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Los seres humanos toman recursos de la naturaleza y la transforman para elaborar herramientas que a corto o largo plazo modifican sus formas de vida. Por eso, es posible encontrar tecnología –y también ciencia– en casi todas partes, desde el hogar más pequeño hasta grandes emprendimientos industriales. Estos desarrollos, además, se producen en un contexto determinado y van cambiando junto con la historia. Por eso, no solo es importante tener en cuenta los beneficios económicos o productivos que los desarrollos tecnológicos pueden ofrecer, sino también su impacto social y ambiental, así como los riesgos que representan, pues de ellos pueden surgir críticas y resistencias a la implementación de nuevas tecnologías.

“En la economía global del conocimiento, nuevas tecnologías están constantemente lanzándose al mercado y generando riesgos que en realidad son, siguiendo la definición de [Ulrich] Beck, catástrofes potenciales, latentes, que no son fáciles de identificar y que requieren nuevas normas de calidad y seguridad ambiental”, comentó la investigadora Florencia Arancibia, durante el Cuarto Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología (COPUCI), que se desarrolló del 22 al 24 de octubre de 2014, donde expuso su análisis en base a las resistencias ciudadanas que surgieron en la provincia de Córdoba, frente al uso de pesticidas y los cultivos de soja transgénica.

“Las comunidades que se ven afectadas por estos riesgos, en general, no tienen voz en la regulación de esas tecnologías y, en ese contexto, surgen nuevas formas de acción colectivas asociadas que requieren, para poder tener algún tipo de influencia en estas regulaciones, de la producción de un conocimiento contra-hegemónico que sostenga los argumentos de estas comunidades”, destacó la investigadora y recordó el rol fundamental que ocupó el biólogo Andrés Carrasco, que luego de probar los efectos adversos que puede provocar el glifosato en embriones de anfibios, fue removido de su cargo en el CONICET y padeció una campaña de desprestigio que lo apartó de la comunidad científica.

Otros ejemplos se dieron en la provincia de Entre Ríos, adonde no hubo un único referente de la comunidad científica destacada, sino que fueron los ciudadanos mismos los que salieron a buscar información y consultar a especialistas, y se apropiaron del conocimiento. “Durante los últimos años, la percepción del riesgo ambiental ha contribuido a modificar la actitud de los ciudadanos, que asumen una responsabilidad cada vez mayor para evitar o tratar de gobernar esos riesgos”, afirmó el investigador Andrés Gonzalo y puntualizó que en esa provincia del litoral ya son al menos 17 las asambleas de ciudadanos que tratan de frenar proyectos que van desde la instalación de papeleras hasta la posible extracción de combustible no convencional mediante el método de fractura hidráulica (fracking), aunque en el estudio que llevaron a cabo con su colega Andrés Wursten solo evaluaron a cuatro de ellas.

“Lo que nos interesó de esos movimientos asamblearios fue el modo de organización y la apropiación del discurso científico, no solo en el sentido de ciencias naturales o exactas, como por ejemplo en el caso de las pasteras, cuántas dioxinas tiran al río o qué nivel de contaminación tienen, sino también de derecho, de cuestiones que tienen que ver con las ciencias sociales a nivel de proyecto internacional, como el foro ecologista que hace énfasis en el proyecto IIRSA –Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana–, que si bien tienen que ver con estructuras e infraestructuras de producción de Sudamérica, le imprime una mirada de organización a nivel mundial”, subrayó Wursten y propuso “salir a construir conocimiento no solo sobre estos movimientos sino también con ellos”.

Otro de los movimientos que intentan lograr gobernabilidad del riesgo es el que surgió en los últimos meses, luego de que se diera a conocer la intención de trasladar de Córdoba a Formosa la planta de fabricación de dióxido de uranio Dioxitec. “No es el traslado sino la sustitución de una planta obsoleta, que ya ha cumplido su vida útil y debe multiplicar su producción porque entró en servicio Atucha II”, aclara Hugo Martín, que se preocupa por lograr la participación ciudadana y fomentar el dialogo entre la empresa y los vecinos que se han ido instalando en los alrededores de las instalaciones.

Allí, el conflicto no solo se presentó entre los pobladores de Formosa, sino también en los que viven del otro lado de la frontera, en Paraguay. Sobre esta problemática, el investigador Agustín Piaz, de la Universidad Nacional de San Martin y el CONICET, destacó el rol de las redes sociales para la organización de estos grupos y propuso “distinguir entre noción y percepción de riesgo, porque en la evaluación, la nuclear no es una tecnología que presente muchos accidentes y, sin embargo, es percibida como altamente peligrosa”.

Por su parte, luego de hacer entrevistas y rastrear las percepciones en torno a la energía nuclear en la provincia de Córdoba –adonde los vecinos también exigen el cierre de la planta–, elaboró y propuso un plan de comunicación basado en una planificación estratégica, siguiendo dos modelos complementarios: uno mediante la búsqueda del consenso y el otro según el denominado enfoque de los espacios mentales alternativos. Sobre este último, ejemplificó: “una de cada 4 personas que se interna en una clínica lo hace para un tratamiento de medicina nuclear, es el 25 % de la sociedad, ese espacio mental debe ser promovido”, frente a las percepciones negativas que predominan sobre esta tecnología.

La problemática es compleja y difícil de resolver. Es necesario intensificar el debate y promover la participación ciudadana en la definición de regulaciones, ya que el plan nuclear está en marcha: “es una actividad estratégica para el país y, al cerrar Dioxitec, cerramos el ciclo de combustible en ese punto y, si dejamos de hacerlo en Argentina, el país dependerá de un proveedor exterior”, se preocupa Martín y reclama “un cambio en la actitud del Estado, de los trabajadores y de la institución, dispuestos a aceptar un no, esa es tal vez la parte más difícil”.

Los avances científicos y tecnológicos pueden ayudar al crecimiento del país y a su avance en la búsqueda de la independencia económica. Pero al mismo tiempo, también pueden convertirlo en receptor de proyectos tecnológicos industriales que son rechazados o expulsados de los países centrales. Para que esto último no ocurra, es importante seguir analizando estas cuestiones, promover el desarrollo y la difusión de nuevos conocimientos científicos que ayuden a entender estas problemáticas y potenciar el debate y la participación ciudadana.