Agencia TSS

Agencia TSS – “Si se concretan estos despidos irán por muchos más, sobre todo en la privatización de las tareas de apoyo. Empezaron atacando fuertemente a la organización gremial, ya que 40 de los 250 despedidos son delegados, pero es la punta del iceberg, necesitan que pase esto para que después sucedan otras cosas”, advirtió Francisco Dolmann, secretario general de ATE en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), tras participar el martes pasado de una reunión con diputados de diversos bloques de la oposición –entre ellos del Frente de Izquierda, Frente para la Victoria, Frente Renovador, Movimiento Evita y Movimiento Libres del Sur–, y trabajadores del principal organismo público nacional de asistencia al sector industrial.

“Les explicamos lo que significan los 250 despidos para la institución y el país, para el desarrollo de la tecnología y la industria, y se comprometieron a organizar una sesión especial y una audiencia pública para tratar el conflicto”, agregó el dirigente, y advirtió que continúan esperando que las autoridades abran un canal de diálogo para evaluar caso por caso los despidos.

“Dicen que son ñoquis, pero los compañeros que han sido notificados no tienen problemas de ausentismo ni de presentismo, debe ser por eso que no nos llaman a dialogar”, agregó el dirigente gremial. Además, le dijo a TSS que también estaban al tanto de la existencia del denominado “Diseño del Master Plan de I+D INTI” con recomendaciones de la consultora vasca Tecnalia –publicado por el diario Tiempo Argentino– que, entre otras acciones, propone la venta de activos del instituto que hoy se utilizan por ejemplo para realizar controles de calidad, y que verificaciones y certificaciones que hoy están a cargo del INTI sean delegadas a laboratorios externos.

“Tienen un proyecto diferente del INTI, en el que desaparecen los centros de investigación y se transforman en gerencias o subgerencias. Eso significaría más despidos y un INTI no dirigido a la pequeña industria ni a la sociedad en general, sino a grandes empresas que se beneficiarían con la I+D del instituto”, se lamentó Dolmann. El dirigente dijo estar al tanto de las diferencias que habían surgido con respecto a este plan por parte de los mandos medios del organismo. De hecho, se hizo pública una carta en la que 25 directores del INTI rechazan los despidos y alertan que los hechos que están sucediendo “atentan contra la continuidad de líneas de trabajo estratégicas para nuestro país y el futuro del organismo”. Durante la movilización del 2 de febrero pasado, TSS intentó dialogar con varios de los directores firmantes, que declinaron hacerlo, en una muestra del clima que envuelve a la institución.

El botín de las certificaciones

“El hecho de que el INTI sea un ente público le da prestigio a las certificaciones”, le dijo a TSS Enrique Martínez, director del organismo entre 2002 y 2011. Además, recordó que esos servicios rutinarios que involucran al consumidor, como el control de surtidores de combustibles, de alcoholímetros o medidores de velocidad en ruta, “siempre han sido seductores para laboratorios privados y tercerizarlos implica quitarle ese ingreso al organismo. En la primera década de este siglo se peleó por contar con esos atributos porque se pensaba que iban a financiar las actividades en las que el INTI no puede ni debe cobrar honorarios, que son aquellas que involucran una porción significativa para el desarrollo y la innovación”.

Martínez se refiere, por ejemplo, a las tareas de capacitación e investigación y desarrollo que se llevan a cabo a través de los más de 50 centros de servicios distribuidos en todo el país, desde los cuales se brinda apoyo y asesoramiento a todo tipo de empresas, desde grandes corporaciones hasta emprendedores y productores locales. “El INTI tiene delegaciones en todas las provincias y en algunas incluso hay varias, pero es un hecho nuevo que comenzó en el año 2007 y son ámbitos muy jóvenes que pueden deteriorarse seriamente si pierden sus recursos”, advirtió el ingeniero.

El INTI es un ente autárquico creado hace 60 años –el 27 de diciembre de 1957– con el objetivo de mejorar las capacidades científicas y tecnológicas del proceso productivo y promover la utilización de materias primas de origen nacional. Durante los noventa, la planta de empleados del INTI se redujo de 1.800 a 1.100 empleados, “y una parte importante de ellos estaba conforme con esa lógica de vender servicios y vincularse exclusivamente con gente que pagaba”, recuerda Martínez. Durante los nueve años de su gestión lograron duplicar la planta de trabajadores, que alcanzó a sumar 2.200 empleados.

