con bajo peso, riesgo de parto prematuro, preeclampsia, malformaciones congénitas, infecciones y hasta aumento en la probabilidad de muerte de recién nacidos”.

En la Argentina, indica el trabajo del CELS, las personas gestantes expuestas a los agrotóxicos tienen 75% más de probabilidades de sufrir un aborto involuntario durante el primer trimestre de la gestación. En el país, se utilizan 340 ingredientes para la formulación de plaguicidas, entre los cuales hay 120 que no están aprobados por la Unión Europea. En promedio, se aplican 15 litros por hectárea por año, mientras que para el algodón esa cifra alcanza hasta 40 litros.

Según un estudio presentado por el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA), en el VII Congreso Internacional de Salud Socioambiental de Rosario en 2023, los abortos espontáneos se triplicaron en la región agroindustrial Centro y Sur de Santa Fe entre 1996 y 2018 (plazo contemplado por el estudio) y escalaron de 6 a 17 por año.

El informe de CELS advierte que una situación similar se replica en varias partes del país: “Para las mujeres que conocimos en las localidades de Quimilí, Abasto, San Antonio, Bernardo de Irigoyen y Jocolí los abortos espontáneos, los nacimientos con malformaciones y el aumento de enfermedades graves son experiencias conocidas”, se lee en el informe.

Para realizar este trabajo, las investigadoras visitaron distintas comunidades campesinas alejadas de las capitales de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones y Jujuy. Además, estuvieron en la zona de Abasto, en la provincia de Buenos Aires, adonde se encuentra el Cinturón Hortícola Platense. La recolección de datos se hizo entre 2020 y 2023, luego de la aprobación de la ley de interrupción legal del embarazo, “sobre todo porque era producto de una conquista en la calle, y también de tejidos entre redes de organizaciones sociales, de abogados y del sector salud”, afirmó De la Vega y destacó: “Nuestro desafío era salir de lo urbano”, concluye.