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Agencia TSS – Mediante el decreto 139/2019, publicado en el Boletín Oficial con la firma de la vicepresidenta, Gabriela Michetti,  y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Gobierno formalizó un llamado a un nuevo período legislativo para este viernes primero de marzo. Entre los debates que quedaron pendientes para este nuevo año parlamentario figura la modificación de la ley de semillas con un proyecto que fue aprobado en noviembre de 2018, entre gallos y medianoche, y sin tener en cuenta la diversidad de actores, opiniones y necesidades productivas que pueden verse afectados por esta medida.

De concretarse, la norma dejaría a los insumos esenciales para la producción de alimentos en manos de unas pocas empresas, criminalizaría a los productores que hoy generan la mayoría de los alimentos que se consumen en las mesas argentinas y fomentaría la formación de monopolios capaces de definir no solo el precio de los alimentos, encareciéndolos, sino también qué tipo de semillas desarrollar y cultivar.

“Gran parte de la justificación esgrimida es que la Argentina pierde acceso a desarrollos tecnológicos porque la actual ley es anticuada y no contempla nuevas tecnologías, pero el proyecto presentado no habla de nuevas tecnologías”, le dijo a TSS Gustavo Schrauf, titular de la cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), y agregó que una de las modificaciones más cuestionadas es la posibilidad de que los productores pierdan el derechos de conservar las semillas obtenidas en sus cosechas.

La actual Ley de semillas (20.247)  fue sancionada en 1973 y está adherida a una internacional denominada UPOV del año 1978, que respeta el derecho de los productores de conservar las semillas para uso propio. Por el contrario, el proyecto aprobado plantea convertir ese derecho en excepción solo para algunos productores, en particular para aquellos “inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y los pueblos originarios que, en el contexto de prácticas de agricultura familiar o en un ámbito agrícola comunitario tradicional, intercambien o vendan entre ellos semillas u otro material de propagación”, tal como detalla el artículo 27 del proyecto que obtuvo dictamen. De ese modo, se intenta orientar la normativa hacia la de UPOV del año 1991, que establece que el titular de una variedad tiene derechos exclusivo de realizar cualquier acto con el material de reproducción de la variedad y, por lo tanto, todos quedan sujetos a la autorización del dueño sobre cómo usar la semilla, de manera similar a los derechos por patente.

De ese modo, “se transfiere un recurso de los productores a la industria, tal vez porque se considera que de esa manera se estimula el desarrollo tecnológico, pero en realidad lo que se estimula es algo que está pasando a nivel mundial, que es una concentración brutal de la industria semillera”, advirtió Scharuf y explicó que en la actualidad son apenas tres las empresas que concentran el 60% de la producción de semillas en todo el mundo. “Sería como transferir recursos de muchos pequeños a grandes, pero tan concentrados que no existe competencia entre ellos ni tampoco son nacionales”, agregó.

Otra de las modificaciones del proyecto que genera preocupación se refiere a lo que se conoce como “orden público”, que determina si pueden haber o no disposiciones que estén por fuera de la ley, que la contradigan. La ley actual no es de orden público, y por eso son posibles los contratos bilaterales como los que le permiten a Monsanto cobrar regalías extendidas, aunque la ley lo prohíba. “El proyecto aprobado propone que algunos artículos sean de orden público, pero, llamativamente, el artículo 27, que es el que incluye las excepciones de los productores, no lo es, lo que habilita a que los contratos particulares puedan avanzar y dejar de lado esas excepciones”, advirtió Carla Poth, doctora en Ciencias Políticas e integrante de la Multisectorial contra la ley Bayer-Monsanto de semillas, y agregó que los productores corren el riesgo de ser criminalizados por sostener prácticas milenarias propias de la agricultura.

Además, el proyecto convalida la posibilidad de apropiación de semillas criollas y nativas que sean “descubiertas”, a pesar de que “cualquier semilla presentada como descubrimiento ha sido robada a alguna comunidad campesina o indígena que la desarrolló. De esta manera, la norma intenta legalizar la biopiratería”, según se advierte en un documento elaborado por la Multisectorial contra la ley Bayer-Monsanto de semillas que durante esta semana movilizó a cientos de organizaciones de todo el país a través de acciones y actividades para difundir los riesgos que esta medida podría tener sobre el modelo de producción de alimentos y su impacto en el consumo. La organización también elaboró un documento comparativo entre la legislación actual y la que se pretende aprobar.

Desde el sábado 23, por ejemplo, se realizaron intercambios de semillas, ferias de productores, conversatorios y talleres en distintas localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Río Negro, y se prevé que esta semana de acción descentralizada culmine hoy jueves por la tarde en la Plaza de los Dos Congresos con muestras artísticas y propuestas musicales. “Había un doble objetivo: el primero era mostrar que somos muchas organizaciones en todo el país que problematizamos esta cuestión y luchamos para que no se reforme la ley, y el segundo era hacer un llamado de alerta entre quienes venimos luchando por este tema, porque muchas veces en los territorios la cuestión legislativa parece quedar muy lejos pero después tienen una injerencia directa”, dijo Poth. Y destacó: “Ese doble objetivo parece haberse cumplido y visibiliza un posicionamiento político desde una mirada integral que no solamente se asocia con la semilla, sino también con luchar en contra de un modelo productivo que nos está enfermando con las fumigaciones y que no nos permite decidir qué comer porque centraliza las decisiones en las grandes corporaciones, que se mueven solo bajo la lógica de la ganancia. Nosotros tenemos alternativas y luchamos por ellas”.

¿Desarrollo para qué?

Otra de las preocupaciones en torno al proyecto de ley presentado por el oficialismo es que refuerza el poder de control del Instituto Nacional de Semillas (INASE) al servicio de las empresas y contempla que, ante cualquier pedido por el que consideren que están siendo vulnerados sus derechos de propiedad intelectual, el INASE podrá acceder a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar para disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción. “Eso es muy contradictorio, porque el Estado tiende a ser cada vez más chico y al mismo tiempo se propone que deba controlar el pago de una semilla”, cuestionó Schrauf y agregó que las funciones de dicho instituto “son muchas y quizás no tenga capacidad de garantizarlas, como que la calidad de la semilla sea buena y otras cuestiones necesarias para el productor”.

Además, el artículo 10 del proyecto incorpora como parte de las “Deducciones Especiales de la Tercera Categoría” de la Ley de Impuesto a las Ganancias la posibilidad de que los productores deduzcan “Una vez y media (1,5) los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Es decir, que les permite descontar de dicho impuesto, “una vez y media” el monto que hayan pagado por las semillas, lo que representa un subsidio estatal estimado en 900 millones de dólares.

“Los que fomentan este cambio piensan que conviene una ley que favorezca a la industria semillera por su desarrollo tecnológico, pero no piensan qué han hecho esas empresas, de qué manera, cuál es su nivel de concentración ni cuáles son sus decisiones. Las empresas desarrollan su negocio a nivel mundial y la Argentina tiene un valor residual”,  advirtió Schrauf y concluyó: “La primera pregunta es qué tecnología queremos y para quién queremos desarrollarla, y después pensar a qué ley ajustamos para que ese desarrollo sea posible”.