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Agencia TSS – “Identificamos un flujo de inversión pública en forma de investigación científica que es tomado por empresas extranjeras. Ese mecanismo se retroalimenta porque muchas de esas empresas después nos venden un producto tecnológico”, dice Darío Codner cuando se le pregunta sobre su trabajo “Proceso de transferencia tecnológica ciega desde la Argentina” (Journal of Technology Management Innovation, 2018). En el artículo, en coautoría con el biotecnólogo Ramiro Perrota, analizaron cómo artículos de investigaciones científicas realizadas en la Argentina son citados en patentes registradas por empresas e instituciones de investigación en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y China, entre otros países.

Codner es licenciado en Física y magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Buenos Aires. Desde 1999 se desempeña en la Universidad Nacional de Quilmes en distintos cargos de gestión y actualmente lo hace como secretario de Innovación y Transferencia Tecnológica y docente-investigador, además de ser el coordinador ejecutivo de la Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales, dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En una entrevista con TSS, Codner fue más allá de su investigación y habló sobre la necesidad de políticas que permitan apropiarse de ese conocimiento científico, acerca de la tensión entre patentamiento y ciencia abierta, y sobre cómo los países de América Latina podrían salir del rol de productores de materias primas y consumidores de tecnología.

Este trabajo es una continuidad del que publicaron en el año 2012. ¿Qué buscaban probar?

El primero fue una prueba de concepto, fue el hallazgo, pero estaba limitado a un sector (biotecnología) y a trabajos de la universidad (por la UNQ), pero la hipótesis era la misma: comprobar algo que empezamos a llamar proceso de transferencia tecnológica ciega, un flujo de inversión pública en forma de investigación científica que es tomado por empresas extranjeras. También buscábamos hacer un aporte al modo de mirar y de medir estas cosas: si bien había trabajos sobre citas en patentes, no había antecedentes de identificar el valor que tiene una investigación dentro de una tecnología protegida, es decir, el valor del paper dentro de la patente. Es un trabajo que lleva tiempo, a nosotros el análisis nos demandó un año y medio. Ahora estamos pensando en el próximo paso.

¿Cuál es?

Medir económicamente qué significa eso. Quiero advertir sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas para aumentar la probabilidad de apropiación local de lo que uno invierte en ciencia y tecnología. Por eso resalto la importancia de la transferencia. Si no, estás contribuyendo a la concentración de la riqueza mundial. Esto lo he discutido con colegas europeos, que me han dicho “esto pasa siempre, también nos pasa a nosotros”. “Bueno, te pido que hagas el mismo ejercicio y veas si hay alguna empresa argentina capaz de capturar eso”, les contesté. Esto hace a la noción de centro-periferia y a la división entre aquellos que transforman algo, lo producen y lo venden, y quienes que solo son compradores. Lo que hay ahora es una división internacional del desarrollo tecnológico, ya no es solo una división del trabajo. Y la Argentina, en ese esquema, es un país consumidor de tecnología.

Un científico puede decir, bueno, lo que yo hago es ampliar la frontera del conocimiento y eso es un aporte a la ciencia, que es universal.

¿Y eso qué significa? El Proyecto Manhattan también lo hacía. La pregunta sobre a qué estoy contribuyendo como científico debería ser más amplia. La libertad por ampliar la frontera del conocimiento tiene bordes éticos y acá tenemos un dato objetivo, que hay patentes que están capturando conocimiento. Al principio, cuando se los mostrábamos a los investigadores, no lo podían creer.

En el trabajo diferencian tres modos de validar con artículos científicos la tecnología protegida: como parte del estado del arte de la tecnología, como evidencia científica o como metodología…

Sí. La primera no nos preocupa tanto, pero si la evidencia científica o la metodología no hubiese sido desarrollada por un grupo de investigación en la Argentina, el que desarrolló la tecnología tendría que haber invertido en hacer experimentos o tendría que haber encontrado otros, y es de lo que se apropian. Esto es un ahorro para el que desarrolló la tecnología y ahí hay un juego todo el tiempo entre lo público y lo privado, porque en la mayoría de los casos hubo inversión estatal.

Si uno quiere medir el impacto económico de este flujo, de estos procesos, podría hacerlo tanto midiendo cuánto invirtió un Estado en esos proyectos como también cuánto gana esa empresa con esa tecnología o cuánto se ahorra por no tener que hacer esos experimentos, ¿no?

