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Agencia TSS — El lunes 25 de septiembre se realizó en la ciudad de Bariloche la charla-debate “Ciencia y tecnología como políticas de Estado”. El encuentro fue organizado por Científicos y Universitarios Autoconvocados de Bariloche (CyUAB) y tuvo lugar en la Biblioteca Sarmiento, en el marco del ciclo de charlas de divulgación y debate en ecología, biodiversidad y medioambiente que organiza el INIBIOMA. Los expositores fueron el doctor en Física Diego Hurtado —director del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y de la Técnica José Babini de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y de TSS— y el ingeniero industrial Matías Bianchi —presidente de ARSAT en el período 2013-2015—.

Hurtado trazó un recorrido por las políticas de ciencia y tecnología llevadas adelante por diferentes Gobiernos en la historia de la Argentina y caracterizó el modelo que terminó en 2015 como de industrialización inclusiva. Frente a una pregunta sobre los casi 500 científicos que no pudieron ingresar al CONICET pese a contar con doble recomendación y que todavía permanecen en conflicto, Hurtado afirmó: “Si hoy siguen negociando para quedarse dentro del sistema científico es gracias a que tomaron el MINCYT a fines del año pasado”.

Bianchi habló sobre el despliegue de la Red Nacional de Fibra Óptica que tuvo a su cargo ARSAT y lo justificó a partir de la extensión del territorio argentino. También recordó que, entre mediados de los años noventa y hasta el 2010, las empresas de telefonía instalaron entre 10.000 y 15.000 kilómetros de fibra, mientras que ARSAT instaló 36.000 en cuatro años. “Hoy es el área en que el Gobierno está poniendo más esfuerzos y creo que se debe a la relación del ministro Jorge Aguad —ex titular de Comunicaciones y actual de Defensa— con el Grupo Clarín. También están asociando la red de Nextel a la red de ARSAT: es una continuidad del proyecto en asociación con el Grupo Clarín”, dijo Bianchi.

Según el ex presidente de la empresa estatal, “los ingresos generados por los satélites ARSAT 1 y 2 se están dedicando a terminar la iluminación de la fibra óptica, pero la Ley 27.208 —de Desarrollo de la Industria Satelital— separaba explícitamente estos proyectos. Lo recaudado con los satélites debería ser aplicado a la construcción del ARSAT 3”. Bianchi recordó que el objetivo final de la política satelital no era el lanzamiento de satélites, sino que ese conocimiento de procesos complejos permitiesen un desarrollo sostenible de ese sector.

Sobre el sector satelital, Hurtado explicó: “La vida de un satélite atraviesa cuatro Gobiernos y lo mismo pasa con los procesos de aprendizaje de tecnología, que demandan no menos de 25 años. Por eso el desarrollo de tecnología como la satelital requiere inversión masiva, de largo plazo y a riesgo”.

El desarrollo de estos satélites preveía iniciar una línea investigación sobre nuevas formas de propulsión eléctrica. Con la incorporación de un sistema de estas características se podría contar con más potencia y eficiencia en el mismo satélite, lo que permitiría tener una mayor vida útil en el ARSAT 3 y, por lo tanto, una mayor facturación. En el hoy suspendido proyecto también se preveía una mayor integración local de componentes, una condición con la que difícilmente se cumpliría de formalizarse el acuerdo con la estadounidense Hughes, que colisionaría con la Ley 27.208, aprobada en 2015, que estipula que los activos satelitales de ARSAT no pueden ser cedidos, vendidos o entregados sin la autorización del Congreso Nacional.

Bianchi apuntó al perjuicio que le generan al desarrollo satelital local los 15 satélites extranjeros que el Gobierno autorizó como parte de su política de cielos abiertos y que se le prohibiera a ARSAT vender servicios al Estado Nacional. “El Estado era su accionista pero también su cliente, ya que era una forma de poder desarrollarnos y competir dentro del mercado”, dijo. También criticó el desaprovechamiento del data center de última generación que tiene la empresa estatal: “Tienen el mejor data center de la Argentina y uno de los mejores de Latinoamérica, pero le pagan a Amazon para almacenar información del Estado argentino”.

En cuanto a las licitaciones en el área de energías renovables que el Gobierno está ejecutando, Hurtado afirmó: “El país viene de 25 años de creación de capacidades tecnológicas en energía eólica y hoy viene un Gobierno a excluir a estas empresas de las licitaciones, aun cuando en paralelo el Ministerio de Ciencia y Tecnología invierte millones de pesos en desarrollar tecnología para este sector. Acá es adonde queremos verlo al ministro Barañao decir que esos pliegos no pueden salir de esa manera”.

Hurtado también se refirió a los dichos de Barañao sobre que hay grandes empresas extranjeras que actualmente estarían interesadas en tecnología argentina. “Todos sabemos que hoy el gran negocio es la especulación financiera. La inversión extranjera directa no es inversión en tecnología, sino que trae su propia tecnología”, sostuvo.