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Agencia TSS – Durante las últimas décadas, la región de América Latina y el Caribe ha sido testigo del avance de la agroindustria y el monocultivo, acompañado por deforestaciones muchas veces ilegales, que han llegado a representar más del 40% de la pérdida total de bosques tropicales, todo eso acompañado de actividades de exploración y explotación mineras que no cesan en la región. ¿Cómo son y cómo han variado las conflictividades y políticas ambientales en esta región? ¿Cuáles son los actores involucrados y cómo es el vínculo entre ellos? ¿Quiénes se benefician y quiénes se ven perjudicados por estas políticas?

Estas son algunas de las preguntas que aborda el investigador del CONICET y actual decano, profesor e investigador de la Escuela de Política y Gobierno (EPyG) de la UNSAM, Ricardo Gutiérrez, junto con su colega Isabella Alcañiz –docente de la Universidad de Maryland y profesora visitante de la EPyG–, en el libro “La política distributiva de la protección ambiental en América Latina y el Caribe”.

El trabajo forma parte de la colección Elements, de reseñas críticas sobre literatura de distintos temas, que publica regularmente Cambridge University Press. En este caso en particular, los autores analizan la bibliografía existente y proponen un enfoque teórico para estudiar la política (del inglés politics) ambiental en la región, a través del cual sugieren prestar más atención a los costos distributivos de las políticas (del inglés policies) ambientales que se implementan en cada territorio.

“Hay que prestar mucha atención a los costos distributivos de la degradación ambiental, como la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación, y de las políticas ambientales pensadas para resolver o evitar esa degradación, porque siempre hay ganadores y perdedores. Y para entender bien qué efectos tienen, tanto la degradación como la política, hay que ver cuáles son los actores involucrados, cuáles son sus intereses y quiénes se ven beneficiados o perjudicados por la degradación o por las políticas ambientales”, dice Gutiérrez, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de John Hopkins, en Estados Unidos, y trabaja sobre temas vinculados a políticas ambientales desde hace más de dos décadas.

¿Y qué es lo que dice la literatura al respecto?

Hay dos grandes miradas: una centrada en las protestas y en las organizaciones de la sociedad civil, y la otra centrada en el Estado. No son excluyentes pero son dos tendencias, a las que llamamos la perspectiva de la movilización social y la perspectiva del Estado. Hay muchos estudios y están nuestras propias investigaciones, que muestran que tanto en los conflictos como en las políticas ambientales hay actores sociales y estatales involucrados. Hay que estudiarlos a ambos y al vínculo entre ellos.

En el libro también nombran a las empresas como a un tercer actor.

Claro, porque gran parte de la literatura o no le presta atención al sector económico o da por sentado que el sector empresario siempre va a estar en contra de la protección ambiental, porque lo que quiere es explotar los recursos para maximizar ganas. Sin embargo, hay algunos estudios que muestran que, a veces, hay sectores empresarios que se ponen del lado de los que piden proteger el ambiente. Obviamente, el sector económico es el que mayoritariamente termina degradándolo, pero hay actores económicos que están a favor de la protección ambiental.

 

¿Por ejemplo?

El proceso de movilización en contra de un proyecto que se proponía instalar en Esquel, en el año 2013. Entonces se formaron dos coaliciones, unos a favor de la actividad económica y otros a favor de protección ambiental, es lo que llamamos productivistas y ambientalistas. Y, a veces, lo que se ve en casos como ese, es que algunos sectores económicos forman parte de la coalición proteccionista. En este caso fueron el sector turístico y algunos actores rurales locales, porque se veían que sus actividades estaban amenazadas por la minería y consideraban que la actividad minera iba a usar demasiada agua y la iba a contaminar. En minería, se ven distintos casos en América Latina en los que hay sectores de productores locales, generalmente rurales y a veces turísticos, que piden mayor protección ambiental.

Eso se puede vincular al modelo de desarrollo, ¿no?

Claro, hay autores que analizan eso puntualmente y hay una suerte de disputa entre modelos de desarrollo centrados en cierta forma de producción local y otros asociados a la producción para la exportación y el ingreso de divisas.

En cuanto al rol del Estado, ¿qué encontraron?

En nuestra perspectiva, el Estado tiene un rol dual. Hay agencias que promueven la minería y los commodities, mientras que otras tienen a cargo la protección ambiental. Esto no solo incluye a los ministerios y las secretarías de ambiente en las provincias, sino también a otros actores estatales a los que a veces se les presta menos atención pero que también tienen un rol importante, como el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, según los nombres que les den en los distintos países.

¿Junto a esos actores, que encontraron sobre el rol de la academia?