El valor de una tecnología es difícil de calcular, hay estimadores pero no sirven de mucho. Sí podemos saber con mayor precisión cuánto invertimos y eso comprende también la formación de personas. Estuve en España hablando de esto y ellos tienen un cálculo estimado de cuánto les sale formar un doctor: 250.000 euros. Entonces, hoy usan esto en una discusión que están teniendo: por cada doctor que formamos, si se van a trabajar a Alemania, se nos van 250.000 euros que pagó la gente. Tener un cálculo es importante, porque si ya conozco estos flujos de conocimiento al exterior, si ya sé adónde van, lo que necesito saber es cuánto dinero está en juego. Así, el encargado de diseñar políticas va a tener que justificar por qué hace lo que hace y explicar cómo lo hace.

¿Hay una proporción importante de grandes corporaciones entre las que absorben ese conocimiento?

Sí, el 40% son grandes empresas extranjeras. Otro 40% son instituciones que hacen investigación. Entre los países de origen, los principales son Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y ahora aparece China, que no estaba en el primer trabajo. Creo que tiene que ver con que antes China no aparecía en estos buscadores de patentes que usamos y tal vez también se relaciona con el crecimiento del patentamiento chino, que ha sido muy fuerte, hoy patentan más que Estados Unidos.

Uno de los hallazgos más relevantes del trabajo parece ser el breve período en que los artículos utilizados como metodología o evidencia científica fueron usados como justificación de la patente.

Sí, porque hay literatura que habla de más tiempo entre la publicación de un paper y su uso en una patente. En promedio, se consideraba de cuatro o cinco años. Nosotros encontramos que la mayoría de los resultados de investigación que tienen un valor tecnológico, entre un 40 y un 45%, aparecen en la patente dentro de los dos años de haberse publicado el trabajo. Esto nos revela que hay un monitoreo cercano, por parte de ciertos actores, de lo que se publica en revistas internacionales.

¿Cómo influye la política de patentamiento? El CONICET ha tratado de impulsarla durante años, pero muchos científicos que han logrado un hallazgo que puede transformarse en un producto dicen que es muy costoso y que es más útil guardar un secreto industrial y salir rápido al mercado.

El patentamiento es un camino y una herramienta, no un fin. Puede ser importante patentar en ciertas condiciones y puede aumentar la probabilidad de apropiación local tener algo protegible que pueda ser transferido. En el caso de una universidad, patentar también coloca a la institución en un lugar de visibilidad que de otro modo no alcanzaría. Todo eso construye prestigio. Pero el patentamiento tiene que formar parte de una estrategia de país, de sociedad, de una institución. Lamentablemente, no puedo decir nada bueno de este Gobierno en materia de política de ciencia, tecnología e innovación, no encuentro un solo atributo positivo.

De todos modos, la política de patentamiento del CONICET viene de antes…

Sí, pero viene cayendo, como tantas otras cosas. Como también está en caída en mi universidad, porque no tengo recursos. En la medida en que el Estado se retira del lugar de promotor de la capacidad de generar conocimiento en un país, ese lugar no es ocupado por otros. El CONICET no puede tener un lugar de liderazgo en estos temas por los problemas de gobernanza que tiene la institución y por un patrón de pensamiento sobre qué hacer con los resultados de investigación que se corresponden más con un modo de pensamiento de hace 30 años. Yo soy más de la idea de experimentar, porque el mundo actual te lo permite. Tener una idea, probarla, mejorarla y ponerla a punto. Muchos hemos sido formados en esa idea de que “hasta que esto no esté completamente bien no hay que sacarlo a la calle”. De hecho, gran parte de los emprendimientos de base científica que conozco que no terminan de despegar es por el enamoramiento con el proyecto y por no confiar en que el usuario puede intervenir en el desarrollo. Eso no se puede hacer en cualquier circunstancia pero en algunas sí y hasta se podría experimentar en el diseño de políticas. Experimentar no significa no ser riguroso, significa hacer una prueba de concepto, que se puede mejorar o descartar.

En la Argentina hubo mucha discusión sobre si debía adherir o no al PCT (siglas en inglés del Tratado de Cooperación en Patentes). ¿Cuál es su postura?

