Según una encuesta entre científicos de distintas universidades de todo el país, el 90 por ciento de los becarios e investigadores del CONICET accede a publicaciones científicas a través de medios considerados ilegales. Si bien la mayoría está al tanto de eso, lo considera moralmente correcto.
Agencia TSS – Un grupo de investigadores de distintos institutos académicos y universidades del país se metió con un tema tabú: la piratería de las publicaciones científicas. “Una persona que no está en el tema puede pensar que la piratería es algo que pasa en ámbitos más bien culturales, para bajar películas o música, por ejemplo, pero no en papers o artículos científicos, y de forma masiva. Sin embargo, la realidad es que el uso de estas herramientas y sitios de descarga ilegal e impaga es bastante común en todas partes del mundo”, afirma Carolina Monti, investigadora del CONICET y una de las autoras de la investigación “Un fantasma recorre la ciencia, el fantasma de la piratería”, sobre prácticas y representaciones acerca del acceso a la literatura científica en la Argentina. Entre otras conclusiones, el trabajo pone en evidencia que la vía más utilizada por científicos del CONICET es el uso herramientas o sitios web considerados ilegales.
Para llegar a esos resultados, encuestaron a 368 becarios e investigadores del CONICET, durante diciembre de 2020. Les preguntaron sobre formas de acceso, motivaciones para hacerlo y representaciones acerca de la legalidad y corrección moral al respecto, y detectaron que el 90% de quienes respondieron dijo que usó sitios como Sci-Hub o LibGen, que el 85% afirmó que los usa de manera frecuente o muy frecuente, y que sólo el 6% lo hizo raramente o nunca.
Entre los principales motivos, los encuestados mencionaron la imposibilidad de acceder de otra forma (un 75%), así como la facilidad relativa frente a otros servicios considerados legales (un 38%). También aparecieron cuestiones más valorativas, como la idea de que la literatura científica no debe tener barreras de pago (67%), que estos servicios ilegales contribuyen al progreso de la ciencia (61%) o por oposición al aprovechamiento por parte de las editoriales de autores y evaluadores (42%).
“Las y los científicos de todo el mundo están usando sitios de descarga ilegal para acceder a la literatura científica que necesitan para sus trabajos y nos preguntamos qué estaría pasando en la Argentina, pero no encontramos ningún estudio sobre el tema y muy pocos sobre otros países latinoamericanos”, apuntó Monti, que es maestranda en Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y, en 2019, junto a su compañera Carolina Unzurrunzaga, que es bibliotecnóloga por la UNLP, hicieron un relevamiento sobre las descargas realizadas desde Argentina del sitio Sci-Hub, el sitio de descargas ilegales de papers científicos más utilizado a nivel mundial, que inspiró el estudio actual.
Entonces, habían detectado que, entre 2015 y 2017, hubo más de un millón de descargas desde esos sitios desde la Argentina, lo que corresponde al 1% del total de descargas registradas a nivel mundial. “Las demandas respondieron en su mayor parte a trabajos publicados en revistas publicadas en las grandes editoriales comerciales internacionales, como Elsevier, Springer y Wiley, y a temas médicos como oncología, pediatría y medicina cardiovascular”, explicó Monti, que también es biotecnóloga.
Tras recabar esos datos, todavía faltaba un trabajo que analizara las conductas de investigadores en cuanto a su forma de acceder a la literatura científica. “Queríamos recuperar esa voz en un marco cuantitativo que fuera representativo de las distintas regiones geográficas, disciplinas y cargos”, dijo el investigador del CONICET Mariano Zukerfeld, del equipo de Estudios sobre Tecnología, Capitalismo y Sociedad (e-TCS del Centro CTS) de la Universidad Maimónides, y otro de los autores de este trabajo, y destacó que una de las cosas que más lo sorprendió de los resultados es la poca cantidad de personas que no usa sitios ilegales y que la mayoría de los que no los usan afirmó que no lo hacen porque no saben cómo o porque no los conocen.
“Es decir, los que esgrimen razones morales para no utilizar SciHub o servicios similares son poquísimos”, sostuvo Zukerfeld, que es doctor en Ciencias Sociales, y advierte que hace esta aclaración porque, en general, el argumento de las editoriales para tratar de disuadir el uso de ese tipo de herramientas se vincula con la peligrosidad, en términos de seguridad informática, y la veracidad e integridad de los contenidos.
Sobre este punto, el informe preliminar de este trabajo detalla que entre el 64% y el 95% de la muestra considera correcto o parcialmente correcto descargar y hacer circular la literatura científica “de la forma que sea”, por vías como Sci-Hub, redes académicas o redes sociales, por ejemplo. “Parece que las representaciones de una acción como ilegal no impide considerarla moralmente correcta. Es decir, muchxs investigadores usan estas herramientas a sabiendas de que son ilegales, sin considerarlas por eso moralmente incorrectas”, dijo Monti.
