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Agencia TSS – El 23 de agosto de 2023 comenzó a implementarse el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una medida impuesta por el Gobierno nacional que ofrece a empresas beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, y una estabilidad normativa garantizada por 30 años, para sectores estratégicos. El objetivo de esta reglamentación es atraer capitales a gran escala para impulsar el crecimiento de la economía. Sin embargo, a dos años de su implementación, las inversiones ya aprobadas permiten cuestionar los beneficios concretos que esta política le deja a la sociedad argentina y a los territorios involucrados.

Según el segundo informe del Observatorio del RIGI, que analiza cómo evolucionó este régimen durante estos años, así como sus principales implicancias económicas, laborales, ambientales y democráticas, esta medida “expresa un cambio de paradigma en la gobernanza de los bienes comunes”, ya que modifica el equilibrio entre el interés público y el privado, limitando la capacidad del Estado para adaptar sus políticas frente a futuros desafíos.

Entre las principales preocupaciones que genera, se encuentra la concentración de inversiones en sectores extractivos y en unas pocas provincias del país. Además, otorga la posibilidad de que las empresas vayan a arbitraje internacional, aún las de capitales nacionales, que representan cerca del 40% del capital comprometido. “El RIGI permite que las empresas de cualquier país, incluso de la Argentina, puedan recurrir al CIADI (el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una institución del Banco Mundial con sede en Washington). Es decir, que le podrían hacer juicios al Estado nacional desde un tribunal extranjero, algo que nunca existió”, cuestionó la investigadora Luciana Ghiotto, del Transnational Institute (TNI) y de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG/UNSAM), durante la presentación de este informe.

Asimismo, los especialistas que participan en el observatorio advirtieron sobre la falta de información y la opacidad en el acceso a los datos, que atenta contra los procesos democráticos. “Esto pasa con las solicitudes que le hacemos al Estado nacional y también a las provincias”, afirmó el investigador Mariano Novas, de la EPyG/UNSAM, y subrayó que “la falta de información es un punto central que favorece a las empresas, en detrimento de la sociedad y la democracia argentina”.

Concentración extractiva

Según el revelamiento, el RIGI no dinamizó nuevos sectores, ya que las inversiones se concentran en actividades extractivas, principalmente en petróleo, cobre, gas y litio. Por el contrario, otros sectores incluidos entre los objetivos del régimen, como el tecnológico, el turismo, la foresto-industria o las energías renovables, muestran una participación marginal o no registran proyectos.

En detalle, desde su implementación, el régimen reúne a 40 proyectos que comprometen más de 138.000 millones de dólares en inversión: 21 corresponden a proyectos mineros (litio, cobre, oro y arena de fractura), 13 al sector de hidrocarburos (petróleo, gas y fertilizantes), tres al sector energético, dos a infraestructura y uno a siderurgia. Entre ellos, 21 proyectos ya fueron aprobados, 18 continúan en evaluación y 1 fue rechazado.

“En los últimos cinco años, la Argentina apareció en el mapa del cobre. Se esperan inversiones gigantescas en este sector, que ya empezaron a llegar, principalmente en las provincias de San Juan, Catamarca y Mendoza”, afirmó Ghiotto, y comentó que en 2024, cuando entró en vigencia el RIGI, se invirtieron alrededor de 200 millones de dólares en exploración de este metal, y ahora está por comenzar la explotación. “Se estima que el país va a exportar más de un millón de toneladas de cobre durante los próximos diez años”, puntualiza la especialista. El uso del RIGI para impulsar la explotación del cobre, así como la de hidrocarburos, ha sido cuestionado por especialistas dado que las empresas ya estaban interesadas de antemano por invertir en estos proyectos.

Concentración geográfica

Así como los sectores productivos se han concentrado en unos pocos, la geografía del RIGI también es altamente concentrada. Según datos del informe, más del 95% de la inversión comprometida bajo el régimen se destina a solo cinco provincias: Neuquén, San Juan, Río Negro, Catamarca y Salta.

“Estos proyectos llevan a la destrucción del tejido social en los territorios afectados”, consideró el investigador Ariel Slipak, de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Equipo Transiciones, y cuestionó también la falta de evaluaciones de impacto ambiental. Por ejemplo, se refirió al avance de las inversiones en el sector hidrocarburos, que no solo afecta a las provincias petroleras como Neuquén, sino también a otras como Entre Ríos, de donde se obtiene la arena necesaria para los 400 pozos petroleros no convencionales que ya había en 2025, y Río Negro, adonde hay tres proyectos vinculados a la exportación de hidrocarburos desde el Golfo San Matías, que no solo ponen en riesgo la biodiversidad marina de esta zona protegida y el trabajo local del turismo y pequeños pescadores, sino que también rivaliza con el abastecimiento interno de energía.

