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Agencia TSS — La provincia de Neuquén se ha convertido en un lugar atractivo para grandes inversiones mineras, principalmente tras el “boom” de producción de hidrocarburos en Vaca Muerta que se produjo en los últimos años. Según datos del Ministerio de Economía e Infraestructura neuquino, existen 84 establecimientos mineros de petróleo y gas en esa provincia, adonde el año pasado hubo extracciones récord de 15.706.157 m3 y 30.660,7 millones de m3, respectivamente, según datos del Gobierno nacional. Se estima que el sector seguirá creciendo durante este año y, mientras que algunos actores se centran en el potencial de desarrollo de esta actividad, otros grupos se preocupan por los riesgos e impactos que esto pueda provocar en la salud pública y a nivel ambiental.

A mediados del mes pasado, convocados por la organización no gubernamental estadounidense Earthworks, especialistas de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Periodistas por el Planeta y el Observatorio Petrolero Sur (OpSur), viajaron a Vaca Muerta y, entre otras actividades, registraron emisiones en distintas etapas del proceso productivo de hidrocarburos con una cámara de gas óptico capaz de visualizar una veintena de gases nocivos para la salud pública. Además, conversaron con referentes de comunidades locales que pueden resultar afectadas por la contaminación del aire.

“Filmamos 25 casos de emisiones en Vaca Muerta y encontramos emisiones fugitivas a nivel de pozos pero, principalmente, fugas y venteos. Si hay normas, algo no se está cumpliendo y se debería cumplir”, afirmó Patricia Rodríguez, analista internacional OGI (por la sigla en inglés de imágenes ópticas de gases) y miembro de Earthworks (que está implementando un proyecto piloto que busca documentar la contaminación ambiental que provocan de los hidrocarburos en distintos países, entre ellos la Argentina), durante una capacitación a periodistas que brindó la FARN, de la que participó TSS.

En la Argentina, el sector de hidrocarburos es el principal emisor de gases de efecto invernadero, que aporta mayormente dióxido de carbono (CO2), seguido por metano, un gas que, a nivel mundial, se estima que constituye alrededor del 16 por ciento de dichas emisiones y es el segundo causado por las actividades humanas, por debajo del CO2. El metano es uno de los cuatro contaminantes climáticos considerados de vida corta (CCVC), ya que permanece en la atmósfera por 12 años, mientras que el CO2 lo hace por un siglo.

“Este dato es importante, ya que toda reducción de gas metano que se haga hoy impactará en la atmósfera dentro de 12 años, mientras que el impacto en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero se reflejará recién en un siglo”, explica Giselle Munno Dithurbide, abogada e integrante de Asuntos Legales de FARN. Además, destaca que, por eso, es importante la reducción conjunta de emisiones de estos cuatro contaminantes y de los gases de efecto invernadero, para limitar el aumento de temperatura en el corto plazo en 1,5 grados y evitar fenómenos meteorológicos extremos, como cambios en los patrones de precipitación, olas de calor, inundaciones, sequía y el deshielo glacial, tal como lo indica el reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Además, el metano también constituye una preocupación para la salud pública ya que es el principal precursor del denominado ozono troposférico, que es el que está en la capa superficial de la Tierra que se extiende desde la superficie hasta entre 10 y 15 kilómetros hacia la atmósfera, y por eso se vincula con la contaminación del aire, que ha sido vinculada a un aumento en los casos de asma, enfermedades respiratorias y problemas cardíacos. Se estima que más de un millón de muertes prematuras se relacionan con la contaminación que genera el ozono troposférico, de las cuales alrededor de la mitad se vinculan al metano.

“Hay una narrativa muy fuerte sobre la transición energética a partir de gas natural, pero el metano es uno de sus principales componentes. Por eso el gas no puede ser un combustible de transición, porque se necesita recortar esas emisiones para alcanzar los compromisos del Acuerdo de París”, advierte Munno Dithurbide, y destaca que, con la tecnología que ya existe, se pueden reducir un 45% las emisiones de metano.

