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Agencia TSS – “Vamos a verter todas las conclusiones y las que surjan de los próximos foros que haremos con otros sectores que falta convocar, para que sea tenida en cuenta la opinión de quienes están directamente implicados con este proyecto de ley”, dijo la diputada provincial Patricia Cubria, que junto a sus colegas del bloque Peronismo para la Victoria, Graciela Rego y Gustavo Di Marzio, encabezaron el primer “Foro abierto para el debate de la Ley de Agrotóxicos”, que se realizó el martes 30 de agosto en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata.

El motivo principal del encuentro fue debatir los alcances y efectos del proyecto de Ley E-133/16-17, que ya cuenta con media sanción del Senado provincial y que, entre otras cuestiones, propone reducir las distancias mínimas para fumigar con productos agroquímicos a tan solo diez metros de las zonas urbanas y establecimientos educativos y a 25 metros de los cursos de agua, y que según repasaron distintos oradores en el debate, va en contra de la Constitución Nacional, los derechos humanos y otras legislaciones vigentes como la Ley de Agricultura Familiar, sancionada en 2014 y todavía a la espera de su reglamentación.

“Creemos que primero tiene que aprobarse la adhesión provincial a la Ley Nacional de Agricultura Familiar, que tuvo mucha participación y discusión política, porque no vemos una mirada integral en el texto –del nuevo proyecto–. Hay problemas técnicos concretos en las distancias de fumigación, en la manera de clasificar los agroquímicos y hay que evaluar la responsabilidad compartida entre el dueño del producto, el profesional que lo recomienda, quien lo aplica, el dueño del cultivo y el trabajador, que tiene que ser tenido en cuenta y protegido, porque en el texto pareciera que la responsabilidad final es del trabajador que aplica y no de toda la cadena”, le dijo Cubría a TSS, que estuvo presente durante el debate.

También “nos preocupa que la aplicación de esta ley quede en manos de los municipios, que hoy no tienen los recursos para financiar el control y la regulación de una normativa de estas características”, agregó el diputado nacional Gustavo Arrieta, que fue Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia e intendente de Cañuelas, y sostuvo que “el Estado provincial, a través del Ministerio de Agroindustria, debe hacerse cargo y no puede delegar sus funciones. En su formulación, esta ley es inaplicable”.

El director nacional de la Federación Agraria Argentina (FAA), Manuel Lucero, también se manifestó en contra de la iniciativa y enfatizó que “no se puede sacar una ley entre gallos y medianoche; hay que instalarla, hacer diferentes comisiones y asambleas, y tienen que participar todos los componentes de la cadena hasta el consumidor, que hoy faltó”.

Durante la reunión hubo representantes de más de 30 organizaciones sociales, sindicales y ambientales; y además de los legisladores mencionados, también participaron los diputados provinciales Juan Cocino, de GEN-Progresista, Guillermo Kane, del Frente de Izquierda, y Karina Nazábal, del Frente para la Victoria. Todos ellos coincidieron en que un proyecto de estas características necesita contar con más participación y debate por parte de los distintos actores que puedan verse afectados por esta norma.

Ahí viene la plaga

“Hay una frase que dice: ´Cuando las plagas invaden el campo, vienen como mensajeros de la naturaleza para avisarnos que se ha provocado un desequilibrio´. Esta no es una frase de los ecólogos, sino de la sabiduría popular, con la cual coincidimos plenamente”, afirmó Norma Sánchez, profesora de Ecología de Plagas Agrícolas y Control Biológico de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), durante el debate.

“¿Adónde está el límite en el uso de pesticidas? La producción de agrotóxicos lleva a la dependencia de insumos que están en manos de empresas internacionales y no permite construir soberanía alimentaria”, afirmó uno de los representantes de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP. “El proyecto de ley refuerza el uso de agrotóxicos porque disminuye la distancia de fumigación. Es un aval a fumigar cada vez más cerca, a usar cada vez más producto y es una ley que que está beneficiando a un grupo reducido de empresas: las que fabrican y comercializan los agroquímicos, y a un grupo reducido de productores”, agregó Sánchez.

Representantes de pequeños productores y trabajadores rurales reclamaron por políticas públicas que atiendan a las necesidades del sector. “En el territorio, la ley no existe, es la ley del más fuerte, por la ausencia del Estado. Se hace lo que cada uno quiere y lo que el poder decide, no solo el de una persona o empresa, sino el poder como modelo, que obliga a generar una determinada producción, a vivir de una determinada manera, y no hay  ningún tipo de avance en una construcción alternativa por parte de las instituciones”, advirtió Nahuel del Valle, de la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), y destacó que es necesario plantear una ley de transición hacia la agroecología, que contemple las diferencias entre pequeños y grandes productores, especialmente en cuestiones restrictivas y punitivas.

“Somos los que trabajamos agroecológicamente y les decimos a los compañeros que hagan la transición, que se puede producir en cantidad y con calidad sin agrotóxicos, no solo para nosotros, sino también para exportar”, aseguró Mercedes Taboada, del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina, aunque se quejó por la falta de apoyo que tienen, sumado a otros proyectos que podrían perjudicarlos aún más. “Quieren la tierra sin campesinos, porque nos quieren correr para seguir con el modelo de pool de soja, trigo y maíz. ¿De eso solo va a vivir la Argentina? Al no hablar de la tierra y con una ley de semillas y otra de agrotóxicos, lo único que harán es exterminarnos”, lamentó.

Cubría planteó que hace falta reflexionar sobre “cuál es el rol del Estado en la planificación del tejido urbano y periurbano, cuál es el modelo de producción que vamos a implementar y cómo tratar de hacer cumplir uno de los ejes de la Ley de Agricultura Familiar: el de la transición hacia la agroecología”. En ese sentido, la legisladora sostuvo que la planificación no solo debe contemplar cómo lograr que el hábitat y la producción sean sustentables, y que los alimentos sean saludables, sino también “que los trabajadores tengan dignidad, porque son quienes padecen las injusticias del modelo de producción y de la falta de igualdad de derechos”, concluyó.