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Una publicación conjunta entre investigadores y referentes de la sociedad civil da cuenta de cómo las instituciones provinciales y el poder de los agentes involucrados favorecen las deforestaciones ilegales en el Chaco Seco argentino, una de las regiones más afectadas por la pérdida de bosques nativos. Los datos relevados pueden ayudar a mejorar las políticas públicas y la posible reforma de la legislación vigente.
Acaparamiento de tierras, contaminación de las aguas, desmontes, sequías y oleadas migratorias son algunas de las problemáticas que prevalecen en la región del Gran Chaco argentino, tras el avance de un modelo productivo que promete desarrollo local pero genera beneficios para pocos. Así lo detalla un artículo recientemente publicado que analiza las dinámicas de producción y exclusión en esos territorios.
El ACUMAR y el INTI firmaron un convenio de cooperación para desarrollar sensores que midan la contaminación del agua en tiempo real. El proyecto no solo busca controlar a las industrias de la cuenca que vierten efluentes en la cuenca Matanza Riachuelo, sino también verificar la calidad del agua en la zona.
Representantes de la agricultura familiar, legisladores y académicos reflexionaron sobre el rol del Estado y de las asociaciones civiles en el desarrollo y la implementación de políticas públicas necesarias para resolver la crisis alimentaria que atraviesa la Argentina.
Tanto en el campo como en las ciudades, las más de 40 comunidades originarias que habitan en la Argentina reclaman por la recuperación de derechos tras décadas de negación y persecución. Durante una jornada de reflexión y debate, representantes de pueblos indígenas e investigadores dialogaron sobre el rol de las ciencias sociales y la universidad pública en la reparación histórica que demandan.
Los productores familiares volvieron a la Plaza de Mayo y repartieron verduras para protestar por lo poco que cobran frente a lo que pagan los consumidores en verdulerías y supermercados. Reclamaron por políticas públicas de apoyo al sector y facilidades para acceder a créditos y a las tierras que trabajan.
El nuevo manual del Programa Cambio Rural establece que solo productores nacidos en la Argentina e hijos de ciudadanos nativos accederán a sus beneficios. La medida es discriminatoria y le quita asistencia técnica a emprendimientos que buscan producir con menos químicos. Según funcionarios del Gobierno, se trató de un error.
