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Agencia TSS — Los damnificados por el ajuste presupuestario en el CONICET todavía se preguntan qué es lo que hicieron mal para que los cambios en el contexto político y económico del país los dejaran sin ingreso a la Carrera de Investigador Científico (CIC) del organismo, a pesar de haber superado todas las evaluaciones y obtenido las recomendaciones necesarias para aspirar al cargo.

“Decíamos con cierta ironía que parecen los padres cuando hablan de Papá Noel —por las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) —, porque la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) no está, no puede venir o no contesta, y así es muy difícil llevar una negociación, porque estamos hablando de un interlocutor al que se niegan a incorporar en la mesa de negociaciones”, le dijo a TSS Lucia Maffei, representante de Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), tras la última reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento, el 26 de septiembre pasado, a la que juzgó como “bastante lamentable y repleta de provocaciones, como si nos sobrara el tiempo para venir acá a escuchar una y otra vez lo mismo”.

Tras ocho días de ocupación pacífica del MINCYT, las autoridades extendieron el plazo de negociación con la SPU y se comprometieron a buscar respuestas a las adendas propuestas por los investigadores, con las cuales buscan que se garanticen la estabilidad laboral y la equidad salarial respecto de los cargos para los cuales han concursado.

“La reunión de hoy era la continuación de la que tuvimos el martes pasado, que permitió el levantamiento de la toma y fue un cuarto intermedio para que los funcionarios llevaran nuestras propuestas a la SPU, para ver si podían tener algún tipo de respuesta favorable a nuestros pedidos”, dijo Guido Giorgi, miembro de la Red Federal de Afectados, quien estuvo en el encuentro con las autoridades. Según Giorgi, hace tiempo que demandaron que la SPU sea incorporada a la mesa de negociación, “pero claramente no hay voluntad de hacerlo”.

Matías Cristobo, también integrante de la Red Federal de Afectados, en su caso de la provincia de Córdoba, se trasladó a Buenos Aires por el día para poder estar presente en la reunión. Cristobo le dijo TSS: “La mesa fue una gran dilación hasta la semana que viene. Nuestra impresión es que no se invita a la SPU porque al MINCYT le conviene que un actor no esté como interlocutor, porque es la excusa para seguir pateando los plazos hacia adelante y no dar una respuesta concreta”.

El conflicto con los investigadores comenzó el año pasado, cuando casi 500 científicos que recibieron la doble recomendación de las comisiones evaluadoras —necesaria para ingresar a la CIC, la primera instancia que tiene un investigador para acceder a un trabajo formal con estabilidad y obra social tras haber terminado sus becas de doctorado y posdoctorado— fueron excluidos por un recorte presupuestario que dista de ser mejorado.

Tras reiterados reclamos y cinco días de toma, en vísperas de la Navidad pasada se firmó un acta de compromiso entre las autoridades y las agrupaciones de investigadores, en la cual el MINCYT se comprometía a reinsertar en instituciones del sistema científico a quienes habían resultado perjudicados, garantizando igualdad de condiciones laborales y salariales. Como parte del acuerdo se creó una mesa de negociación y seguimiento, con el objetivo de llegar a una solución definitiva.

El MINCYT propuso como solución el Programa de Fortalecimiento de la Investigación en Universidades, acordado en mayo con el Ministerio de Educación, mediante el cual se negociaría la reinserción de los damnificados en el ámbito académico mediante la creación de 410 cargos docentes.

Sin embargo, todavía no están claros los detalles de las contrataciones, que en algunos casos podrían contar con diferencias salariales a la baja de alrededor del 30% en comparación con el sueldo de que recibirían en el CONICET. “Hay un conjunto de compañeros que como no tienen antigüedad docente pasarían a ganar sustantivamente menos. Estamos hablando de alrededor de 7.000 pesos menos en salarios de 28.000 pesos”, explicó Giorgi y recordó que, en la reunión del 19 de septiembre, las autoridades se habían comprometido a trabajar en una solución, “pero hoy hicieron como si nunca hubiera existido el compromiso”, dijo.

Otro de los puntos conflictivos es un artículo (el número 10, que motivó la última toma), según el cual las universidades se declaran con potestad para autoexcluirse del acuerdo en caso de que haya un ajuste presupuestario, lo que pondría en riesgo los cargos y la estabilidad laboral de los investigadores reubicados.

“Nos dijeron que tenemos que esperar al martes que viene —3 de octubre— para ver si finalmente se puede o no quitar el artículo 10 e introducir las adendas que pedimos”, dijo Florencia Arancibia, de la Red de Afectados, quien también participó del encuentro con las autoridades, y advirtió: “Lo que vemos como más problemático es que ellos se siguen tomando tiempo y más tiempo para dar respuestas a cosas muy concretas, pero los plazos para nosotros corren, porque si bien extendieron 15 días la fecha para firmar el primer compromiso con las universidades, si el martes próximo nos vuelven a responder que no a todo volvemos a foja cero, como estábamos hace dos semanas”.

