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Agencia TSS – Frente al desfinanciamiento y los despidos masivos que se están produciendo en todos los ámbitos del Estado, el sector de ciencia y tecnología no es la excepción. Muchas instituciones que lo componen están en estado de alerta desde hace meses. La semana pasada, trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) denunciaron que el Ministerio de Defensa aplicará recortes de hasta un 20% en el personal contratado. Este miércoles, en el CONICET realizaron un paro nacional con movilizaciones en distintas provincias del país, frente al ajuste y la amenaza de nuevos despidos en el organismo. También se conocieron despidos de empleados del ex ministerio de ciencia, tecnología e innovación, y se estima que hay miles de puestos de trabajo en riesgo.

Ante este panorama, científicos y tecnólogos que integran la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología –que reune a 25 agrupaciones del sector de todo el país–, participaron en la Primera Jornada de Acción Deliberativa en el Congreso de la Nación, un encuentro de debate impulsado por la diputada nacional Mónica Macha, de Unión por la Patria, que contó con la adhesión de legisladores de otros bloques políticos, como Margarita Stolbizer, del GEN.

Durante el debate, del que participaron más de cien personas (de manera presencial y virtual), se advirtió sobre los riesgos que implica el desfinanciamiento del sector científico-tecnológico, incluidas también las universidades nacionales (que la semana pasada desarrollaron un paro de docentes y no docentes, en todo el país), al punto que advirtieron sobre la posibilidad de un “cientificidio” en el país, de continuar las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

“Hemos definido al programa que intenta implementar el Gobierno como un programa de cientificidio, porque en esencia consiste en la destrucción sistemática de las capacidades científicas y tecnológicas en nuestro país, con la afectación que esto tiene sobre la soberanía y el desarrollo”, le dijo a TSS el investigador Santiago Liaudat, docente investigador de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y destacó la necesidad de recuperar y actuar en conjunto con ciertos actores claves como los sindicatos, el sector empresarial, las provincias, el periodismo científico, el Poder Judicial e incluso actores del área internacional.

La investigadora Josefina Vaca, del Centro de Investigaciones en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA), se refirió al incumplimiento de la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, que fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la Nación en el año 2021, que establece un aumento progresivo del presupuesto nacional destinado a ciencia y técnica hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Esto se ejecutó en los años 2022 y 2023, pero en 2024 el Gobierno dispuso la prórroga del presupuesto del año anterior, que está asfixiando al sector.

Además, Vaca advirtió que dicha ley tiene una fuerte mirada territorial, que establece que un 20% del presupuesto se destine a las provincias, y diferenció entre inversión en investigación y desarrollo (I+D) y las funciones de los organismos de ciencia y tecnología. “Esto es importante porque, cuando se piensa en inversión en I+D, aparece el financiamiento privado, que tiene mucha importancia en otros países pero no en la Argentina, adonde el aporte del sistema privado es mínimo. Por eso, es fundamental el financiamiento público para sostener el desarrollo de la ciencia y tecnología”, dijo Vaca, que se fue asesora de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. y llamó a la defensa de las leyes de financiamiento y de ciencia y tecnología.

Por el contrario, el fuerte ajuste presupuestario, sumado a los despidos en los distintos organismos del sector, ponen en riesgo el funcionamiento del sistema. En cuestiones de salud, por ejemplo, la investigadora Bárbara García Godoy, que fue directora de investigación en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, se refirió al cierre de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), que afectará a la producción pública de medicamentos que se distribuyen a través del sistema público. “El laboratorios público de Santa Fe desarrolla el Misoprostol, que el Estado nacional compraba a un precio mucho más bajo que el del mercado”, ejemplificó.

Asimismo, manifestó su preocupación porque el DNU faculta al Poder Ejecutivo Nacional para la intervención de las agencias públicas y administraciones descentralizadas, que podría afectar, entre otros, a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, un organismo descentralizado del Ministerio de Salud que cuenta con 13 institutos y centros nacionales, distribuidos en distintas provincias. “Un país no puede crecer sin desarrollo de ciencia y tecnología, y tampoco puede cuidar a su población sin investigación en salud”, dijo García Godoy, y detalló que esto se refiere a generar capacidades y conocimientos para tomar decisiones vinculadas a insumos asistenciales y farmacológicos, intervenciones sanitarias, modelos de atención y estrategias en salud.

