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Agencia TSS – La Argentina es uno de los países de la región que más agrotóxicos utiliza. Se estima que el uso de estos productos aumentó un 983% durante los últimos 25 años, de 38 a 370 millones de kilos, según la Declaración del Tercer Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados (de 2015), de la Red Universitaria de Ambiente y Salud. De la mano de este incremento, también se han multiplicado los estudios científicos que analizan riesgos e impactos del uso de pesticidas, tanto para el ambiente como para la salud humana. Sin embargo, todavía no existe una ley nacional que regule su uso en el país, aunque hay proyectos en el Congreso que abordan esta problemática.

Atentos a esta situación, y a partir de la Resolución Conjunta 1/2018 que los ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentaron en febrero de este año, bastaron 90 días para que un grupo de trabajo interministerial elaborase un documento sobre “Buenas Prácticas en Materia de Aplicaciones de Fitosanitarios”, presentado a mediados de julio y que incluye 12 principios que deben regir las políticas públicas nacionales sobre las aplicaciones de agroquímicos, especialmente en zonas de amortiguamiento –zonas libres entre los lugares protegidos (como viviendas y escuelas) y aquellas donde se aplican estas sustancias– y 23 recomendaciones que promueven un uso ampliado de estos compuestos peligrosos.

“Son recomendaciones para poder llevar seguridad a partir de determinados presupuestos técnicos y objetivos, sobre todo para quienes tienen a su alrededor actividad agrícola y, por supuesto, para la comunidad en general que consume alimentos”, dijo el ministro de Agroindustria y ex titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevere, sobre este informe que pretende ser un “marco orientador” de políticas públicas que también aporte información para el debate de una ley nacional sobre el uso de agroquímicos.

Dichas recomendaciones se basan únicamente en las denominadas buenas prácticas, ligadas a un modo particular de producción pero que no contemplan otros posibles, como el agroecológico, y que dejan muchos interrogantes abiertos. Por ejemplo, para responder a una de las preocupaciones principales de quienes viven en zonas rurales y de amortiguamiento, sobre la distancia mínima de fumigación con respecto a viviendas, la propuesta del grupo de trabajo es que “haciendo buenas prácticas de aplicaciones, la distancia deja de ser relevante”, según afirmó el director Nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, durante la conferencia de prensa. De manera similar, se enfatizó sobre la importancia de realizar controles adecuados para garantizar el uso de estos productos, aunque nada se dijo sobre quién debería estar a cargo de dichos controles ni cómo deberían realizarse.

El grupo de trabajo interministerial que elaboró el documento final estuvo compuesto por dos representantes del Ministerio de Agroindustria y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y por un representante del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del Consejo Federal Agropecuario (CFA) y del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

“No alcanza con una comisión interministerial”, le dijo a TSS la antropóloga Carolina Feito, que durante alrededor de dos años participó de un proceso de consulta con organizaciones campesinas y de agricultura familiar indígena de todo el país para elaborar el texto de la Ley de Agricultura Familiar, y advirtió que, de acuerdo con esa norma –que todavía espera ser reglamentada–, se formó un Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, del cual forma parte, que tampoco fue convocado a participar en este caso.

«Son políticas falsas, de espacios nulos de diálogo y de discusión, y los actores que intervienen siempre son los mismos», agregó Nahuel Levaggi, de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT). Además, según Feito, que también integra el Foro de Universidades Nacionales Para La Agricultura Familiar, «dicen que aseguraron la representatividad porque hay una persona de cada institución, pero esto requiere debates internos en cada una de ellas, así como la participación de especialistas. Hay investigadores del CONICET que hace décadas trabajan en el tema y es una obligación moral y cívica de quienes nos desenvolvemos en el ámbito público responder a la gente, no puede ser que no los convoquen en estas situaciones».

La Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense (RUNCOB), a partir de un pedido del Defensor del Pueblo de la Nación, rastreó las publicaciones vinculadas con el uso de pesticidas e identificó un total de 367 publicaciones científicas indexadas entre 1968 y 2015, con un crecimiento “exponencial” a partir de la década del 90. En los últimos años, algunas de las investigaciones han abordado las altas concentraciones de glifosato en los sedimentos del Río Paraná, en productos como el algodón y otros elaborados con él y el aumento de casos de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos en poblaciones expuestas a estos productos.

