A tres meses del conflicto en el INTI, la situación de los 258 trabajadores despedidos sigue sin ser resuelta y la última movilización fue reprimida por las fuerzas policiales. Mientras tanto, se agrava el debilitamiento de la institución tras el desplazamiento de directores, la apertura de retiros voluntarios y la cesión a empresas privadas de controles de calidad que realizaba el organismo.
Agencia TSS – Con un corte parcial en la Avenida General Paz que fue reprimido con golpes y gases por fuerzas policiales, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el organismo de asistencia a la industria más importante de la Argentina, cumplen hoy casi tres meses de permanencia en estado de alerta y lucha por los 258 afectados por el ajuste decidido por el Gobierno. Hace 90 días de aquel caluroso viernes de enero en el que comenzaron a llegar los telegramas de despido en distintos sectores del INTI y son más de 600 las horas laborales que su director, Javier Ibañez, lleva sin hacerse presente en el Centro Tecnológico de Migueletes, pese a los sostenidos reclamos de trabajadores y trabajadoras del organismo que hoy exigen su renuncia por la falta de respuestas ante el conflicto.
“El INTI está funcionando al 30% de su capacidad, está paralizado por la acefalía y la desorientación: no se firman viáticos ni convenios, ni tampoco se definen líneas de trabajo, porque todo está sujeto a la reestructuración. Además, hay trabajos que no se pueden realizar porque ya no están quienes saben hacerlos”, dice la delegada gremial Yamila Mathon, que por orden judicial deberá volver a su puesto de trabajo en el Centro de Tecnologías de Gestión, como coordinadora del área de Capacitación de Asistencia Técnica a Emprendedores, en la que tenía seis personas a cargo y de las que solo quedan dos. Mathon –que sufrió en carne propia la represión policial con gas pimienta durante la movilización frente al organismo– agrega que, durante el fin de semana pasado, “un grupo de asesores tomó posesión violentamente de lo que era mi oficina”.
Aunque siguen en estado de alerta permanente, el 14 de marzo pasado los trabajadores del INTI decidieron levantar el paro y el acampe, tras una asamblea dividida, que, según Mathon, fue “un fracaso”. Esa asamblea no logró reincorporaciones y, tras la medida, las autoridades aumentaron la presencia policial, avanzaron en el cerramiento del espacio verde donde los trabajadores afectados acamparon durante 47 días y realizaron descuentos salariales a quienes habían adherido al paro. “Pese a que la huelga es un derecho del trabajador, en el recibo de sueldo pusieron que eran ausencias injustificadas, un concepto que en el empleo público deja las puertas abiertas a un despido con causa”, dice la delegada, y agrega que este fue uno de los factores de mayor presión, ya que a más de mil empleados se les descontaron días de trabajo por un monto que en ocasiones alcanzó hasta un 40% del salario.
“Pensar que con este tipo de medidas la gente va a trabajar es desconocer que lo principal en un organismo tecnológico es motivar a la gente. Esto no es una empresa privada cuyo fin es ganar plata, que puede buscar un aumento en la productividad con determinados parámetros. Acá, si la gente no piensa no se consigue tecnología, y no se puede obligar a una persona a que piense”, agrega Alfredo Ladrón González, que hasta hace unos días era director del Centro de INTI Maderas y Muebles, y que al igual que sus colegas Laura Hermida y Jorge Schneebeli, directores de los centros INTI Química e INTI Mecánica, respectivamente, han sido desplazados de sus cargos por haber apoyado el reclamos de los trabajadores (como en el caso de la carta que firmaron todos los directores del organismo), con argumentos como debilidad en la conducción e incapacidad para alinearse con la reestructuración que se viene, de la cual poco se sabe.
“Sin mencionar cuestión laboral alguna, me dijeron que había contribuido a generar una corporación de directores que se habían opuesto a las decisiones de la conducción en este conflicto, y por haber participado en actividades políticas, porque leí uno de los documentos en una conferencia de prensa que se hizo al cumplirse un mes del conflicto”, recuerda Ladrón González, que desde entonces fue transferido a un sector denominado Economía Industrial, en el que todavía no tiene tareas asignadas.
“La reestructuración que se viene tiene que ver con privatizaciones de laboratorios y de líneas de trabajo del instituto, y la tercerización de servicios que hoy dependen del INTI”, advierte Mathon y afirma que esto se vincula al plan elaborado por la consultora vasca Tecnalia, revelado por el diario Tiempo Argentino, que le costó al INTI 295.000 y que, entre otras, cosas propone reemplazar los 54 centros de investigación por tres grandes áreas de “movilidad”, “energía” y “alimentación”, además de vender inmuebles y tecnología instalada para obtener ganancias rápidas.
“El INTI fue creado con un consejo directivo de nueve miembros y ahora las decisiones se toman unipersonalmente. Esto es así desde hace unos cuantos años, pero esta conducción le está poniendo fin a lo que me parece que es la principal bondad de la ley de creación del instituto: el sistema de centros de investigación, porque cada centro debe funcionar con un comité ejecutivo orientado tecnológicamente a las necesidades de un sector industrial en particular”, subraya Ladrón González, que es economista y tiene casi 40 años de trayectoria en la institución.
Dos hechos más se suman a este panorama. Uno de ellos es que, durante las últimas semanas, y de acuerdo con lo impulsado por el Gobierno nacional a través del decreto 263/18, las autoridades del organismo abrieron la opción de retiro voluntario para aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos necesarios. El otro, se vincula con la resolución 422/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, publicada hace algunos días en el Boletín Oficial, que autoriza a entidades privadas a otorgar certificaciones, medida que se suma a los Decretos 891 y 894 promulgados en noviembre de 2017, mediante los cuales se establecieron nuevas prácticas en materia de simplificación y se reglamentaron procedimientos administrativos, entre los que se destaca un cambio en la metrología legal, que le quita al INTI la exclusividad para la realización de ensayos y permite la participación de otros laboratorios, tanto públicos como privados.
De ese modo, según trascendió en diversos medios como Bae Negocios, ya hay tres laboratorios privados que comenzarán a realizar los controles de calidad de pilas y baterías: Bureau Veritas Argentina, Tûv Rheinland Argentina y la Fundación Gutenberg. De manera similar, se habilitó para ejercer controles de calidad al laboratorio privado Lenor (de origen nacional, con filiales en China, Chile y Colombia), que controlará el estado de los ascensores fabricados en el país, junto con el citado Tûv Rheinland, de origen alemán.
“Son actividades que solo realizaba el INTI y es importante que las tareas de control y seguridad sobre productos y procesos estén en manos de organismos estatales, por una cuestión de imparcialidad. En un organismo privado es difícil controlar cuándo hay intereses de por medio”, advierte Micaela Rivero, que hasta el 26 de enero y desde hacía una década se desempeñaba como responsable del área de Certificación de Pilas y Baterías. “Toda mi capacitación profesional se relacionó con esa actividad”, advierte la especialista y afirma que, junto con ella, también despidieron a otros dos colegas: el responsable de Plomo en Pinturas y el responsable de Certificación de Ascensores y Partes de Seguridad.
“Creemos que la reestructuración va a seguir y que no hay intención de revalorizar o recategorizar al INTI, un instituto tecnológico que supo ser de calidad y modelo en la región y en el mundo”, dice Rivero. Y concluye: “En los últimos años hubo un vaciamiento económico, al que ahora le están dando la estocada final con este ajuste tremendo”.
