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Agencia TSS – La Ley Nacional de Glaciares (26.639) se aprobó en el año 2010 para proteger a los glaciares y a las áreas periglaciales de la Argentina por considerarlas zonas estratégicas que son fuente de agua potable en zonas generalmente muy áridas, como es todo el área cercana a la Cordillera de los Andes. Así, se creó una norma que establece presupuestos mínimos de protección de estas áreas con un criterio nacional.

Si bien los recursos mineros son potestad de las provincias, debido a la importancia que tienen los glaciares para el nacimiento de ríos que atraviesan varias provincias se trata de una protección que debe ser establecida en conjunto, a nivel nacional. Mediante esta legislación también se hizo un inventaio que identificó 16.000 cuerpos de hielo a proteger. Actualmente, el Gobierno está buscando restringir la definición de lo que es un glaciar para poder autorizar explotaciones mineras a cielo abierto. Según el Tratado de Escazú, al que adhirió la Argentina en 2018, para modificar este tipo de normativas que afectan al ambiente es necesario que la población pueda expresarse y que se informe sobre los cambios que se van a hacer.

Esa fue la razón por la que la Cámara de Diputados estuvo obligada a convocar a una audiencia pública, en la que se inscribieron más de 100.000 oradores que debían ser escuchados por los diputados pero desde el oficialismo se limitó la audiencia a dos días, uno presencial y otro virtual, en el que solo pudieron hablar unas 300 personas, muchas de las cuales no estaban inscriptas en el registro sino que fueron agregadas por funcionarios de la provincia de San Juan y que fueron los únicos que apoyaron el cambio de la ley. Al resto de personas que no dejaron hablar en la audiencia se les dijo que debían subir un video en Youtube etiquetando a la Cámara de Diputados para que estos puedan verlo, algo poco creíble y que coarta el derecho a la participación pública.

Por este conjunto de irregularidades, algunos diputados presentaron un pedido de impugnación de esta audiencia pública para que no pueda ser considerada válida y se deba realizar nuevamente, dándole la posibilidad de expresarse a los ciudadanos que quieran participar. El pedido fue firmado por los  diputados Sabrina Selva, Gabriela Estévez, Lucía Campora (Unión por la Patria), María Inés Zirgaran (UCR-Provincias Unidas), Adriana Serquis (Fuerza Patria-Río Negro), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Pablo Juliano (UCR), Juan Brügge (Demócrata Cristiano), Pablo Farías (Provincias Unidas) y Abelardo Ferrán (Unió por la Patria).

Serquis, diputada por Río Negro y expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), habló con TSS y dijo: “Para empezar, esta audiencia fue convocada con cola de paja por el Gobierno para poder cumplir con lo que pide el Acuerdo de Escazú y los convenios en normativa ambiental, pero debería haberse convocado antes de su aprobación en el Senado. Es una audiencia récord, creo que en el mundo no hubo una audiencia de este tipo con tantas personas interesadas en participar”.

El pedido de impugnación se hizo por nota presentada al presidente de la Cámara, Martín Menem, y todavía no hubo respuesta oficial. También hubo presentaciones judiciales de las organizaciones que se sintieron perjudicadas por no poder expresar su opinión en la audiencia pública y, además, se está buscando aplicar la figura de ecocidio en caso de que se avance con la modificación de la ley y esto se puede aplicar a tribunales internacionales vinculados al Acuerdo de Escazú.

En su exposición, Andrés Nápoli, presidente la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, dijo: “El origen de esta ley fueron dos cosas fundamentales: primero, el cambio climático., por el impacto que genera sobre los glaciares, y segundo, los desastres que estaba haciendo la megaminería en ese momento, hasta el punto que la empresa Barrick proponía trasladar el glaciar de Pascua Lama con palas mecánicas y camiones. Por eso fue necesario hacer la ley con las prescripciones que tiene. Hoy, la propuesta es generar un proyecto que es inconstitucional, regresivo y hasta un poco engañoso”.

La modificación a la norma de protección de glaciares, en caso de ser aprobada, probablemente será judicializada con un resultado incierto, ya que iría en contra de otras leyes nacionales, la Constitución y tratados internacionales. “Uno de los argumentos que utilizan los que defienden esta modificación es la seguridad jurídica y yo creo lo contrario, se abren las puertas de una mayor judicialización. También dicen que la ley necesita una mayor precisión en las definiciones, cuando justamente la ley es muy precisa y acá tratan de cambiar las definiciones en contra de lo que dice la ciencia. Pretender que se proteja solamente a glaciares en los que que se pueda demostrar que están cumpliendo una función hídrica es algo muy difícil de hacer y sobre todo se pierde precisión y se abre la posibilidad de que esto cambie con el tiempo y las inversiones que se hagan deban retirarse en el futuro”, dijo Serquis.

La modificación impulsada por el Gobierno se hace como un proyecto aclaratorio, que pretende no cambiar el fondo de la ley sino mejorar las definiciones. Generalmente, esto se hace si la redacción de una ley fue poco precisa y dio lugar a muchos juicios contradictorios. En este caso, eso no pasó. Pero también permite que tenga un efecto retroactivo y así permita que sigan en funcionamiento explotaciones mineras ilegales que se dan en lugares protegidos.

Serquis dijo: “hay varias versiones de cómo da el conteo de votos para la modificación de la ley pero todas son bastante pesimistas, por eso creo que quieren avanzar con velocidad porque creen que ya tienen ganados los votos. Hay una web que se llama Activá el Congreso en la que están todos los diputados y cómo expresaron que van a votar. Cuando hablamos con los representantes de las 15 comunidades de pueblos originarios que vinieron a exponer y la agrupación Jóvenes por el Clima les dijimos que apunten a los que aparecen en amarillo, que todavía se los puede convencer”.

Según la legisladora, “no se está cumpliendo el artículo 41 de la Constitución, el derecho al ambiente sano. Los ciudadanos tienen que hablar con sus representantes, que en la audiencia se ve que nos les importa nada, que hacen burlas y evidentemente deben tener otros intereses. Hoy el problema mayor es que el Poder Judicial no está haciendo cumplir las leyes, aún así vamos a seguir trabajando para que las cosas funcionen como debe ser”, concluyó.