Sobre los plazos, según Maffei les dijeron que no se van a correr, “lo que nos pone en una situación muy compleja porque los compañeros son forzados a firmar sin tener en claro las condiciones”. Por eso, las agrupaciones ya están planteando la necesidad de “salir del Polo Científico” para hacer escuchar sus reclamos entre la ciudadanía y no descartan realizar nuevas movilizaciones y cortes de calle, e incluso llegar hasta la SPU.

Lo único que les detallaron, según recordó Giorgi, fue “el listado de los 63 compañeros cuyo destino no conocíamos, y eso es importante pero así tenemos la lista casi completa de los lugares a los cuales iríamos todos”.

Nano presupuesto

En la asamblea posterior a la reunión con las autoridades, una de las delegadas recordó la importancia de tener en cuenta esta situación puntual dentro del contexto general de cambios en el sistema científico y tecnológico nacional. Mientras que un grupo de científicos repartía volantes de un hipotético congreso de “Nanopresupuesto”, una ironía en función de que en paralelo se realizaba en el Polo Científico una jornada del encuentro Nanomercosur, los asambleístas presentes acordaron formar una comisión de seguimiento presupuestario para monitorear de cerca la situación del sector a nivel nacional.

Tras el cambio de Gobierno, la política de ciencia y tecnología ha dado un giro no solo por la reducción del presupuesto destinado al sector, sino también por decisiones como el desmantelamiento del equipo de ingenieros de Fabricaciones Militares que desarrollaba vagones de carga, la paralización de la construcción de la planta nuclear Atucha III y del satélite Arsat 3, además del recorte de fondos y despido de trabajadores del programa Conectar Igualdad (hoy Plan Nacional de Educación Digital) y la cancelación del desarrollo de drones para el Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), entre otras.

Al interior del CONICET, el ingreso a carrera disminuyó un 60%, lo que representó la menor incorporación de investigadores desde el año 2003 y una ruptura con el Plan Argentina Innovadora 2020, que entre otras cuestiones pretendía incrementar la cantidad de investigadores en un 10% anual, con la idea de poder equiparar la cantidad de investigadores por habitante a la de los países desarrollados, estimada en ocho investigadores cada mil habitantes o más (en la Argentina hoy hay unos tres investigadores por cada mil habitantes).

“Se ha generado un clima de confusión generalizado”, afirmó el anterior presidente del CONICET, Roberto Salvarezza, director del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Salvarezza —candidato a diputado por Unidad Ciudadana— llegó al hall central del MINCYT para acompañar a los científicos afectados, y cuestionó: “El MINCYT debería decir cuál es su plan vigente y a partir de allí el CONICET debería analizar cómo se enmarca en dicho plan. Si el Plan Argentina Innovadora 2020 estuviera vigente no estaríamos acá”.

En el CONICET el voto no vale

Según el Decreto 1661, del año 1996, el CONICET debe ser conducido por un presidente propuesto por el Ministerio de Educación y un directorio integrado por ocho miembros, cuatro elegidos voluntariamente por los investigadores activos en cada una de las grandes áreas del conocimiento de la institución (Ciencias Sociales y Humanidades; Ciencias Biológicas y de la Salud; Ciencias Exactas y Naturales; y Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales) y cuatro representantes de distintos sectores que son elegidos por organizaciones vinculadas a cada uno de ellos (las universidades, la industria, el agro y las provincias).

El mandato de los directores dura cuatro años y se renueva de a pares, de manera bianual. Al igual que el presidente, los directores electos son luego designados por el Poder Ejecutivo para comenzar a cumplir sus funciones.

Los resultados de las últimas elecciones de Directorio del CONICET se conocieron en julio de 2016. Por entonces, se eligieron representantes para las comisiones de Ciencias Exactas y Naturales (no Biológicas) y Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales, y resultaron por mayoría de votos Roberto Salvarezza (707) y Miguel Ángel Laborde (1.003), respectivamente. Hace ya un año que deberían estar ocupando sus cargos pero siguen esperando la designación oficial (aunque en febrero de este año se conoció la designación en el directorio de Graciela Ciccia, directora de I+D de Grupo Insud, como representante de la Unión Industrial Argentina).

“Ya no hay manera de justificar una demora administrativa para que salga un decreto firmado por el presidente Macri, es poco creíble”, sostuvo Salvarezza y dijo que este retraso los motivó a presentar un recurso de amparo judicial por mora administrativa contra la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. “Esto constituye un daño a mi persona porque fui elegido democráticamente por los investigadores, pero también a la institución, porque hace ya un año que el CONICET está funcionando con representantes que tienen el mandato vencido, por lo cual gran parte de las disposiciones que se pueden haber firmado en ese período tienen cierta debilidad”, dijo Salvarezza.

Actualmente, en su lugar continúa en funciones el director anterior, Vicente Macagno, pero con una designación vencida. En el caso de su colega Laborde, ha continuado en su cargo porque ha sido reelegido pero también está cumpliendo funciones de modo irregular, lo que “constituye una debilidad institucional, ya que no tiene un decreto que lo habilite, no solo como director sino tampoco como vicepresidente de Asuntos Tecnológicos”, advirtió Salvarezza.