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Más de un centenar de organizaciones populares y de pequeños productores de todo el país se reunieron para pensar y proponer lineamientos de políticas públicas agrarias. Buscan que se promuevan los desarrollos territoriales, la agricultura familiar y la producción de alimentos sanos a precios justos.
Con la reanudación de la actividad parlamentaria, el Gobierno buscará aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto para modificar la ley de semillas. El proyecto puede consolidar un modelo productivo que ponga en riesgo la producción de alimentos en el país y favorezca la concentración de la actividad en grandes empresas, lo que podría impactar tanto en los precios como en la biodiversidad.
El Gobierno avanza hacia la modificación de la Ley de Semillas con un proyecto elaborado a puertas cerradas que es cuestionado por referentes del sector, académicos y por casi 300 organizaciones sociales y de productores. La iniciativa, que privilegia los intereses de las grandes empresas, pone en riesgo la producción y el acceso a alimentos variados y de calidad.
¿La propiedad intelectual es la mejor manera de proteger la creación de productos biotecnológicos? ¿Deberían ser patentables organismos como las semillas? En medio de la crisis del sector agropecuario, el Gobierno ha decidido retomar una discusión que lleva décadas de controversias con el objetivo de modificar la legislación vigente.
A los recortes en los programas de desarrollo rural destinados a pequeños productores se sumó el despido de técnicos y profesionales de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que ya suman más de 800 y la condenan a desaparecer. ¿Cómo impactará el desfinanciamiento de este sector en los alimentos que se consumen en la Argentina?
La desaparición de programas y políticas públicas destinadas a apoyar la producción familiar agropecuaria, junto con la caída del consumo interno, la suba de tarifas y la apertura de importaciones, ponen en riesgo las actividades de un sector que produce gran parte de los alimentos que llegan a los hogares de la Argentina y que salió a la calle para alertar sobre su situación crítica.
Con la participación de cuatro ministerios, el Gobierno presentó un documento de buenas prácticas en el uso de agroquímicos. Organizaciones académicas, sociales y ambientales manifestaron su malestar por la falta de discusión previa y de referencias a estudios científicos sobre los riesgos para la salud y el ambiente. También exigieron una mayor apertura al debate sobre el modelo de desarrollo agropecuario.
En Santiago del Estero se creó el primer Centro de Producción de Semillas Orgánicas de la Argentina. Busca abastecer a los productores de la zona con insumos de calidad certificada y sumarle valor al trabajo rural. En la etapa inicial el centro beneficiará a siete mil productores de los principales cultivos de la zona y posteriormente brindará servicios a otras provincias.
Los productores familiares volvieron a la Plaza de Mayo y repartieron verduras para protestar por lo poco que cobran frente a lo que pagan los consumidores en verdulerías y supermercados. Reclamaron por políticas públicas de apoyo al sector y facilidades para acceder a créditos y a las tierras que trabajan.
El nuevo manual del Programa Cambio Rural establece que solo productores nacidos en la Argentina e hijos de ciudadanos nativos accederán a sus beneficios. La medida es discriminatoria y le quita asistencia técnica a emprendimientos que buscan producir con menos químicos. Según funcionarios del Gobierno, se trató de un error.