Tiene una participación muy activa. Nosotros los llamamos expertos, y con ellos pasa un poco como con el Estado, porque hay expertos a favor de potenciar la protección del ambiente y otros que promueven el desarrollo económico o productivo. En la Argentina, el ejemplo del trigo transgénico es clarísimo y actual.

Y es apenas uno de los tantos ejemplos que tenemos en el país y la región, que dan cuenta de la complejidad de estos temas, que involucran a actores diversos con intereses contrapuestos. ¿Pero cómo se sale de esa dualidad?

Bueno, nosotros no hacemos esa gran pregunta, pero sí tratamos de ver quién pierde y quién gana. En la literatura hay cierta tendencia, sobre todo la literatura más centrada en la movilización social, que da cuenta de modo implícito o explícito, que los que ganan y los que pierden son siempre los mismos: siempre ganan las grandes las empresas y el Estado que las apoya, y siempre pierde la sociedad civil y las poblaciones afectadas. Pero nosotros mostramos que no siempre es así, que a veces las poblaciones afectadas pueden ganar, entre comillas, y eso pasa cuando se dan alianzas más amplias entre actores de la sociedad civil, el Estado y a veces, incluso, algunos actores empresarios. Cuando se dan esas grandes alianzas, hay más chances de ganar.

 

¿El caso de Esquel también es un ejemplo de esto?

Sí, en Esquel, además de frenar el proyecto minero, lograron sancionar una ley provincial que prohíbe la minería bajo ciertas condiciones, una ley que está permanentemente en disputa, debido a esa confrontación entre las dos coaliciones que perduran a lo largo del tiempo. Otro ejemplo es Mendoza, adonde hay una ley que prohíbe la mega minería a cielo abierto con uso de cianuro desde el año 2007. Esa ley fue resultado de todo un proceso de movilización y de alianzas de actores locales en contra de posibles proyectos de minería en algunas zonas de la provincia, vinculadas con la producción vitivinícola, como el Valle de Uco, San Carlos, Tupungato, Tunuyan y San Rafael. Allí, los vecinos empezaron a movilizarse y a construir alianzas con políticos locales, incluso a veces con cierta participación de las cámaras de empresas vinculadas al turismo y a la industria vinícola, siempre ante el riesgo de la contaminación del agua, que puede amenazar su disponibilidad para otros usos. Allí, la movilización social fue muy importante pero no habría alcanzado para llegar a la ley provincial sin esa construcción de alianzas amplias con políticos. Hasta el día de hoy, muchas veces se intentó derogar esa ley pero nunca pudieron, por esta misma alianza que se vuelve a juntar cada vez que aparece una amenaza de derogación de la ley, y hacen todas las presiones para que eso no ocurra.

¿Fuera de la Argentina también hay ejemplos similares?

Sí, hay muchos. Generalmente, todos muestran que cuando se forman alianzas entre actores estatales y de la sociedad civil, y a veces también cuando hay participación de algún sector económico, esas alianzas tienen más chances de garantizar la protección ambiental.

¿Se podría decir que, ante los conflictos ambientales, el rol de la ciudadanía es fundamental?

Sí, es importante, pero con la movilización social no alcanza. Si las personas que se movilizan no arman alianzas con gente dentro del Estado, no van a tener impacto. O sea, para poder tener impacto hay que poder revertir decisiones estatales, y ahí es cuando necesitan de esos aliados, para poder tener más chances de tener incidencia. Y también hay casos en los que pasa lo inverso y son los propios agentes estatales que tienen como objetivo la protección ambiental, quienes buscan aliarse de manera estratégica con la movilización social.

¿Detectaron algo que les haya sorprendido durante el relevamiento?

Lo que encontramos y no esperábamos, y que puede ser un sesgo de la literatura, es que estas construcciones de alianzas se dan menos en contextos muy urbanos y más ligados a la pobreza. Hay una mayor invisibilización de los problemas ambientales en contextos metropolitanos. Entonces, hay una gran pregunta: ¿Por qué esos problemas urbanos no tienen tanta visibilidad y tampoco hay movilización?

¿Qué cambios ocurrieron en torno a estas problemáticas durante las últimas décadas?

Desde el 2000 en adelante se da una suerte de paradoja porque es la época del boom de los commodities, que implica mayor impacto ambiental y, al mismo tiempo, es cuando mayor desarrollo tienen las políticas e instituciones ambientales en toda América Latina. Hay mucha más movilización y una definición de derechos ambientales que antes no estaban establecidos. Sumado a eso, en esta época también se produce el denominado boom de la conservación, por el cual se crean muchas áreas protegidas en toda la región.