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Agencia TSS – “Yo aplaudo la conciencia social que han despertado los problemas de medio ambiente y creo que las leyes precautorias son fundamentales porque pueden evitar grandes daños. Pero esa conciencia tiene que ser informada y deben tenerse en cuenta las consecuencias de esas leyes. El caso de Esquel fue una epopeya muy interesante desde el punto de vista social, lograron movilizar a toda la ciudad, llamaron a un plebiscito y obtuvieron el 80 por ciento de aprobación para frenar a una empresa que realmente quería pasar por encima de los intereses del pueblo. Pero veamos qué pasa diez años después: casi no tienen actividad económica”. Con este ejemplo, Víctor Ramos, doctor en Geología e investigador superior del CONICET, planteó desde su postura la complejidad y la polémica que subyace a un debate que comenzó hace más de una década en la Argentina y aún continúa.

Ramos fue uno de los tres expositores de la conferencia “Minería a cielo abierto y fracking: ¿una oportunidad imperdible o una amenaza de alto riesgo?”, realizada el pasado 20 de octubre en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Organizada por los Colegios Académico y Doctoral de la UNSAM, el objetivo del encuentro fue brindar respuestas a esa pregunta desde diferentes disciplinas científicas. Así, además del geólogo, también disertaron Gabriela Delamata, doctora en Ciencias Políticas y Sociología e investigadora del CONICET; y Miguel Blesa, doctor en Química, ex investigador superior del CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El debate fue coordinado por el doctor en Antropología Alejandro Grimson.

“La cuestión ambiental fue surgiendo desde abajo hacia arriba. Uno de los principales problemas públicos que subyacen y preceden a la conflictividad ambiental es la debilidad del Estado”, señaló Delamata. “La protesta social fue una respuesta a la ausencia de información ambiental y a la inexistencia de una autoridad que canalizara los reclamos. Pero tampoco se desarrolló después una política ambiental federal”, remarcó. La investigadora contó que la movilización de Esquel (provincia de Chubut), que dijo “No a la mina” en aquel plebiscito de marzo de 2003, motivó la conformación progresiva de un centenar de asambleas de ciudadanos autoconvocados que posteriormente se vincularon en una red nacional. De esta manera, entre 2003 y 2011, se aprobaron leyes restrictivas a los procesos mineros a cielo abierto en nueve provincias, de las cuales siete continúan vigentes.

Por su parte, Ramos insistió en la necesidad de practicar la minería y citó otro caso, el de las canteras de Tandil, al sur de la provincia de Buenos Aires. “Las canteras de Tandil han hecho desaparecer un cerro para producir piedra. Pero tengan plena conciencia de que, si no hubieran hecho desaparecer ese cerro, no tendríamos carreteras. Tenemos un grave problema de abastecimiento de piedras para la construcción y de algún lado tenemos que sacarlas”, argumentó. Y aclaró: “la minería a cielo abierto es la única forma que actualmente tenemos de explotar esos minerales. Podemos decir no a la minería por un montón de cosas, pero tengamos presente que si queremos vivir como vivimos ahora necesitamos tener minería; y si no queremos, tenemos que actuar de acuerdo a esa posición y volver a una etapa de vida mucho más sencilla. Estoy seguro de que gran parte de la sociedad, si le hablaran de esos sacrificios, ni remotamente pensaría en renunciar a todo lo confortable que le da la sociedad a cambio de preservar un espacio”.

En el mismo sentido, Blesa sostuvo que la posibilidad de accidentes o conflictos ambientales de grandes magnitudes no son exclusivos de la minería, sino que pueden originarse en todas las actividades productivas. Citó algunos ejemplos como la enfermedad de Minamata, causada por un envenenamiento con mercurio a causa de la descarga de una planta química en Japón; y el accidente nuclear de Chernobyl. “Si se mantiene el paradigma de ‘crecimiento igual a progreso’, no parece viable evitar totalmente estas consecuencias ambientales. Es cierto que la nuestra es una sociedad consumista, debemos frenar el consumo excesivo y proponer el uso racional de la energía. Pero no podemos huir hacia atrás. La apuesta más razonable parece estar en el desarrollo de herramientas que minimicen la probabilidad de eventos desfavorables a través del análisis probabilístico de accidentes”, propuso.

Con respecto al fracking, la técnica de fractura hidráulica utilizada para extraer gas y petróleo de yacimientos no convencionales, Ramos indicó que para él “no es que todo el fracking está bien o está mal. Hay que estudiar desde el punto de vista técnico las condiciones de cada lugar y analizar si es factible realizarlo sin producir un daño ambiental irreparable y, lo que para mí es lo más importante, si hacerlo va a redundar en una mejor calidad de vida a los habitantes de esa zona”.

En tanto, Blesa habló sobre algunos aspectos que generan preocupación, como la posible generación de sismos como consecuencia de la actividad. “Según la escala de Richter, los sismos que tienen una magnitud menor a 2 son considerados micro-terremotos, mientras que los que se encuentran entre 2 y 2,9 se sienten muy levemente y ocurren en el orden de un millón por año. Se han registrado algunos casos de microsismos y se los ha relacionado con el fracking, pero todos han caído en la primera categoría y unos pocos en la segunda. De modo que, hasta el momento, es un riesgo que aparentemente se puede tomar”, indicó.

Sin embargo, Delamata llamó la atención sobre la recientemente sancionada Ley de Hidrocarburos. “El capítulo ambiental resultó completamente minimizado en relación con el anteproyecto de ley, que especificaba la realización obligatoria de evaluaciones de impacto ambiental y análisis de riesgo para los proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos; y disponía un mecanismo de monitoreo y control de todas las actividades. Tampoco se prevén mecanismos de participación ciudadana que permitan garantizar la adecuada licencia social a los emprendimientos”, precisó.

Al finalizar las exposiciones, se dio lugar a las preguntas y comentarios del público presente. Una observación planteada fue que, si bien estaban bien representados los distintos enfoques, parecía faltar una visión integral de los problemas debatidos, es decir, un mayor diálogo entre las “ciencias duras” y las “ciencias blandas”. De todos modos, a pesar de las diferencias en los abordajes y conclusiones, los tres expositores coincidieron en la necesidad de un Estado que controle la actividad de las empresas multinacionales y garantice el cumplimiento de las leyes ambientales, priorizando la calidad de vida de la población.