El rol del INTI fue variando acorde a los vaivenes de la historia nacional y, durante los últimos 15 años, la institución atravesó un período en el cual se intentó que, además de sus tradicionales servicios de certificaciones y ensayos, tuviera un papel más activo en el desarrollo de las economías regionales de base mediante el impulso al trabajo de microemprendedores y cooperativas, entre otros actores de la economía.

“Ese intento de estar en los extremos del conocimiento, desde los procesos en los que se requiere el respeto por el conocimiento de la población hasta aquellos más sofisticados, es algo que nunca se había intentado al interior de una misma organización y en el INTI lo transitamos con éxito”, destacó Martínez, que también fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Con respecto a la política de despidos que busca implementar el Gobierno, Martínez aclaró que “el personal ingresó bajo el régimen de Ley de Contrato de Trabajo –LCT–, como si estuviera ingresando a una empresa privada. Nosotros dictamos resoluciones apenas tomamos nota de esa necesidad, en 2005 y 2006, que establecieron una autolimitación al gobierno del INTI, para que toda persona que trabajara bajo esa forma de contratación y que fuera sancionada o despedida, se lo hiciera a través de un mecanismo equivalente al de planta permanente”. Según el ex titular del organismo, los telegramas actuales no cumplen con ese requisito.

En vías de extinción

“En Pergamino había una unidad de extensión en la que se trabajaba sobre textiles y en la que había pocas personas, pero la cierran”, le dijo a TSS la socióloga Cecilia Belistri, que se incorporó al Instituto en 2010, primero para ser parte del programa de Residuos Sólidos Urbanos y luego del de Tecnologías Industriales para la Agricultura Familiar. Y agregó: “Teníamos una línea de trabajo con pequeños productores y productoras, dábamos asistencia técnica, capacitaciones y desarrollábamos tecnología apropiada. También teníamos un convenio con el INTA para desarrollar tecnologías de acceso al agua, junto con INTI Salta, que tiene un grupo de hidrogeólogos. Éramos siete personas y despidieron a seis. El otro compañero está con licencia por enfermedad prolongada porque lo operaron de cáncer, y suponemos que en realidad ese fue el motivo por el cual todavía no le llegó el telegrama”.

Junto con ellos, también están en riesgo el trabajo y la continuidad de diversas unidades técnicas o de extensión en ciudades como Viedma, Tandil y Cruz del Eje, según datos de ATE, que convocó a un paro nacional, para el próximo 15 de febrero, con motivo de los despidos y recortes presupuestarios en otros organismos públicos como el SENASA, el Hospital Posadas, la central de Río Turbio y Fabricaciones Militares, entre otros.

“Esto forma parte de un escenario más complejo en el que está en crisis el conocimiento como valor público, porque no es casualidad que primero haya sido el CONICET, luego SENASA, la restricción presupuestaria del INTA, la destrucción de la innovación en Fabricaciones Militares y ahora el INTI. Es una acción sistemática en la que se considera que el capital es lo único importante y que si no tiene conocimiento se lo puede comprar donde sea en el mundo. Por lo tanto, los ámbitos locales de generación de conocimiento son secundarios”, se lamentó Martínez.

En pocos días se cumplirán dos semanas desde que gran parte del personal del INTI decidiera quedarse en el parque tecnológico de Migueletes para defender sus puestos de trabajo, luego de que los directores de las distintas áreas les advirtieran que se habían enviado 254 telegramas de despido. Ante esa situación, las autoridades decidieron declarar un asueto que al cierre de esta edición continúa, en lo que los trabajadores consideran un lock out patronal sin precedentes. “Mañana se cumple otro día de asueto, 12 días continuos en los que el INTI no funciona, y las autoridades no aparecen y nadie da respuestas”, dijo Dolmann. TSS intentó contactarse con las autoridades del INTI en repetidas oportunidades pero no recibió respuesta por parte del organismo.