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Agencia TSS — A cinco meses de iniciado el conflicto por el despido de más de 250 empleados del INTI, la situación dista de ser resuelta: todavía hay afectados instalados en el instituto, que volvieron el 24 de mayo tras enterarse de siete nuevos despidos. También se difundió una nueva carta (1 y 2) apoyada por directores y referentes tecnológicos, que denuncia una propuesta de reestructuración de las autoridades que “carece de solidez y fundamentos trazables” y que parte de un “diagnóstico difuso”, pero que, a diferencia de otras anteriores, esta vez no lleva firmas “debido a las consecuencias que pudiésemos sufrir… Ya que sobran los casos en los cuales aquellos integrantes de INTI que se han manifestado en contra del avance político de las autoridades actuales han sido castigados de diversos modos”.

Actualmente, la entrada principal del Centro Miguelete está vallada y el acceso se realiza por una puerta lateral, que cuenta con guardia de seguridad permanente que controla a quienes cruzan por él e inspeccionan los vehículos por dentro. “Si hoy un cliente pasa por el INTI tal vez no entra porque cree que está cerrado”, le dijo a TSS un empleado del instituto que ocupa un cargo directivo y adhiere a los escritos de la carta, pero que prefiere preservar el anonimato para evitar represalias de las autoridades. “La gestión está detenida, es difícil que salga un expediente y que se compren insumos. Aún así, lo que llega se hace, pero no hay una mirada a mediano plazo”.

El pasado miércoles 27 de junio estaba prevista una conferencia de prensa vinculada con un proyecto de ley de emergencia laboral en el INTI en el Congreso, que debió desarrollarse sobre la avenida Rivadavia ya que les negaron el uso de un auditorio en el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados a pocas horas del encuentro.

“No podemos tener nuestra conferencia de prensa en el auditorio, que estaba reservado y vacío. Es una vergüenza para la democracia, están bloqueando el juego democrático en el Congreso”, denunció el diputado nacional por Acción Ciudadana/Frente Para la Victoria (FPV) Roberto Salvarezza, que impulsó la presentación del proyecto, que fue firmado por representantes de diversos bloques y que ya está aprobado en dos de las tres comisiones asignadas: de Legislación laboral y de Industria. Solo resta que sea aprobada en la Comisión de Presupuesto para que pase a recinto y comience a ser debatido.

“Lamentablemente, el diputado Luciano Laspina –Cambiemos–, que preside la Comisión de Presupuesto, no la convoca. Tampoco entendemos por qué fue a esa comisión porque realmente no es su incumbencia, ya que en el proyecto no hay nada que afecte al presupuesto del INTI”, explicó Salvarezza.

Creado a fines de 1957, el INTI se organizó con el objetivo inicial de mejorar las capacidades científicas y tecnológicas del proceso productivo y la utilización de materias primas de origen nacional. Su rol fue variando acorde a los vaivenes de la historia nacional y durante los últimos 15 años la institución atravesó un período en el cual se intentó que, además de sus tradicionales servicios de certificaciones y ensayos, tuviera un papel más activo en el desarrollo de las economías regionales de base, mediante el impulso al trabajo de microemprendedores y cooperativas, entre otros actores de la economía. A partir del año 2011, algunas líneas de trabajo se fueron perdiendo o modificando, y con la asunción del nuevo Gobierno comenzó un cambio que desplazó su atención hacia las grandes empresas y multinacionales.

“El INTI es el principal apoyo de las pymes, que son las que generan trabajo”, cuestionó Daniel Filmus, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Unidad Porteña/Frente para la Victoria, durante la conferencia de prensa sobre la avenida Rivadavia. La fuente del INTI que ocupa un cargo directivo confirmó a TSS este cambio de rumbo y reveló que las autoridades les han pedido un listado de todas las empresas con las que interactúan o querrían hacerlo, pero solo habrían considerado contactar a las grandes empresas. “A lo mejor es una primera instancia, pero los directores de INTI tenemos claro que si terminamos trabajando para las corporaciones hay algo que está mal, porque claramente es muy distinto al foco en las pymes”, se preocupó.

A esto se suman otras medidas que se fueron conociendo desde que comenzó el conflicto, que debilitan las funciones de este organismo. Desde abril, por ejemplo, la resolución 422/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable autoriza a entidades privadas a otorgar certificaciones, medida que se suma a los Decretos 891 y 894 promulgados en noviembre de 2017, mediante los cuales se establecieron nuevas prácticas en materia de simplificación y se reglamentaron procedimientos administrativos, entre los que se destaca un cambio en la metrología legal, que le quita al INTI la exclusividad para la realización de ensayos y permite la participación de otros laboratorios, tanto públicos como privados.

De esta forma, los controles de calidad de pilas y baterías, así como los del estado de los ascensores fabricados en el país, que antes eran exclusivos del INTI, pasaron a laboratorios privados. Ahora, a esa lista se suman las certificaciones de calidad del cemento. “Las grandes cementeras están invirtiendo para que se genere otro laboratorio distinto al nuestro”, le dijo a TSS Claudia Bufi, que hasta que se inició el conflicto se desempeñaba en el área de Construcciones, y agregó que “dieron un plazo de 90 días para que la certificación del cemento no la haga más el INTI y así esa unidad técnica se reduciría al 10% de su expresión”.

Esta decisión estaría avalada por el decreto 319/2018, que deroga la resolución 130/92, que establecía  las normas de comercialización de cementos, ya sean fabricados localmente o importados. “No es una cuestión de empleo, sino que las certificaciones generan ingresos al INTI y hay muchos intereses en juego”, advirtió Giselle Santana, secretaria gremial de ATE-INTI, y afirmó que, en este caso en particular, quienes trabajaban en control de calidad de cementos del INTI y no han sido despedidos fueron reubicados en nuevas funciones, puesto que esas certificaciones “ya se perdieron”.

“Lo más grave es que los laboratorios pequeños y medianos no podrán desarrollar sus productos porque no vamos a estar en condiciones de darles tecnología para que puedan competir”, sostuvo la fuente del INTI que prefirió mantener su nombre en reserva. Además, agregó que, de acuerdo con la reestructuración que se puso en marcha –en función del plan elaborado por la consultora vasca Tecnalia, por el cual el presidente del país vasco fue interpelado en el Parlamento–, el INTI se va a burocratizar: “Para poder acceder al profesional de INTI, las empresas van a estar perdidas en una estructura que no está claramente definida y que no es lo que la industria necesita para poder desarrollarse”, advirtió.

Todo esto “forma parte de una lucha contra todo el proceso de vaciamiento y ajuste en el Estado, que no se ha detenido en el INTI, sino que lo hemos visto en Rio Turbio, Fanasul, Senasa, Agroindustria y Télam”, dijo Romina Del Pla, diputada nacional por el Frente de Izquierda. “El Estado nacional está desguazando áreas estratégicas, los ejes centrales que hacen al desarrollo y el control en Argentina”, coincidió el diputado por el Frente Renovador Daniel Arroyo, y subrayó que en el caso particular del INTI, “está claro que echaron gente que es estratégica, que le da valor agregado al país, que hace controles que son centrales para el desarrollo industrial”.

Para Salvarezza, “El INTI es una especie de prueba piloto, una muestra importante de lo que quieren hacer. Arremeten contra el empleo público estigmatizando a los trabajadores pero es algo generalizado, es un desprecio absoluto por lo público”.