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Agencia TSS — El sistema científico argentino atraviesa una situación crítica y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) no es la excepción. En marzo pasado, sus trabajadores y trabajadoras presentaron un petitorio con una lista de reclamos laborales que incluyen el pase a planta permanente y denunciaron que más del 80% son contratados y no cuentan con estabilidad laboral ni se respetan los ascensos correspondientes.

Ante la falta de respuestas, decidieron empezar un plan de lucha con asambleas, movilizaciones y paros. “Lo que conseguimos fue una política de persecución sindical que no habíamos vivido nunca, desde censura a los correos electrónicos hasta amenazas de todo tipo”, le dijo a TSS Giselle Santana, secretaria gremial de la junta interna ATE-INTI.

A diferencia de los problemas que atraviesan otras instituciones del sector científico, como el CONICET, el problema del INTI no es el recorte presupuestario. Según Santana, “en los papeles no hay ajuste, al contrario, hay un aumento del 50% del presupuesto (en el proyecto de Presupuesto 2018 se le asignan $ 2.390 millones, versus $ 1.500 millones de 2017, reforzados con partidas presupuestarias durante el año que dejaron la cifra en $ 2.184 millones). Sin embargo, lo que vemos es que la plata se está utilizando para obras de dudosa necesidad, como pintar obras de arte en los edificios, mientras que no hay insumos básicos para el trabajo en los laboratorios. Hay una política de vaciamiento y manejo discrecional del presupuesto público. Nosotros denunciamos que eso es corrupción y por eso estamos siendo perseguidos”.

Cuando el 8 de agosto pasado, días antes de las PASO, los trabajadores del INTI iban a realizar una jornada de paro para denunciar esos reclamos, las autoridades cerraron las puertas de la institución y montaron un operativo de seguridad para impedir su ingreso. El argumento fue que “se declaró asueto porque la institución tenía un corte programado de agua” y que “el lunes 7 se le notificó al personal para evitar inconvenientes”. En tanto, para el pasado 12 de octubre, los delegados habían organizado una mesa de debate sobre el ajuste en ciencia y tecnología. Sin embargo, la institución presidida por el ingeniero Javier Ibáñez —que antes de llegar al organismo fue funcionario del Ministerio de Modernización del Gobierno porteño y gerente general del Teatro Colón— prohibió el ingreso de los disertantes bajo el argumento de que era “una actividad política”.

Uno de los exponentes censurados fue el ingeniero Enrique Martínez, expresidente del INTI y actual coordinador del Instituto para la Producción Popular (IPP). En diálogo con TSS, dijo: “El sistema científico-tecnológico se ha convertido en un ente tributario del sector privado. Una discusión que el INTI arrastra desde su fundación, hace 60 años, es si debe ser un organismo que brinda servicios solicitados por el sector privado o que genera iniciativas de transferencia tecnológica, sobre todo a sectores de menor recursos. En este momento, la conducción del INTI vuelve a la misma lógica de hace 20 años: prestar servicios pagos a empresas que soliciten cosas como control de calidad o calibración de instrumentos, porque las grandes corporaciones no hacen desarrollo tecnológico en la Argentina”.

En el mismo sentido, Santana plantea que el INTI atraviesa un proceso de reestructuración en el que hay líneas de investigación que se cortan y áreas que cambian sus objetivos. “Lo que antes era asistencia a la comercialización de la base social, que buscaba ayudar a microemprendedores y pequeñas cooperativas para que puedan comercializar sus productos, mutó a un área que las ayuda a vender a multinacionales como Walmart. Estamos viendo que todo lo que era apoyo a la economía social termina siendo asistencia  a las grandes empresas para que se queden con las ganancias”, apunta.

Martínez suma otro ejemplo y cuenta que la gestión actual desarmó un sistema de certificación de productos que se había elaborado y puesto a disposición de los ciudadanos, que permitía chequear la calidad y el cumplimiento de las normas bromatológicas en los supermercados. Si se encontraban deficiencias, se enviaba a las empresas para que lo corrigieran. “Eso da la idea de que la situación se invirtió: quienes toman la iniciativa son las empresas y los tecnólogos simplemente hacen lo que les piden”, sentencia.

Para el ingeniero, la manera de volver a llevar al INTI hacia un modelo de institución que genere “investigación y desarrollo en red, con el fin de acompañar e impulsar el crecimiento industrial de cada provincia”, como lo postula el organismo en su misión, es a través de acuerdos generados “desde abajo”, con convenios generados desde ámbitos públicos de menor dimensión, como gobiernos municipales, que busquen beneficios para las industrias locales.

El plan de lucha de los trabajadores del INTI continúa con un nuevo cese de actividades para este jueves 2 de noviembre, que fue rechazado por Ibañez con una carta en la que amenazó a los empleados con descuentos de días de trabajo y la pérdida del presentismo, según publicó Página/12. La convocatoria a la movilización, acto y olla popular es en la puerta del predio ubicado en Avenida General Paz y Constituyentes. “Estamos convocando a organizaciones, sindicatos, partidos políticos y todos los que puedan acompañarnos. Queremos hacer una jornada para que trascienda la pelea que venimos dando, porque llevamos muchos meses sin solución y ni siquiera nos convocan a dialogar”, dijo Santana.