“Cada uno de esos pozos no convencionales tienen en promedio unas 60 etapas de fractura. Cada una de esas etapas de fractura usa más de un millón de litros de agua y requiere entre 500 a 1000 toneladas toneladas de arenas silíceas”, puntualizó Slipak, y destacó que la lLey Bases y el RIGI, además de flexibilizar la normativa ambiental, “le quitan a la gente el derecho al acceso a la energía al limitar y encarecer el acceso, y cambia la concepción de que la energía es un derecho humano”.

Sacrificio de recursos impositivos

Una parte sustancial de los beneficios otorgados por el RIGI son de carácter fiscal y tributario, concentrados en la exención o reducción de impuestos nacionales clave, como el impuesto a las ganancias, las retenciones a las exportaciones y los aranceles a las importaciones. “Nosotros hablamos de gastos tributarios porque es un tipo de gasto, es un sacrificio de recursos que hace el Estado para incentivar alguna actividad”, afirmó el investigador Alejandro Gaggero, del Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes/UNSAM) y del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), y destacó las dificultades para acceder a datos precisos sobre este tema, ya que el Gobierno ha rechazado pedidos de acceso a la información pública y no proporciona estimaciones oficiales sobre su costo fiscal.

A pesar de esta falta de transparencia, las proyecciones de organizaciones civiles calculan que, cuando los primeros 12 proyectos aprobados estén en pleno funcionamiento, el costo fiscal anual para el Estado ascenderá a unos 1.800 millones de dólares, lo que equivale al 0,25% del PBI. “Esto convertirá al RIGI en el principal gasto tributario de promoción de la Argentina, superando a regímenes históricos de producción como el de Tierra del Fuego”, agregó Gaggero, y explicó que este esquema genera un impacto adverso ya que profundiza la regresividad impositiva, beneficiando de forma asimétrica a grandes corporaciones y configurando un “doble sistema impositivo” que desfavorece a las industrias locales que operan bajo el sistema estándar.

“Se da la paradoja de que, en este contexto macroeconómico, que es muy desafiante para muchos sectores productivos de la Argentina, los beneficios están concentrados en el sector que tiene mejores condiciones de competencia”, cuestionó Gaggero, y agregó que, además, “como el sacrificio de recursos recae sobre impuestos nacionales, el Estado nacional verá debilitadas sus finanzas en medio de un severo ajuste fiscal, perdiendo recaudación frente a las provincias y generando, al mismo tiempo, desigualdades entre provincias”.

Concentración de conflictos territoriales

Otro de los aspectos que analiza el informe se refiere a los conflictos socioambientales históricos que hay en los territorios donde se prevén los proyectos extractivos vinculados al RIGI. En ellos, la estabilidad regulatoria, los beneficios extraordinarios y la creación de dispositivos de seguridad para proteger inversiones que otorga este régimen se contraponen a la ausencia de garantías de protección a los derechos humanos y de cuidado de los bienes comunes.

Al respecto, Federico Orchani, integrante del equipo de Justicia Ambiental y Territorial del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que el RIGI funciona como “un dispositivo de subordinación jurídica y territorial” y advirtió que, para legitimar los proyectos extractivos, las corporaciones y los gobiernos recurren a estrategias de “pseudoparticipación”, como las audiencias públicas técnicas ubicadas en lugares de difícil acceso, en las que se presentan a las comunidades estudios de impacto ambiental muy extensos y escritos en un lenguaje inaccesible. A esto se suma que el derecho a la protesta se ve amenazado por el riesgo de criminalización, particularmente a través del Comando Unificado de Seguridad Productiva, creado por el Ministerio de Seguridad Nacional, que actúa como una herramienta de disuasión y amenaza en los territorios, complejizando las condiciones estructurales para su defensa.

Por su parte, Mariana Paterlini, también del CELS, advirtió que el RIGI debilita el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas, que ha sido vulnerado reiteradas veces por los proyectos extractivos en diversas provincias del país. “En Jujuy se implementó un mecanismo estatal de consulta que favorece a las empresas y pasa por alto los protocolos autónomos de consulta que las propias comunidades habían elaborado con el apoyo de FARN, como el protocolo Kachi Yupi”, ejemplificó la especialista, y explicó que el esquema vigente obliga a las poblaciones originarias a trasladarse continuamente a las ciudades, a negociar sin recursos y a cotejar los estudios de impacto de las corporaciones. “Esto representa una grave violación a sus derechos cotidianos, ya que deben restar un tiempo vital para su propia supervivencia para poder organizar la defensa de sus territorios”, concluyó.