Las tierras son de los otros

En Tunuyán, Mendoza, el Estado venderá 10.000 hectáreas del Ejército Argentino. Allí se desarrollarían proyectos de vitivinicultura y enoturismo de alta gama, pero los vecinos y pequeños productores reclaman participación en las decisiones y un programa que los incluya.

Por Vanina Lombardi  
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Agencia TSS — El 7 de marzo se conoció la idea y el 3 de abril fue confirmada por el Decreto 225/2017 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE):  se autorizaba la venta de inmuebles y terrenos del Estado ubicados en zonas cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires y de diversas provincias de la Argentina, que se consideran “desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino”.

Entre ellos, está prevista la venta de alrededor de 10.000 hectáreas de tierras en Tunuyán, Mendoza, casi dos veces la superficie de la capital mendocina. Se trata del área denominada Campo Los Andes, perteneciente al Ejército Nacional y cuya venta se dispuso en el marco de un plan de ajuste en el Ministerio de Defensa. El terreno está rodeado por las principales bodegas internacionales que se asentaron en la provincia.

En ese territorio, adonde hoy se produce ganadería y forraje para alimentar a los animales del Ejército en todo el país, también viven alrededor de 25 familias que tienen pequeñas producciones hortícolas para consumo propio.

Dentro de las 10.000 hectáreas que se pondrán en venta viven alrededor de 25 familias que tienen pequeñas producciones hortícolas para consumo propio.

Por eso, el primer día de abril, mientras que diversos grupos se manifestaban “a favor de la democracia” en distintos puntos del país, en Tunuyán, Mendoza, vecinos y ciudadanos autoconvocados cortaban la ruta 40 y le reclamaban al Estado que los hiciese partícipes de este tipo de decisiones, con un plan de desarrollo que proteja y fomente la diversidad cultural y productiva.

“Es un campo que siempre administró el Ejército y todavía sigue siendo uno de los principales lugares desde donde se proveen mulas para el Ejército en todo el país. Durante la última dictadura y en los noventa se fue abandonando parte de lo que se producía, y en algunos lugares hubo generales que hicieron negocios particulares, arrendando partes del campo de manera irregular”, le dijo a TSS el ingeniero agrónomo Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y recuerda que esta situación se empezó a regularizar durante el gobierno de Cristina Kirchner.

“Todavía no tenemos datos concretos pero se estima que hay alrededor de mil hectáreas en producción, con pequeños y medianos productores que tienen contratos de arrendamiento, y hay otra parte productiva, que para nosotros es grande, adonde desde hace tiempo planteamos la necesidad de avanzar con  una propuesta para la agricultura familiar”, agregó Montón.

Las 10.000 hectáreas que se venderán corresponden al área denominada Campo Los Andes, en Tunuyán, Mendoza, y pertenecían al Ejército Nacional.

Sin embargo, según el ingeniero del Movimiento Nacional Campesino Indígena, lo que se propone son “solo negocios para una alta esfera, porque es imposible que un mediano empresario mendocino pueda acceder a los precios que tienen esas tierras hoy, por la dinámica del capital financiero y el boom inmobiliario de la zona”.

Fabián Escobar (42) es uno de los vecinos autoconvocados que nació y creció en Campo Los Andes, donde hay familias que tienen producciones para consumo propio y algunas de ellas viven allí desde hace más de 70 años. “Los concejales apoyaron algo que no conocen, ni siquiera saben adónde queda la estancia El Melocotón, el arroyo ni muchas otras cosas que son referencias de la zona. No se puede vender algo que no se conoce y menos cuando es territorio nacional, que es de todos”, sostuvo Escobar, que el 4 de abril estuvo presente en una larga sesión especial para tratar este tema en el Concejo Deliberante de Tunuyán, que duró casi cinco horas.

“El oficialismo, que es el bloque radical, votó en su totalidad a favor de que se vendieran las tierras en nombre del progreso. El bloque justicialista, que escuchó a los vecinos, votó que no se tienen que poner en venta las tierras y que sí se quiere el progreso, pero enmarcado en un marco legal”, dijo Escobar y agregó que el próximo sábado 8 de abril planean otro corte de ruta y que ya han comenzado a recolectar firmas para frenar la venta de las tierras.

Vecinos y ciudadanos autoconvocados cortaron la ruta 40 para reclamarle al Estado que los haga partícipes de este tipo de decisiones.

A principios de marzo, los medios locales de Mendoza dieron a conocer un proyecto de inversión público-privada denominado “Desarrollo del área irrigada La remonta-Valle de Uco-Mendoza”, elaborado por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), del Ministerio de Agroindustria Nacional, que buscaría desarrollar una zona que “presenta un enorme potencial para el desarrollo de la vitivinicultura y el enoturismo de alta gama”.

“Esto no está mirando ninguna de las situaciones más críticas que tiene el campo mendocino”, sostuvo Montón. Y agregó: “Por un lado, hay 8000 pequeños y medianos productores de vid que están en crisis y hace varios años que se habla de que hay mucha más uva y vino del que la provincia puede comercializar. Además, estimamos que hay alrededor de 50.000 familias sin tierra en el campo”.

Mendoza también es conocida por otro tipo de cultivos, como olivares, nogales, árboles frutales y productos hortícolas, en su mayoría producidos por pequeños y medianos productores. En el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), actualmente se encuentran registradas más de 2.281 familias en Mendoza.

El proyecto presentado por la UCAR prevé “la venta de 78 parcelas de 50 hectáreas cada una, por medio de subasta pública internacional y con precio base de US$ 30.000 por hectárea, totalizando 3.900 hectáreas”, tal como indica el documento, y propone que el Estado invierta US$ 44,3 millones en infraestructura (incluye, entre otras cosas, una pequeña central hidroeléctica, sistema de agua potable, desarrollo de caminos y un centro de reproducción y mejoramiento genético) para atraer una inversión privada de superior a los 275 millones de dólares, principalmente por la compra de tierras (alrededor de 117 millones de dólares).

“La situación es compleja porque, tanto desde el Gobierno nacional como desde un sector del provincial, insisten con un proyecto que prácticamente no tiene beneficios locales, al menos que se puedan palpar, y aparece como demasiado evidente la cuestión de posibles negocios detrás. Por eso hay un gran rechazo en casi todos los sectores, no solo los populares, sino también los empresarios, porque no se hicieron consultas previas a ningún sector”, dijo Montón.

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