La reducción presupuestaria prevista para el INTA en 2018, sumada a posibles despidos de su personal, fue motivo de manifestaciones gremiales en toda la Argentina. El recorte podría dejar a 750 personas en la calle, afectar la continuidad de investigaciones en curso y el funcionamiento de institutos y estaciones experimentales del organismo.
Agencia TSS — Hace poco más de 15 días, los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se declararon en estado de alerta y movilización permanente por dos motivos: el presupuesto previsto para la institución en 2018 alcanza los 6.251 millones de pesos —el asignado para este año cerró en 5.446 millones de pesos—, cifra que «pone en riesgo la continuidad de las investigaciones en curso y el normal funcionamiento de los institutos y estaciones experimentales de todo el país”, dice Mario Romero, secretario general de APINTA, el gremio mayoritario de los trabajadores de la organización. El segundo de los motivos es que se conoció un documento del Ministerio de Modernización que plantea la necesidad de reducir al menos 750 puestos de trabajo en las distintas dependencias del INTA en todo el país.
“Vienen a achicar el Estado y el objetivo es reducir el 12% de la planta de trabajadores. No les importa ni lo que hacemos ni el impacto que el trabajo de la institución tiene para el país y las provincias en general”, reclamó Romero durante una medida de protesta que realizaron el viernes 10 de noviembre en el INTA de Castelar, en Buenos Aires, que se replicó en 49 seccionales en distintas provincias, como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Río Negro. Los trabajadores de la institución se movilizaron a plazas, organizaron ferias y se acercaron a los medios de comunicación para dar a conocer sus preocupaciones sobre el futuro de la institución, que en muchas regiones tiene un rol clave en el desarrollo agropecuario.
“Hay intendentes, concejales y diputados provinciales y nacionales que están acompañando este reclamo, porque conocen el impacto que tiene el INTA en el territorio”, destacó Romero, y recordó que, en una reunión con el presidente de la institución, Amadeo Nicora (primo del actual ministro de Agroindustria, Ricardo Bruyaile) y su vicepresidente, Mariano Bosch, las autoridades también manifestaron su rechazo al informe de Modernización, que, según el dirigente gremial, «tiene muchas debilidades y fue hecho desde Buenos Aires, desconociendo el interior del país y lo que se hace en las estaciones experimentales y en las agencias de extensión». TSS intentó comunicarse con voceros del INTA pero el único referente autorizado es el mismo Nicora, que se encontraba de viaje al cierre de este artículo.
El INTA tiene presencia en toda la Argentina, con seis centros de investigación (Agroindustria, Ciencias Políticas, Económicas y Sociales, Ciencias Veterinarias y Agronómicas, Investigaciones Agropecuarias, Recursos Naturales y Agricultura Familiar) y 23 institutos. Además, cuenta con 15 centros regionales que incluyen 51 estaciones experimentales agropecuarias y más de 350 unidades de extensión rural. Allí trabajan más de 7.500 empleados permanentes (según datos de 2015, que además muestran un incremento de más de un 130% desde el año 2003) y casi 3.000 trabajadores con distintos tipos de relación laboral, tanto de planta como contratados y becarios.
Junto con los puestos de trabajo, también se incrementaron el presupuesto y la inversión en infraestructura y equipamiento, 19 y 30 veces, respectivamente, desde 2003 hasta 2015. Pero todo parece indicar que esta tendencia ha comenzado a revertirse tras más de una década de crecimiento, aunque no es la primera vez que esto ocurre. Según la historiadora Cecilia Gárgano, la institución sufrió una reducción muy fuerte de planta y un congelamiento de ingresos en la década del 90, «que incrementó la necesidad de buscar financiamiento afuera, que son las empresas transnacionales que de alguna forma terminan moldeando un poco la agenda de investigación».
La investigadora del CONICET y docente del Centro de Estudios de la Historia de la Ciencia y de la Técnica José Babini, de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín (UNSAM), considera que esto podría volver a ocurrir y advierte que, como «el INTA es un organismo que tiene una llegada territorial única, una disposición a lo largo del país y una trayectoria de trabajo con lo que internamente denominan la familia rural, el riesgo es que permanezcan programas que de alguna manera asisten paliando los desastres del modelo agropecuario dominante, pero que se ponga en duda la continuidad de las investigaciones y postulaciones más críticas», le dijo a TSS.
Mas allá del conflicto
A los posibles cambios previstos se sumó la designación de un nuevo Ministro de Agroindustria: Luis Miguel Etchevehere, que renunció a su cargo de presidente (y también de socio) de la Sociedad Rural Argentina para asumir el nuevo rol el próximo 21 de noviembre. Esta modificación, que atañe a todo el sector agropecuario, cobra especial relevancia en el INTA, ya que con el nuevo mandatario también se renovaría la presidencia de la institución.
El vínculo entre ambos organismos ha sido estrecho desde la fundación del INTA, en 1956. «Poco después de su creación, en las publicaciones de la Sociedad Rural se planteaba una tremenda preocupación relacionada con que este organismo pudiera incidir en las políticas del sector y enfatizaba que se restringiera a lo técnico, como si pudiéramos pensar la ciencia o la técnica descontextualizada de las dinámicas sociales”, recuerda Gárgano, cuya tesis doctoral analiza los vínculos entre ciencia, tecnología y dictadura a través de las investigaciones en semillas y las agendas de extensión rural y apropiación de conocimiento en el INTA entre 1976 y 1983.
Las autoridades del INTA son designadas a través de un sistema particular, ya que cuenta con un director nacional, que hoy es Héctor Spina, elegido por un consejo directivo compuesto por el presidente y el vicepresidente, que son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, y un cuerpo colegiado con cinco representantes del sector público y cinco del sector privado, entre los cuales figura la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) y las universidades de Agronomía y Veterinaria, entre otros.
“Que la máxima figura política del sector sea una persona que viene de la Sociedad Rural no es un dato menor, porque es una institución que ha tenido un rol fundamental en muchas crisis económicas y en sostener un modelo agropecuario sumamente concentrado, con expulsión de pobladores del campo, monocultivo y una serie de problemáticas ambientales”, advierte Gárgano, que también dirigió el documental El otro campo.
“Tanto en los 70 como en los 90, bajo el argumento de hacerlo más eficiente y de achicar el Estado, el INTA sufrió reducción presupuestaria y también de contenidos y debates sobre aspectos como agricultura familiar y la llegada al territorio”, dijo Gadano. Y concluyó: «Falta una discusión de fondo y abierta sobre cómo democratizar este modelo agropecuario, cómo poner a la luz falencias que están a la vista y pensar las implicancias del cambio de políticas en el largo plazo. El INTA tiene un rol que cumplir, pero cuanto mayor sea el embate presupuestario y cuanto más acorralado esté, menos posibilidades habrá de generar estos espacios».
