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Agencia TSS – El presidente Mauricio Macri anunció en San Juan la quita de las retenciones a las exportaciones mineras, equivalente a unos 220 millones de dólares que no ingresarán al Estado. La medida se inserta en el marco de otras reducciones de retenciones, como en el caso del sector agrícola, y abrió el debate sobre si la medida representará un beneficio para la Argentina o solo será un traslado de recursos para las empresas que explotan minerales en el país.

El Decreto 349/2016, publicado el 15 de febrero pasado, se justificó en que las retenciones provocaron “una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera”, en “que los mencionados derechos de exportación inciden sobre los márgenes de utilidad» y «generan un mayor costo operativo”, en “la reciente caída en el precio internacional de los metales y demás productos minerales” y en que “la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”.

Diversos legisladores criticaron la medida (que revierte el régimen de retenciones de entre 5 y 10% para la exportación de productos del sector desde marzo de 2002), al considerar que se le otorga un beneficio a empresas transnacionales y a una actividad con alto costo ambiental sin un requerimiento previo de inversiones o desarrollo local.

Las retenciones a las exportaciones mineras eran un impuesto no coparticipable, por lo que financiaban al Estado nacional. En 2015, el sector minero facturó 4000 millones de dólares por exportaciones y ha llegado a los 5500 millones en años en los que las commodities tenían mayores precios. En los últimos días también se ha reactivado el Consejo Federal de Minería, en el que tienen representación todas las provincias y la nación, para elevar propuestas de política nacional minera.

El ingeniero en minas y director del Centro de Estudios para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Hugo Nielson, se muestra optimista y afirma que “sacar las retenciones a la minería hará aumentar la producción. En los países mineros hay una ley que otorga estabilidad fiscal a los proyectos. Desde el momento en que un proyecto es inscripto no se le pueden agregar impuestos nuevos y haber puesto las retenciones a las exportaciones hizo que la Argentina fuera menos atractiva para las inversiones. Por ejemplo, la empresa Glencore tenía dos proyectos en competencia para extracción de cobre en América Latina, uno en Las Bambas, Perú, y el otro en San Juan, Argentina. Finalmente ganó Las Bambas y hoy ese proyecto está en producción, y se han creado más de 18.000 puestos de trabajo. Un solo proyecto pagaría más de lo que se recauda hoy en la Argentina”.

Sin embargo, Nielson considera que sería prudente revisar el sistema impositivo minero: “Hay que hacerlo en general, de manera que las provincias puedan obtener mayores ingresos, ya que sufren las consecuencias de la extracción. Porque, si no, la gente no ve los beneficios de la minería. También habría que revisar el concepto de regalías, que hoy es del 3 % del valor boca-mina. Habría que discutir cómo se calcula ese 3% y si no debería ser sobre el precio final del producto. Tal vez se podría generar alguna revisión de las regalías, para que queden más beneficios para las provincias y para los departamentos donde están emplazados”.

Por el contrario, la economista y doctora en Estudios de Política Científica y Tecnológica Anabel Marin, que es investigadora del CENIT, afirma que “en este tipo de producciones de commodities, la producción en el corto plazo no depende para nada de las retenciones, sino de la demanda internacional y de la perspectiva de inversiones a largo plazo que tenga la empresa”.

Para Marin, “quitar las retenciones a las empresas sin ningún tipo de plan de inversión a largo plazo me parece una medida que no tiene sentido. No podemos esperar que se traduzca en nada positivo para el desarrollo local. En todo caso, si uno estuviera de acuerdo, habría que hacerlo en el marco de un programa de largo plazo, el cual implique un acuerdo con las empresas de inversión y desarrollo de proveedores locales. Me parece una medida muy poco feliz”.