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Agencia TSS – Alrededor de 60.000 kilos de hortalizas, solo en la Plaza de Mayo, fueron los regalados por un grupo de pequeños productores agrarios como forma de hacer visible su reclamo, muy distinto al de otros sectores agropecuarios.

Manifestaciones similares al «verdulazo», algunas con cortes de ruta, se repitieron en al menos diez provincias del país, todas nucleadas bajo las distintas organizaciones que representan al sector, como la Unión de Trabajadores de la Tierra, que forman parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento de Pequeños Productores (MPP), la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Federación Nacional Campesina (FNC), el Frente Agrario Evita, Asociación de Medieros y Afines (ASOMA) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina (MNCI-VC).

Los pequeños productores le reclaman al Gobierno que sancione una ley de emergencia para las economías regionales, que reglamente y cumpla la Ley de Agricultura Familiar (sancionada en 2014), que avance con el pre-proyecto de Ley de Acceso a la Tierra (presentado en septiembre de 2016) y que se implementen políticas públicas y programas acordes a las particularidades propias de este sector, como la asignación de un salario social complementario y la generación de créditos blandos accesibles, que para muchos productores hoy resultan imprescindibles para reponer las pérdidas ocasionadas por tormentas que destrozaron la producción en muchas partes del país.

En Buenos Aires, por ejemplo, el cinturón verde que rodea la ciudad de La Plata –el más grande del país, con alrededor de 4.ooo familias productoras y 7.000 hectáreas de invernáculos– se vio afectado por un fuerte temporal que hace más de dos meses destruyó la mayoría de los sembrados, dejando a miles de pequeños productores al borde de la ruina, ya que reponer un invernáculo tiene un costo que ronda los 80.000 pesos.

“A pesar de las promesas, el Gobierno solo ha distribuido cuatro rollos de nylon a menos del 20% de los 4.000 productores perjudicados”, afirma un comunicado del MNCI-VC. “Necesitamos apoyo para acceder a la tierra, pero también a la semilla y a créditos. Para todo esto, nuestro sector necesita que se reglamenten las leyes que ya fueron aprobadas, para poder alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria que queremos”, le dijo a TSS Roberto Solano, representante de ASOMA y del FNC.

“No se está exagerando: la situación es grave y para muchos es terminal, lo que impulsa todas las formas posibles para llamar la atención. El verdulazo ha sido la más clara, manifiesta y de impacto más masivo, pero la respuesta del sector público no llega”, advirtió Carlos Carballo, coordinador de la Cátedra libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (CALISA-FAUBA), y destacó que todas las agrupaciones del sector coinciden en el reclamo y las medidas que se están solicitando, “que requieren de una política masiva, clara y con continuidad”.

Su colega Juan José Garat, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, coincidió con respecto a este panorama: “La situación de los pequeños productores de La Plata es muy crítica y hay un problema estructural que tiene que ver con la propiedad de la tierra. Más del 90% alquila hasta dos hectáreas de superficie, a un costo mensual de 4.ooo a 6.000 pesos por hectárea”.

Específicamente, las condiciones de comercialización para este tipo de productores es “muy desafortunada”, porque el poder de los intermediarios y el nivel de atomización de la producción hace que quienes cultivan reciban apenas entre un 10 y un 15% del precio de venta de los productos en el comercio minorista. A esto hay que sumar el impacto negativo de la suba del precio de los insumos, que “afecta a todos por igual, porque usan semillas y agroquímicos importados que duplicaron o triplicaron su valor”, dijo Carballo.

Otro problema que denuncian los campesinos del cordón verde que rodea a La Plata es la falta de luz y la mala condición de los caminos, que dificultan el acceso a las quintas, en especial en los días de lluvia. También alertan sobre la inseguridad que están viviendo en la zona: luego de la conferencia de prensa previa al verdulazo del día miércoles –en la que estuvo presente TSS–, varios campesinos hicieron referencia a compañeros y vecinos que han sufrido robos y ataques, algunos muy graves y hasta de muerte.

Todo esto pone en riesgo la fuente laboral de miles de familias. “En la Argentina hay mucho territorio y poca población rural. Queremos que el Gobierno lo tome como política pública porque eso genera mucha mano de obra, pero hoy hay muchos compañeros al borde de dejar de producir alimentos”, advierte Hipólito Madariaga, representante de asociaciones de pequeños productores en el Frente Agrario del Movimiento Evita.

Felicidad Sanguino, del MPP, la rama rural del MTE, le pide al Gobierno “que no solo mire a los grandes productores, sino también a los pequeños, que somos los que damos de comer a diferentes provincias argentinas. Que no nos hagan a un costado porque somos bolivianos e inmigrantes, porque somos los que producimos y damos trabajo”. Lo mismo opinó Solano, que también es productor del cinturón verde de La Plata: “Queremos que se contemple al trabajador del producto que llega a la mesa de los argentinos mas allá de las nacionalidades. Planteamos que se hagan colonias hortícolas donde las familias puedan sostenerse de su propio trabajo, que ya viene de una cultura de trabajar la tierra”.

Una ley que no se cumple

El 19 de diciembre de 2015, el Senado aprobó por unanimidad la Ley 27.118, “de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la argentina”, con el objetivo de “fortalecer el desarrollo de un sector estratégico para la soberanía alimentaria de nuestro país”, tal como figuraba en el comunicado del Ministerio de Agricultura.

Tal “reparación histórica” nunca llegó y “la construcción de una nueva ruralidad” parece estar lejos de iniciarse. Por el contrario, esta ley todavía no se ha reglamentado y los fondos previstos para su cumplimiento nunca fueron asignados, a pesar de que los agricultores familiares tienen un rol clave en el mantenimiento de la soberanía alimentaria nacional, puesto que generan trabajo digno –ya que ocupan a más del 50% de los trabajadores permanentes en el sector agrario–, permiten poblar el territorio –lo que contribuye al desarrollo local–, ayudan a cuidar la biodiversidad y el medioambiente, y democratizan la tenencia de los bienes naturales, los ingresos y la riqueza.

“No solo no se ha reglamentado, sino que tampoco se están aplicando otras medidas que de alguna forma apuntaban a sostener y facilitar los ingresos y la participación comercial y social de estos sectores. No menos de seis provincias habían creado leyes de agricultura familiar propias, tomando como referencia a la ley nacional, y tampoco están funcionando”, advierte Carballo y recuerda la débil situación de la Secretaría de Agricultura Familiar, luego de que, en octubre del año pasado, el por entonces secretario de Agricultura Familiar, Oscar Alloatti, presentara su renuncia junto con otros 11 funcionarios del área, en medio de una fuerte restricción presupuestaria para ese organismo (aún hoy, en el organigrama de la página oficial del Ministerio de Agroindustria nadie figura a cargo de la Secretaría).

Carballo también hace referencia a que en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) hay un cuestionamiento a los programas vinculados al desarrollo de la agricultura familiar, “con la única excepción del Pro-Huerta, que es un programa que financia el Ministerio de Desarrollo Social y que está teniendo un financiamiento realmente importante, de prácticamente el doble que el año pasado”, afirmó Carballo, y concluyó: “Todo lo que se venía haciendo en relación con la agricultura familiar y la alimentación popular ha perdido continuidad, vigencia y territorio. Por todo esto, uno podría pensar que no son casualidades, sino políticas explícitas”.