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Agencia TSS – Los juncos que crecen en las islas del Delta del Paraná sirven como materia prima para hacer canastos, sombreros, cortinas, paneras y una diversidad de productos para el hogar. Para eso es necesario recolectarlos mediante una práctica que requiere de técnicas específicas, que solo algunos isleños conocen y suelen ser transmitidas de generación en generación.

Por ejemplo, tienen que estar alertas con respecto al clima y las corrientes del río, ya que solo pueden obtenerse en épocas cálidas, cuando el tiempo lo permite y el nivel del agua permanece bajo. Incluso, es preferible que antes haya habido una sudestada, que funciona como una especie de selección natural de los juncos, puesto que se lleva los secos, de mala calidad, dejando más a mano los mejores para ser cosechados.

La técnica para recolectarlos tampoco es sencilla. Quienes se dedican a esta tarea deben navegar hasta el lugar, bajar al río y caminar en el agua, donde se cortan los juncos, que posteriormente se unen en atados y son llevados a tierra firme, donde se dispersan para dejarlos secar al sol. Recién cuando este proceso está listo, entonces se pueden comenzar a tejer. Aunque los isleños ya no se ocupan de esa parte.

Ganas no faltaron e intentos tampoco, pero junto con ellos también persisten los ataques que buscan frenar estas iniciativas que tratan de mantener los modos de producir propios de la vida y la cultura de los isleños. Prueba de ello es el reciente incendio al galpón de la Cooperativa Isla Esperanza y que sus trabajadores denuncian como intencional. El proyecto se había originado en el año 2008, cuando un grupo de familias de la isla se unieron para intentan sostener su fuente de vida tras haber sido desalojadas por la empresa Colony Park, que entonces tenía planeado construir un lujoso barrio cerrado en el lugar.

“Algunas casas fueron enterradas, otras las prendieron fuego, y entonces empezamos a trabajar con la gente para organizarnos en defensa del territorio y de un Delta productivo; así surgió la idea de formar una cooperativa”, recuerda Rodolfo González, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y advierte que, desde entonces, “siempre tuvimos presión sobre el territorio”, incluso luego de que la Justicia detuviera las obras de la empresa. “Logramos que se hiciese una audiencia pública (contra Colony Park) y la jueza Sandra Arroyo Salgado detuvo la obra, pero solo por los daños ecológicos. No hubo un reconocimiento a la población isleña y por eso estamos en esta situación y sigue habiendo amenazas a los compañeros. También sufrimos robos e intentos por desestabilizar la organización”, lamenta.

“Hoy hay 40 familias en juicio contra Colony Park, aunque las que participan más activamente en la cooperativa son alrededor de 20”, detalla Domínguez, que además es sociólogo, y aclara que este caso se ha convertido en “emblemático”, ya que el freno a las obras también significa una barrera al avance de otros proyectos inmobiliarios similares en la zona y ha permitido que los isleños tomen conciencia de sus derechos.

Organizados para trabajar

“En 2010, nos llegó la noticia de que en esa zona del Delta había una población que estaba siendo desalojada por parte de un emprendimiento privado; se habían quedado sin casa y sin su trabajo, relacionado con el junco y la pesca, que era lo que habían hecho toda su vida, así que hicimos un convenio con ellos”, recuerda Pablo Bergel, que por entonces estaba a cargo del grupo de Calidad de Vida y Tecnologías Sustentables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), desde donde intentaban acercar tecnologías apropiadas a sectores populares que trataban de producir y construir hábitat.

Así, con el apoyo del INTI, este grupo de familias isleñas lograron construir un galpón y comprar una máquina para tejer las cortinas de junco, para agregar valor a la producción. Diego Domínguez, vecino de la isla y miembro de la Cooperativa, recuerda que también contaron con apoyo de otros organismos públicos, como el Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA), en especial a través del programa Pro Huerta, el Ministerio de Trabajo, a través del programa de Trabajo Autogestionado, y la Secretaría de Medio Ambiente, entre otros.

Todos estos esfuerzos les permitieron instalarse, mejorar la producción y comercializarla, ya que contaban con un pequeño puesto en el Puerto de Frutos de Tigre. Pero los actos de vandalismo no cesaron y terminaron por hacer que el trabajo con los juncos quedara discontinuado y hoy reducido a la venta de mazos. “Nos robaron al menos tres veces la toma de electricidad y también el motor de la máquina”, recuerda González y destaca que, desde entonces, el galpón sigue siendo utilizado como lugar de encuentro y organización para los miembros de la cooperativa, al que le han agregado nuevas iniciativas para generar trabajo: colmenas para apicultura (por el momento para consumo propio), plantaciones de frutales y un vivero con plantas nativas que esperan poder vender en el Puerto de Frutos, entre las cuales ya están cultivando variedades de jazmín, lirio y aliso.

Modos de vida en disputa

“Las islas se hacen, el isleño es el que clava la vara de sauce adonde luego crecen los juncos y se forma la isla. A diferencia de otros lugares adonde la tierra permanece inalterable, el isleño ve en su espacio vital cómo se va formando una isla”, subraya Domínguez y explica que por esa característica ambiental es tan importante que se regularice la situación de las tierras. “Que venga alguien a decir que la compró es rarísimo para el isleño, que no tiene papeles y su posición siempre es irregular con respecto a la posesión y tenencia de la tierra”, sostiene.

De manera similar, el sociólogo considera que, junto con la cuestión de la tenencia, es necesario debatir dos aspectos relevantes en este conflicto: el modo de producir y el impacto ambiental de los proyectos inmobiliarios. “Queremos discutir un modelo económico para el Delta, pero es difícil que alguien nos escuche y todas las reglamentaciones están hechas para una escala que no es la del isleño. Así, ellos están en una especie de ilegalidad inducida por el propio Estado, porque no es que el isleño quiera estar en la clandestinidad, sino que el bote no es el que reconoce Prefectura, no puede acceder a los papeles ni cumplir con todos los requisitos para la pesca. Es una especie de acorralamiento que muchas veces hace que la única salida sea ir a buscar trabajo a la ciudad”, dice.

González coincide en que los pobladores de la zona antes trabajaban con el junco, pescaban, producían madera y nunca tenían patrón. “El modo de vida del isleño, que era productivo, se cambia por un modo de vida de barrio cerrado, que destruye el ecosistema, que saca a la gente que estaba ahí y hace que vuelvan a trabajar como empleados, para cuidar botes o cortar el pasto. Esa es la idea de los empresarios sobre el isleño. La nuestra pasa por tratar de rescatar su modo de vida y preservar un Delta productivo, en el que la gente pueda vivir libremente”, concluye.