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El Gobierno nacional, por pedido del ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, ordenó que el INTI deje da brindar 932 servicios técnicos al sector privado. Así, no solo se implementa una política de vaciamiento del organismo, sino también se afectan capacidades y controles estatales fundamentales para el desarrollo industrial y la comercialización de productos en la Argentina.
En la Cámara de Diputados se debatió sobre los desafíos que enfrentará la principal institución de asistencia a la industria durante la próxima gestión. Reincorporación de los trabajadores despedidos, regionalización de los recursos y participación de las pymes en la definición de políticas públicas fueron algunas de los principales demandas.
A cinco meses de la crisis originada en el INTI por el despido de más de 250 trabajadores, el conflicto sigue y las autoridades realizan una reestructuración que debilita cada vez más el rol del organismo en tareas como certificaciones, controles de calidad y el apoyo a las pymes. Mientras se espera por el avance en el Congreso de un proyecto de ley de emergencia laboral, una nueva carta de sus directores da cuenta de la grave situación.