Hoy creemos tener independencia porque no estamos adheridos al PCT pero no es así. Creo que tendría más beneficios que costos porque sería más barato patentar y también implicaría la necesidad de tener capacidades propias para decidir qué se patenta y qué no en la Argentina. Desde mi punto de vista, tener una oficina de patentes robusta es parte de una buena política tecnológica. Hoy el INPI (el Instituto Nacional de Propiedad Industrial) tiene una oficina de patentes que está siempre subordinada a si algo se aprobó en Estados Unidos. Claro que también  tiene desventajas estar en el PCT: compartís más información y te hacés más dependiente. Hace dos décadas, más o menos, que el número de patentes está entre 7000 y 8000 al año, de las cuales el 10% son de residentes y las demás son de empresas que vienen a proteger sus mercados acá. Si te adherís al PCT tal vez encontrás que la Argentina es un mercado de interés tecnológico. Chile está adherido y se está moviendo bastante rápido.

Por otro lado, a nivel mundial existe un movimiento hacia la ciencia abierta y en la Argentina está el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. ¿Cómo conviven estas políticas de apertura del conocimiento con la problemática que ustedes encuentran en su investigación?

Es una relación complicada. A los repositorios de acceso abierto los aceptamos de manera acrítica. ¿Quién gana con la ciencia abierta en un proceso de transferencia tecnológica ciega? Las empresas extranjeras que tiene preguntas que nosotros no tenemos. Lo que necesitaríamos es tener industriales con preguntas, porque la forma de apropiarte de una tecnología es tener demandas, problemas a resolver. Creo que la ciencia abierta aumenta la concentración mundial en aquellos que son capaces de traducir los resultados de una investigación en una tecnología y después te la venden. En todo caso, si es una ola inexorable que nos va a llevar puestos, habría que ver cuáles son las medidas a tomar para poder jugar ese torneo con alguna probabilidad de que nos vaya bien. Es cierto que las editoriales científicas tienen un negocio de privatización del conocimiento, hay una discusión muy grande sobre eso, pero no es lo mismo cuestionarlo desde Alemania que desde la Argentina. La ciencia abierta debería ir de la mano de una inversión fuerte en tecnologías de primera línea para hacer investigación experimental. Y otra clave es la transferencia: tenemos que encontrar la forma de construir relaciones entre investigadores y empresas, necesitamos el “tinder” tecnológico, hay que construir espacios de encuentro.

Programas de la Agencia del ex MINCYT como el FONARSEC (Fondo Argentino Sectorial) buscaron eso.

Sí, pero no tuvieron mucha suerte, me ha tocado evaluar varios. El problema es que los FONARSEC fueron uniones transitorias por un subsidio. Les faltó dar un paso más. Funcionaron cuando hubo uno o dos líderes que hicieron andar las cosas, que se cargaban al hombro el proyecto. El problema, al final, es humano. Para mí había una falla de diseño porque la Agencia dejaba que el consorcio decidiera quién lo gerenciaba y no evaluaba al gerenciador de ese combo. Hay investigadores que se transformaron en gerenciadores y hubo pocos casos que funcionaron. Creo que lo que falta son espacios para formar, para experimentar. Yo no sé lo que es estar seis meses en una planta de producción fabril y hablo de esas cosas. Es necesario saber cuáles son los problemas que surgen en una fábrica. Si no, terminás siendo un teórico y nada más.

En el trabajo se retoma la idea de Sistema Nacional de Innovación (SNI), que en realidad nunca se articuló como tal en la Argentina. ¿En qué medida sigue vigente ese concepto?

La Argentina no lo tiene y nunca lo tuvo, pero sí es un marco normativo que orienta una política y habría que apostar a la construcción de un sistema. Actualmente, cierto actores, instituciones, bancos, la propia CEPAL, están más convencidos de que hay que generar casos líderes, faros que van a iluminar el camino. A mí no me parece, pero también es cierto que no hemos podido crear un sistema. Hay casos que funcionan, pero INVAP no cambió la economía de la Argentina, es más complejo que eso. Se habla de insertar a la Argentina en el mundo. ¿Qué significa? ¿Insertados con quiénes y para qué? ¿Eso va a resolver el 30% de la población que está por debajo de la línea de pobreza? En la Argentina tenemos instituciones y gente capaz como para armar un SNI. Probablemente, también hagan falta nuevos empresarios. Hay modelos que se pueden observar, pero sin perder de vista que somos parte de América Latina y que habría que volver a pensar en la Patria Grande, en sincronizarnos a nivel regional. Si no lo hacemos, la probabilidad de éxito es baja. Es posible tener un sistema regional de innovación, tal vez no en este tiempo político, pero sería un camino para dejar de ser solo proveedores de materia prima y consumidores de tecnología.