Regulaciones y fugas

Alrededor del 60% de las emisiones de metano en el mundo provienen de la agricultura, las minas de carbón, los vertederos y los sistemas de gas natural y petróleo. El resto, surge de fuentes naturales como pantanos, hidratos de gas y termitas. En la Argentina, la principal fuente de emisión de gas metano también es la agricultura, la ganadería y otros usos de la tierra, seguida por los residuos que no son tratados y el sector de energía, en tercer lugar.

En este último caso, el metano se emite a la atmósfera durante la producción, el procesamiento, el almacenamiento, la transmisión y la distribución de gas natural y durante la producción, la refinación, el transporte y el almacenamiento de petróleo crudo. Para reducir esas emisiones, es necesario, entre otras cosas, minimizar las fugas de los gasoductos de transporte y distribución a larga distancia, ampliar la recuperación y utilización de la producción de gas y petróleo y recuperar y utilizar el gas y las emisiones fugitivas que se producen durante la producción de petróleo y gas natural.

Para controlarlas, existen recomendaciones y regulaciones, tanto a nivel global como local. En el país, por ejemplo, la Ley de Aire (20284), establece límites de presencia de contaminantes y parámetros de mediciones de calidad del aire. Además, existen normas y lineamientos técnicos ligados a las distintas etapas de la actividad de explotación de hidrocarburos, principalmente establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación.

“Una de las regulaciones principales para el upstream es la resolución 105/92 y, para el venteo de gas, la resolución 236/93, de la Secretaria de Energía, modificada por la 143/98, que establece limites permisibles, condiciones y cantidades para ventear”, explica Munno Dithurbide, y aclara que el gas que se ventea es el que no se puede aprovechar como combustible y debe ser quemado. Y que si no se lo quema es necesario que la empresa explique por qué no lo hace. Además, la norma prevé que se puedan solicitar excepciones en casos específicos, que de ser aprobadas son temporarias. Además, la Secretaría de Energía de la Nación emite reportes mensuales a partir de imágenes satelitales. En marzo de este año, se detectaron más de 400 anomalías térmicas (que implican una probabilidad de venteo) en áreas de explotación petrolera, de las cuales 140 corresponderían a posibles venteos con quemas de gas. El 75% de esas anomalías ocurrieron en la provincia de Neuquén (principalmente en las concesiones de Loma Campana y La Calera, ambas en Añelo), seguida por Santa Cruz, adonde detectaron el 12% de las anomalías térmicas, y Río Negro, que registró un 10% de ellas. Específicamente, se detectaron 105 anomalías térmicas en 20 concesiones de explotación petrolera en esa provincia. La mayor cantidad de ellas ocurrió en La Calera, adonde registraron 19, seguida por Loma La Lata-Sierra Barrosa, con 15.

“Cuando se transgreden las normativas y disposiciones que aplican en estos actos, la normativa de Neuquén hace hincapié en la multa como sanción, pero esto en la práctica no surte efecto y es bastante grave, porque las empresas pagan la multa y siguen contaminando”, afirma la abogada de la FARN. Y también recuerda que la Secretaria de Energía tiene facultades de fiscalización y sanción, y prevé la posibilidad de dar caducidad a las autorizaciones e incluso cerrar los pozos operativos que no cumplan la norma.

Rodríguez agregó que, a nivel global, hay organizaciones como Clean Air Task Force (CATF) que sugieren que las industrias usen cámaras de gas óptico para detectar fugas que pueden ser mejoradas. “De ese modo, se podrían reducir las emisiones fugitivas hasta en un 90%”, destaca la especialista, pero aclara que Earthworks considera que los controles no deben quedar librados únicamente a las empresas y los gobiernos, sino que “también tiene que haber un seguimiento por parte de la sociedad civil”, advirtió.

Al respecto, Ariel Slipak, coordinador Área de Investigaciones en FARN, que fue parte del grupo que viajó a Neuquén, cuestionó la resistencia que usualmente ponen las empresas privadas en el país para brindar información. “Es un problema sintomático en la Argentina”, dijo, y concluyó: “La tecnología que tiene Earthworks también la tienen las empresas, pero la sociedad civil y las comunidades que viven y han sido desplazadas no las conocen y necesitan más información y transparencia para verificar si lo que detectamos está declarado y si se encuentra dentro de los límites permitidos o no”.