Pablo Bolcatto, que fue presidente del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), una de las cuatro instituciones científicas que pertenecen a Defensa, junto al SMN, el IGN y el SHN, advirtió sobre los riesgos para la soberanía que representa una pérdida de las capacidades en el sector. “No se puede ignorar el carácter estratégico del SMN, ya que los 120 años de permanencia en la Antártida Argentina se lograron gracias a este organismo. y allí también está la computadora Ernestina 21, la más importante de América Latina, que tiene el 80% de sus capacidades abiertas a todo el sistema nacional”, ejemplificó Bolcatto.

El expresidente del CITEDEF, agregó que “entregarse a las tecnologías y a los conocimientos de potencias extranjeras es entregar todo, porque cuando lo necesitás, si ellos no te lo quieren dar, no lo tenés”, cuestionó el investigador, y destacó que las capacidades que tiene la Argentina en todo su sistema universitario y científico le permiten cubrir todas las áreas disciplinares. “El concepto más profundo de soberanía es el del conocimiento”, sostuvo.

Del debate también participó Adriana Serquis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), quien recordó que todavía no hay claridad en el presupuesto de ese organismo, ya que, al igual que otros organismos y dependencias, están trabajando con el presupuesto de 2023, lo que pone en riesgo la continuidad de grandes proyectos como el CAREM, el prototipo de reactor modular pequeño que ha sido considerado de los más avanzados del mundo. “Tenemos la posibilidad de llegar, mucho antes que la mayoría de los países, a demostrar que este tipo de reactores son el futuro en cuanto a la nucleoelectricidad en el mundo”, destacó la especialista.

Junto a este proyectos, también advirtió que está en riesgo la continuidad del reactor multipropósito RA10. “Pararlo en este momento implicaría perder la posibilidad de que en uno o dos años tengamos un gran negocio, como es la exportación de radioisótopos, y la posibilidad de irradiar semiconductores”, dijo Serquis. Y agregó que también corre peligro la puesta en marcha de la planta industrial de agua pesada y el centro de protonterapia, que esta casi listo para empezar a funcionar y salvar vidas de miles de niñas y niños y mejorar la calidad de vida en el futuro.

“La vinculación tecnológica es el último eslabón de la cadena de agregado de valor del conocimiento”, expuso el investigador Ignacio Rintoul, que fundó empresas de base tecnológica y fue Presidente del Polo Tecnológico Constituyentes. Durante su intervención, detalló que, en términos económicos, el sector de la economía del conocimiento ha logrado convertirse en el tercero que más exporta en el país, con 9000 millones de dólares. El especialista destacó ejemplos como el del Parque Tecnológico Litoral Centro, en Santa Fe, donde se genera una sinergia entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y las capacidades empresariales y emprendedoras de la región. “Es un ejemplo virtuoso que está al alcance de todas las localidades y economías regionales del país”, subrayó.

Durante el encuentro también participaron referentes sindicales que manifestaron sus preocupaciones vinculadas a la situación que viven quienes trabajan en el sector de ciencia y tecnología, tanto por la persecución, estigmatización y pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo, así como por la promoción de un concepto mercantilista de hacer ciencia, que entiende que la investigación solo debería producir bienes de intercambio, dejando de lado la producción de conocimiento básico y el aporte de las ciencias sociales, entre otros aspectos.

“Esto hace que tengamos salarios de hambre y que el pluriempleo sea una condición casi obligatoria, lo que por supuesto deteriora la calidad de vida y la productividad del sector”, dijo la investigadora Nuria Ginger, delegada nacional de ATE CONICET Capital, y agregó que el desfinanciamiento de la producción científica, debido a la reducción efectiva de más del 60% del presupuesto respecto de 2023, la parálisis de los fondos específicos, el incumplimiento de la legislación vigente y los cambios de las normas para compras en el extranjero, implican un deterioro significativo de las condiciones de trabajo.

Durante el encuentro, también participaron representantes de otros sectores, como universidades de todo el país, estudiantes y trarbajadores trans-género del CONICET, que expusieron las situaciones que están atravesando, sus preocupaciones y los riesgos que perciben en sus áreas de trabajo.

Romina Gamberale, directora del Instituto de Medicina Experimental (IMEX) del CONICET, en representación de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), también se refirió “al irrisorio presupuesto de los institutos” y los recortes en el sector. “Los becarios son el semillero de la ciencia, sin ellos no hay investigación a futuro, es un error recortar las becas”, dijo la especialista. Y agregó que la baja compulsiva del personal administrativo también es una amenaza para el funcionamiento de la ciencia y tecnología. “No nos están girando los fondos de subsidios, lo que pone en riesgo no solo las investigaciones sino el funcionamiento mismo del CONICET”, cuestionó Gamberale. La RAICYT anticipó que en breve presentarán más de 700 cartas de apoyo que han recibido de colegas e instituciones del exterior para que el Gobierno revea su política para el sector.