El documento elaborado por el Gobierno está disponible para su consulta junto con un espacio de “participación pública” que permanecerá durante los próximos 30 días, con el objetivo de recopilar comentarios, críticas y sugerencias. “Hay situaciones conflictivas de discusión que no negamos, pero queremos solidez y contundencia para que el proceso nos permita llegar a lo que todos necesitamos, que es tener producción para salir de la pobreza y generar desarrollo, cuidando el ambiente y la salud de la gente”, dijo el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, durante el anuncio, y aclaró: “Hoy ponemos a disposición este insumo para tener este común denominador que no cercena el debate”.

La herramienta online, que puede funcionar como vidriera de opiniones individuales, no deja en claro cómo se articularán las ideas que allí se expongan para un debate profundo, riguroso y organizado. Por eso, diversas organizaciones académicas y ambientales que trabajan desde hace años en estas problemáticas están organizando acciones para potenciar el debate público en la sociedad y sumar nuevas voces y miradas sobre este tema, como en los casos de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina, entre otras.

Buenas prácticas ¿para quién?

“La mirada que propone el Estado, que solo implica buenas prácticas  por parte del sector productivo, no da cuenta de un problema gravísimo: el de los oligopolios en los sistemas comerciales y de exportación”, le dijo a TSS Carlos Carballo, coordinador responsable de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (CALISA-FAUBA). Y agregó: “Con este sistema de comercialización vigente no hay ninguna posibilidad de que la ganancia que pueda generar el sistema se traslade al sector productivo, porque se lo van a apropiar los sectores comercializadores e industrializadores, como lo han hecho históricamente”.

Aunque se habla de agricultura convencional y pareciera que siempre han existido los agroquímicos para combatir malezas y plagas en los cultivos, su uso masivo comenzó en el mundo en la década del 70, durante la denominada revolución verde, y su ingreso al país se potenció de la mano de los primeros cultivos de soja transgénica, a partir de 1996. Desde entonces, la oferta de insumos agrícolas se concentró en cada vez menos empresas y la conformación social del campo argentino se transformó, no solo porque cambió el perfil de los productores agropecuarios, sino también porque se extendió la frontera agrícola a zonas en las que antes predominaba la ganadería. Por ejemplo, se estima que el área con cultivos genéticamente modificados ha crecido de forma sostenida, hasta alcanzar 24,5 millones de hectáreas durante la campaña agrícola 2015/2016, según el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio). Actualmente, casi todos los productores de soja, maíz y algodón en el país usan variedades transgénicas.

“No hay reflexión sobre el rol que ha tenido el Estado en la instalación de este modelo, y es particularmente grave que no se haya hecho autocrítica desde el punto de vista de la salud de la población, cuando hay tanta disponibilidad de indicadores científicos y registros hospitalarios”, cuestionó Carballo y advirtió que, sin un plan nacional de desarrollo sustentable, será muy difícil enmarcar acciones concretas o específicas como el buen manejo de agroquímicos. Por el contrario, advirtió que la propuesta de los ministerios “refuerza el sistema productivo actual”, ya que, por ejemplo, no se habló de otras problemáticas del sector como la tenencia de la tierra, los problema de comercialización e industrialización, el consumo y la falta de acceso de la población a determinados bienes, entre otros aspectos.

“Tendría que haber una tarea de supervisión y control muy riguroso de las buenas prácticas, porque si el concepto de buenas prácticas se refiere a un determinado tipo de producto y en las dosis que recomienda el fabricante, deja de lado una cantidad importante de cuestiones que tienen que ver con la formación, la educación, la supervisión y el control de un Estado que viene desmantelando su estructura”, destacó Carballo y agregó que también habría que considerar las necesidades de cada sistema productivo, ya que lo que puede resultar imprescindible para unos puede no serlo para otros.

Feito se refirió a la necesidad de discutir «buenas prácticas pero para quién» y destacó que «los productores familiares necesitan políticas diferenciales ya que son actores productivos con un rol fundamental en la matriz económica nacional». Al respecto, destacó que la agricultura familiar no es un grupo marginal, ya que representa el 61% de los agricultores del país y buena parte de ellos proveen alimentos al mercado interno.

Carballo también suma otros aspectos a tener en cuenta que exceden lo meramente productivo: “Es necesario avanzar sobre una legislación de uso y manejo de los recursos naturales, de conservación del suelo, de arriendos y aparcería que impida contratos menores a cinco años, e incluso hacer cumplir la Ley del Ambiente, que sí existe (fue sancionada en el año 2002), pero que no se cumple al no haber decisión del Estado porque afecta muchos intereses”, concluyó.