Al respecto, Zukerfeld agregó que esa separación entre legalidad y corrección moral indica que hay algo que no funciona. “Cuando tenemos una legislación pero mucha gente percibe que lo ilegal es moralmente correcto, hay algo que está mal. En ese caso, hay que hacer que toda esa gente cambie su opinión o hay que modificar la ley”, considera.
“La solución se podría lograr con una reflexión y debate más profundo, preguntarnos si en realidad lo que está mal no es que haya limitaciones al acceso. ¿Por qué hay limitaciones al acceso? ¿Quiénes ponen esas limitaciones?, ¿Los investigadores no quieren dar a conocer libremente lo que hacen? Yo creo que sí, y por eso es necesario un cambio más profundo donde no haya barreras legales, económicas o institucionales a la circulación del conocimiento científico”, agregó Zukerfeld.
Acceso al conocimiento: ¿Cerrado o abierto?
Así como en ocurre con la música u otras obras artísticas, los trabajos académicos que se publican en las principales revistas internacionales tienen derechos de propiedad intelectual que implican el pago por suscripción a las editoriales para poder acceder a ellos, que representan buena parte de los presupuestos universitarios o educativos en los países. En la Argentina, por ejemplo, se estima que entre 2008 y 2016 los pagos a estas editoriales pasaron de 8 a 22 millones de dólares anuales.
En paralelo, solo cuatro grandes grupos editoriales en Ciencias Naturales (Elsevier, Wiley, Springer Nature y Taylor & Francis), y uno en Humanidades y Ciencias Sociales (SAGE), concentran más del 50% de las principales revistas indexadas y se llevan más del 70% de la facturación, que rondaban antes de la pandemia entre 10.000 y 15.000 millones de dólares por año.
Según otro trabajo, del año 2019, a cargo de Lucas Luchilo, por entonces responsable del Programa y del Portal de Datos Abiertos de Ciencia y Tecnología de la Argentina, esas mismas editoriales también concentraban las publicaciones científicas, que pasaron de representar el 20% del total de artículos publicados en 1973 al 53% cuarenta años más tarde, en el área de las Ciencias Médicas y Naturales, mientras que en las Ciencias Sociales y Humanidades, ese crecimiento pasó del 10% al 51% en el mismo período.
Frente a esta situación, y acompañado por el avance de la bibliometría y la digitalización de las publicaciones, en los últimos años se han incrementado las publicaciones de acceso abierto así como la distribución de trabajos científicos en redes sociales académicas. Además, hay al menos dos iniciativas principales que intentan salir del modelo tradicional de suscripciones. Una de ellas es el denominado Plan S (sostenido por 11 organismos de financiamiento junto con la fundación Bill Gates y Welcome Trust), y la otra es una modalidad promovida por el denominado Projekt-Deal, que busca promover la transición para que en el futuro todos los artículos científicos estén disponibles en acceso abierto.
La Argentina no está afuera de este debate. “Durante el macrismo hubo un endeudamiento muy grande y ahora se está llegando a mejores acuerdos y a la baja de editoriales oligopólicas”, dijo Zukerfeld, y agregó que también es importante considerar el rol que tiene el acceso abierto dentro de todo el sistema de publicaciones académicas.
Desde finales de 2013, el país cuenta con una normativa de acceso abierto, que fue reglamentada en el año 2016, que establece la creación de repositorios de publicaciones y datos por parte de diversas instituciones científicas y académicas del país. “Nos parece importante verlo como una totalidad y ver cómo podemos articular el sistema de la forma más eficiente y más justa, para que no nos quedemos atrás pero que tampoco aparezca el Estado financiando negocios multimillonarios privados que no van a favor del desarrollo nacional”, dijo Zukerfeld, que integra la Comisión de Acceso Abierto del MINCYT, y aclaró que los datos obtenidos a través de esta última encuesta buscan justamente aportar información precisa que sea útil a la gestión y sirvan de sustento en la toma de decisiones ante posibles políticas públicas.
“Los datos son muy contundentes y generan insumos para discutir una política que insume mucho dinero desde hace muchos años, pero no es un informe crítico sino que está pensado como un complemento para las negociaciones del mismo MINCYT con relación al acceso a las revistas, y para profundizar en cuestiones como en qué medida se justifican esos pagos o en qué casos se justificarían y en cuáles no”, coincidió el investigador Santiago Liaudat, otro de los autores de este informe preliminar, que recientemente publicó un libro en el que reflexiona sobre propiedad intelectual y apropiación del conocimiento a través del desarrollo productivo de la Stevia en Paraguay.
“Cuando uno dice la palabra Sci-Hub o se asocia el significante piratería, parece que fueran temas tabú, y como con cualquier otro tema de ese tipo tenemos que estudiarlo científicamente para tener datos y no barrer bajo la alfombra la conducta social. Esa es un poco nuestra misión, no tenerle miedo a los términos ni a investigar cuestiones que sean ilegales, porque de repente tenemos conductas ilegales, como en este caso, que son tremendamente masivas”, concluyó Zukerfeld.
